Las políticas de cambio climático y transición energética pivotan sobre el concepto general de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este sentido, la principal de las vías de actuación en que las políticas públicas hacen hincapié es en la bajada de las emisiones brutas por parte de los sectores económicos, principalmente la agricultura, la industria (incluyendo la producción de energía) y el transporte. Sin embargo, pocas veces se coloca al mismo nivel de importancia la extensión y cuidado de los denominados “sumideros naturales de carbono” que son los bosques.

Para España, debería ser una de las vías más importantes dada la estructura del territorio y las ventajas competitivas que el país tiene con respecto a sus socios europeos. Así, voces como las del presidente de Repsol Antonio Brufau, piden que los esfuerzos se racionalicen y equilibren tomando en consideración no sólo la reducción de emisiones agrícolas o industriales sino también con un plan ambicioso de extensión de la superficie forestal, donde hay todavía cierto margen. España es el tercer país de Europa con mayor volumen de masa forestal, sólo por detrás de Suecia y Finlandia. Concretamente, 7.500 millones de árboles y 18,41 millones de hectáreas, donde su masa forestal crece a un ritmo anual del 2,19% (media europea de 0,51%), según datos de Eurostat recogidos por el Anuario Estadístico de España 2017.

Esto supone que más de la mitad del territorio español es forestal (54,8%), y donde la mayor parte se divide entre monte bajo (matorral) y bosque. En este sentido, el margen de mejora está, sobre todo, en el aprovechamiento de los bosques, donde sí existe un déficit claro con respecto a los países europeos. Con datos de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, nuestro país es el octavo en aprovechamiento de la madera: cada año se quedan en el monte del orden de 30 a 40 millones de m3/año de madera y biomasa. Además, en comparación con países de bosques semejantes como Francia o Italia, España aprovecha poco la madera como uso energético.

La gestión activa de los montes permitiría llegar a 2050 con emisiones netas nulas, reducir el riesgo de incendios y generar energía limpia a partir de biomasa forestal

De entre los múltiples factores que intervienen en la problemática forestal española, el primero a destacar es la estructura de la propiedad. Así, los datos que proporciona el Ministerio de Agricultura del cierre de 2018 con respecto a 2017 son evidentes: las regiones que tienen un porcentaje de monte de titularidad comunal y desconocida por encima de la media, son las que concentran la mayor parte de la superficie quemada en España. En este análisis hay casos particulares de regiones donde las entidades locales gestionan de una mejor forma las propiedades comunales limpiando los montes y explotando el potencial turístico que tiene en pleno auge del turismo rural.

Así, la Comunidad Valenciana y Cantabria son las CC.AA con mayor incremento en puntos porcentuales de la superficie afectada por incendios y a la vez con un porcentaje elevado de propiedad en manos comunales (entidades locales sobre todo y en manos desconocidas) superior en media al 50%. Por el contrario, Galicia, Castilla y León y el Principado de Asturias son las que han registrado menos superficie quemada entre 2018 y 2017 y posee una estructura de propiedad comunal y desconocida por debajo de la media (en torno al 30%).

En segundo lugar, la despoblación de las zonas rurales afecta especialmente al sector forestal en términos de abandono de explotaciones sin que éstas pasen a otras manos que lo puedan gestionar correctamente. En la mayor parte de los casos está relacionado con el abandono de explotaciones ganaderas, de las cuales el monte es parte esencial para su alimento.

La correlación, en opinión del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes[1], entre despoblación y riesgo de incendios es directa y alta. Las provincias donde el fenómeno de despoblación es más avanzado, es donde la superficie forestal es más importante en relación con el conjunto del territorio provincial y, por ende, con un elevado riesgo de incendios.

En tercer lugar, el sector forestal está sumido en una profunda crisis que dura ya más de una década, acompañando así la tendencia desfavorable del sector de la madera. Con los últimos datos disponibles correspondientes a 2016 procedentes de las Cuentas Nacionales de la Madera, el sector forestal ha entrado en barrena en los últimos diez años debido a la combinación de los siguientes factores: una fuerte caída de un 22% del consumo aparente mientras las extracciones apenas han crecido un 1% en 10 años; una continua deflación en los precios internacionales de la madera; y las exportaciones se han duplicado y las importaciones se han desplomado un 77%.

Por último, la escasa penetración de la biomasa en el mix de generación eléctrico resta atractivo a la explotación del bosque. Debido a las medidas urgentes tomadas por el Gobierno en 2012 para atajar el déficit de tarifa en el sector eléctrico, se suprimieron los incentivos a la instalación de nueva capacidad de cogeneración, lo cual paralizó las inversiones en equipamientos de generación a partir de biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios.

Teniendo en cuenta esta problemática, los avances realizados en los últimos años invitan al optimismo de un reforzamiento del sector forestal como clave fundamental para conseguir los objetivos de reducción de emisiones netas, tal como se establece en los acuerdos europeos y, en especial, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). También por el lado público, puesto que España es líder a nivel europeo en Parques Nacionales y Espacios Protegidos, lo que supone más del 50% del total europeo y el 5% del total mundial, según la Sociedad Española de Ciencias Forestales.

