Marbella gasta dos millones de euros en legalizar 30.000 viviendas

El Ayuntamiento de Marbella gastará dos millones de euros en arreglar las barrabasadas urbanísticas de la época de Jesús Gil. El consistorio había licitado la redacción del nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), pero al final será la propia administración quien elabore el mismo. Para ello, el ayuntamiento contratará hasta 12 profesionales para un trabajo que tiene previsto que esté aprobado antes de junio de 2023.

En la actualidad, en la ciudad andaluza existe un caos urbanístico a consecuencia de las actuaciones del expresidente colchonero. “Un infiero urbano”. Así es cómo lo definen los expertos del sector. Un averno que se resume en varias cifras: 30.000 viviendas ilegales construidas en zonas verdes, bosques quemados y suelo no urbanizable; una gran población flotante (en verano se triplica el número de personas); solo tres centros de salud, colegios públicos que superan la ratio legal cada nuevo curso y atascos constantes incluso en la autovía A-7.

Para arreglar esta situación la Junta de Gobierno Local ha decidido este aprobar la creación de un equipo multidisciplinar compuesto por 12 personas que se hará cargo de los trabajos. La redacción del nuevo PGOU será dirigida por un director general de Ordenación del Territorio, cargo que está vacante desde que José María Morente lo abandonara para dirigir la gestión urbanística en la Junta de Andalucía y que se cubrirá en las próximas semanas.

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Cuando el pasado 26 de julio se conoció que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento le daba la razón a los estudios que habían perdido el concurso -en favor de Buró4-, y anulaba la adjudicación de la redacción del Plan, el Ayuntamiento anunció que en breve convocaría uno nuevo. Sin embargo, este pasado lunes el gobierno municipal sorprendió con la aprobación de esta propuesta, presentada por la concejala de Ordenación del Territorio, Kika Caracuel, que supondrá la creación de un equipo multidisciplinar para que asuma ese trabajo.

Al final, será el Ayuntamiento y no una empresa el encargado de elaborar el nuevo PGOU

La propuesta, según han explicado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la propia Caracuel, implica la contratación de 12 personas por un periodo de tres años y no supone una modificación ni del coste previsto para los trabajos, dos millones de euros ya presupuestados, ni de los plazos de ejecución, que contemplan contar con un avance el próximo diciembre y la aprobación definitiva del documento antes de que acabe el actual mandato municipal, en junio de 2023.

El equipo estará integrado por dos juristas, dos arquitectos y especialistas en movilidad, en obras e infraestructuras públicas, en aspectos económicos, en información geográfica y en informática y bases de datos, además de administrativos. A estas 12 personas a las que se contratará durante tres años se sumarán tres arquitectos municipales y tres responsables del SITMA (Sistema de Información Territorial del Ayuntamiento de Marbella).

Las bases de la convocatoria se negociarán con los sindicatos esta semana y posteriormente se aprobarán el temario del concurso y las bases. El gobierno municipal tiene previsto reunirse la semana próxima con los colegios profesionales de arquitectos, de ingenieros y de abogados para que le den toda la difusión posible a la convocatoria. El objetivo municipal es concluir el proceso de selección esta semana y que el equipo ponga manos a la obra el mes próximo.

UN EQUIPO FUERA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES

Este equipo trabajará en oficinas municipales independientes de las de Urbanismo cuya localización se anunciará la próxima semana. Además, el Ayuntamiento tiene previsto contratar a otras diez personas, mediante su bolsa de trabajo, para que refuercen a gestión diaria de Urbanismo, según aseguró Muñoz. En estas contrataciones se incluirá a cuatro arquitectos, además de administrativos y auxiliares.

Pese a haberse optado por el camino de redactar el Plan con recursos propios, el Ayuntamiento sí sacará a concurso dos trabajos relacionados con la redacción del PGOU, el estudio de impacto ambiental y el catálogo. Ambas licitaciones saldrán a concurso de manera inmediata.