La Mesa del Turismo ha redactado un documento con 21 propuestas de carácter laboral, fronterizo, fiscal, económico y de fomento del consumo para la supervivencia del sector turístico, entre las que se encuentra la adopción de un IVA de tipo reducido al 7% hasta final de 2022.

Las medidas proponen también que se extiendan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 1 de junio de 2020, así como una línea de créditos ICO exclusiva para que las agencias de viajes puedan devolver el dinero de los servicios no prestados a los clientes o que se destine al sector al menos el 30% de las ayudas que reciba España del fondo de recuperación europeo.

El presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, ha señalado que desde la institución son quieren estar cerca de las administraciones públicas para “exigir y demandar” todo lo que deberían hacer, especialmente con el Gobierno central, con el que mantienen una “muy buena y directa relación”.

En concreto, se ha referido a la relación “de máxima confianza y colaboración” con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, así como con el nuevo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, lo que “no quita estar disconformes con algunas medidas que el Gobierno aplica”.

Molas ha criticado que el departamento encabezado por Maroto no forme parte del “núcleo duro” del Gobierno a la hora de gestionar la crisis económica y social derivada de la pandemia de coronavirus, a pesar de que los sectores que representa pueden suponer en su conjunto casi el 40% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

MEDIDAS FISCALES

Por todo ello, han elaborado este listado de 21 medidas con la intención de aclarar cuáles son las principales necesidades y reivindicaciones del sector. En materia fiscal, destaca el mantenimiento del IVA al tipo reducido durante 2020, 2021 y 2022 con la intención de mantener la competitividad del sector. Molas ha recalcado que se trata de una medida especialmente relevante debido a que otro países, competidores de España en materia turística, ya la han aplicado.

También exigen la reducción generalizada de impuestos, como el de sociedades, la eliminación del pago a cuenta según resultados del año anterior, el aplazamiento o ampliación de plazos de pago sin recargo ni sanción o la ampliación del plazo de presentación de las declaraciones tributarias.

Por otro lado, considera que el compromiso de las administraciones locales con el sector ha sido “mínimo o claramente inexistente” durante la pandemia, por lo que también solicitan la bonificación o la reducción de impuestos y tasas municipales proporcional al periodo de cierre forzoso vinculado a la pandemia.

SISTEMA ESPECIAL DE ERTE

La organización considera que, al ser el turismo la actividad “más dañada por la crisis”, puede ser necesario “un tratamiento específico y particularizado de un sistema de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se aparte de lo que puede ser aplicable a otros sectores de la actividad”.

La Mesa del Turismo propone la extensión de los ERTE hasta el 1 de junio de 2020 para las empresas que lo necesiten, ya que será la “mejor forma de no necesitar puestos de trabajo durante el tiempo que dure la crisis” y comprometiéndose a que, “como empresarios”, no estarán cerrados “ni un minuto más de lo estrictamente necesario”.

Además, piden la extensión de la percepción del 70% de la base reguladora para los trabajadores afectados por ERTE en el sector turístico, ya que “no pueden limitarse al 50% los ingresos”.

Otra de las características sería la de los ERTE discontinuos, que permitan a las empresas operar días determinados o periodos vacacionales, acompañados de simplificación administrativa para la tramitación de altas y bajas comunicadas telemáticamente.

Molas ha señalado que se debería poder “rescatar a gente del ERTE” de una forma diferente a la que se viene haciendo a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que ha sido “una experiencia desastre”.

Por último, reivindican que para financiar los ERTE del sector del turismo se destinen al menos 7.000 millones de euros del mecanismo de seguro de empleo (SURE).

AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA HIPOTECARIA HASTA EN CUATRO AÑOS

En materia económica, proponen la ampliación del plazo de la moratoria hipotecaria hasta en cuatro años, así como la renegociación de los alquileres de negocios turísticos, la reestructuración de préstamos y depósitos y la ampliación de los plazos establecidos de carencia o devolución de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En este sentido, solicitan la creación de un crédito ICO especial para las agencias de viajes destinado únicamente a la devolución inmediata a los clientes finales de servicios pagados y no prestados por los proveedores. Este fondo debería ser a interés cero, reembolsable en quince días si la agencia de viajes recupera el dinero del proveedor y a fondo perdido si transcurridos seis meses sin que la agencia haya recibido el reembolso, ya que esta cedería sus derechos sobre el crédito al ICO.

La Mesa del Turismo también pide la presentación de planes de recuperación y reconstrucción turística a la Comisión Europea, que al menos el 30% de las ayudas que podría recibir España del fondo de recuperación europeo se destinen al sector, que se adapten las políticas energéticas para permitir la regulación de la potencia en los establecimientos que tengan que cerrar, que se bonifiquen las tasas aéreas para recuperar los volúmenes de actividad de las aerolíneas y la unificación de criterios en todas las comunidades autónomas.

MEDIDAS DE CARÁCTER FRONTERIZO Y DE COMERCIALIZACIÓN

La Mesa del Turismo también pide la eliminación de las restricciones a los desplazamientos entre los países miembros de la Unión Europea, además de establecer criterios y umbrales comunes para determinar el riesgo epidemiológico. Por otro lado, piden que se alcance un acuerdo estratégico entre la UE y Reino Unido para el restablecimiento de la libre circulación.

En cuanto al fomento del consumo, reiteran la importancia de implantar un bono turístico español que incentive la demanda nacional y aporte una “recompensa” a la “fidelidad del cliente español”.

Por otro lado, referido al programa vacacional del Imserso, la Mesa del Turismo señala que estos clientes son “personas de riesgo ante el Covid-19”, pero piden alternativas al aplazamiento del programa de Turismo Social, como poner a la venta los viajes en enero o febrero y que puedan comenzar a realizarse entre marzo y julio.

Durante la presentación, Molas ha criticado que se haya “comunicado mal” desde el Gobierno, haciendo un llamamiento al turismo internacional como destino “seguro” pero cancelando “por seguridad” este programa a pesar de que todos los establecimientos y destinos hayan cumplido con las normas higiénicas y sanitarias establecidas por el Ministerio de Sanidad.

En estas fechas, además, contribuiría a salvar los primeros meses de la temporada alta del próximo año, cuando se estima que la demanda se mantenga baja.

Otra alternativa sería aplazar la temporada y desplazar la salida a la venta en agosto o septiembre de 2021 para comenzar los viajes en el otoño del próximo año y hasta junio de 2022. Señalan que paralizar el contrato durante una temporada podría tener encaje jurídico por el estado de alarma y el interés general. No obstante, resaltan que, en ambas opciones, se podría acceder posteriormente a las prórrogas, “algo que no se podría llevar a cabo si se resuelve el contrato”.

Además, recuerdan que se debe trabajar en la formulación de unos nuevos pliegos y en la puesta en marcha de un nuevo programa que entraría en vigor en el otoño de 2021 con unas bases “comerciales más ajustadas a la realidad del sector”.