Estos éxitos pasados y los hitos futuros, pasan para el Institut Agrícola por una política, tanto nacional como autonómica, donde haya un equilibrio entre agricultura e industria como emisores de CO2 cada vez más eficientes, y un reforzamiento del sector forestal basado en una sólida estructura de propiedad, con una regulación que favorezca el aprovechamiento de los bosques y evitar la penalización que supone una excesiva regulación medioambiental.

Es el caso, por ejemplo, de regiones como Asturias, Castilla y León o País Vasco, donde en 2017 se emitieron menos toneladas equivalentes de CO2 que en 1990, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

España es el tercer país de Europa con mayor volumen de masa forestal detrás de Suecia y Finlandia con 7.500 millones de árboles y 18,41 millones de hectáreas

La evidencia empírica recogida en estos datos, muestra hasta qué punto viniendo de escenarios de altas emisiones (Asturias y País Vasco procedentes del sector industrial y en el caso de Castilla y León mayoritariamente del sector agrícola y ganadero) el crecimiento de la masa forestal y las mejoras en su gestión, permiten que las emisiones netas decrezcan de forma sostenida en el tiempo. Este proceso de convergencia en la reducción de emisiones netas, sin embargo, cuenta con dos “outsiders” como son Andalucía y Cataluña, donde las emisiones netas son de las más elevadas y además han crecido entre un 0,55% y un 1,19% en tasa media anual desde 1990. Ante estos datos, el Institut Agrícola defiende una política de reforestación del 15% del territorio nacional que permitiría en 2050 llegar a emisiones netas nulas.

En suma, el Institut Agrícola considera que revalorizar el sector forestal encaja perfectamente bajo una estrategia de cambio climático y economía circular, donde el aprovechamiento de la biomasa forestal es fundamental para producir energía más limpia, menos contaminante y reducir el malgasto que se realiza de los recursos naturales. Una explotación sostenible y racional de la biomasa forestal permite obtener una fuente de riqueza estable y recurrente en el tiempo, además de reducir considerablemente el riesgo de incendios que cada año en promedio se lleva casi 100.000 hectáreas.

EL CASO PARTICULAR DE CATALUÑA

A partir de la situación general a nivel España, existen peculiaridades territoriales que es necesario señalar. La más importante es el caso de Cataluña, la cual se distingue por tener un bajo porcentaje de propiedad comunal y desconocida. En conjunto, la propiedad pública en Cataluña es muy minoritaria, lo cual explica el bajo número de incendios en promedio de los últimos años. Incluso, los montes de titularidad autonómica están salvaguardados con una intervención directa efectiva del cuerpo de bomberos de la Generalitat, lo cual ha ayudado a que la superficie forestal se duplique situándose cerca del 70% del total del territorio.

Al igual que sucede en el conjunto de España, el abandono y la despoblación son causa de incendios tanto en montes comunales como privados. Las propiedades comunales en Cataluña suelen ser pastos y bosques gestionados por el ayuntamiento o terceros en régimen de subastas o también de asignación en sorteo entre vecinos del pueblo. Este es un factor diferencial con respecto a la media nacional: los comunales están mejor gestionados, puesto que son para los municipios (especialmente del Pirineo) una fuente importante de ingresos.

A día de hoy, los crecimientos forestales son a expensas de superficie agraria útil que se abandona, o de la forestación de pastos por el abandono. Concretamente, 15 puntos porcentuales de este crecimiento, se explica por este factor. El terreno cultivable es cada vez más pequeño sin que el propietario forestal se beneficie directamente de su papel como compensador de emisiones GEI, dado que el excedente de fijación de CO2 no se convierte en derechos de emisión que pueda poner en el mercado el propietario. Simplemente pasa a ser un margen del que dispone el Estado para cumplir con las obligaciones de reducción, que además puede ser cedido a otros Estados Miembros de la UE.

¿Cuál sería, dada esta situación, una vía de rentabilizar el incremento de superficie de monte? Sin duda, a través de su aprovechamiento para generación de biomasa, especialmente en montes que estén correctamente gestionados. En este sentido, es necesario atender a la actual regulación europea, concretamente la normativa LULUFC que incide directamente en el cómputo de las emisiones. Ésta introduce un criterio técnico denominado “forest reference level” (FRL) que establece un nivel de referencia en unas fechas (establece la línea 0), los crecimientos de biomasa por encima de ella se consideraran “sumidero”, mientras que las reducciones (talas) se contabilizan como emisiones.

En el caso español, donde los inventarios forestales reflejan niveles de gestión bajos con mucha biomasa acumulada, el FRL puede penalizar dado que primero habría que talar y limpiar los montes para después empezar a funcionar como sumideros de carbono. Sin embargo, en otros países con bosques activamente gestionados, el FRL beneficia a los propietarios y hace interesante la actividad de explotación de biomasa.