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Premiar económicamente a los confidentes por chivarse de los fraudes fiscales. Eso es lo que reclaman los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), es decir, retroceder más de 50 años en el tiempo para ver como una antigua ley preveía el pago a soplones. Un negocio que para algunos estuvo vigente hasta 1987 y que ahora, otros, reclaman su vuelta. Pero, ¿realmente esta es la solución para poner fin a la corrupción fiscal?

Al igual que existe un pago de operaciones relacionadas con la persecución del contrabando, los inspectores piden al Gobierno otra para los confidentes de delitos fiscales. “La medida consiste en que la Agencia Tributaria pueda disponer de fondos para pagar informaciones confidenciales de cuyo conocimiento se deriven el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas”, explican.

Se trataría de una medida que ya ha sido utilizada en países como EEUU, Francia e incluso Alemania. Pero no hay que irse tan lejos geográficamente. Solo hay que retroceder en el tiempo para ver como la legislación española también llegó contemplar el premio por ser un soplón. O como dirían los americanos, un whistleblower.

Tal y como recuerda Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), en España, este sistema de incentivos estuvo vigente en materia de Hacienda pública desde 1964 hasta el enero 1987. Es decir, comenzó durante el franquismo y se alargó hasta la Transición. Así, un denunciante podía percibir entre el 20% y el 30% de las sanciones firmes y cobradas gracias al artículo 103 de la Ley General Tributaria de aquella época.

Antes un denunciante podía percibir entre el 20% y el 30% de las sanciones firmes

Ahora los Inspectores de Hacienda del Estado quieren que “la modificación que se propone es que se incluya en dicha norma partidas confidenciales también para las investigaciones de la Agencia Tributaria que pudieran dar como resultado la denuncia por delito fiscal”.

El objetivo no es otro que el de elevar las actuaciones. Y, por tanto, la recaudación económica derivada del fraude fiscal desde Hacienda. Casos como las cuentas opacas del HSBC en Suiza, las multinacionales del Lux-Leaks, los papeles de Panamá o Fútbol Leaks se destaparon a través de chivatazos. Y Alemania pagó 7,3 millones de euros a un empleado de banca de Liechtenstein para que le suministrara la información de cientos de evasores.

Un negocio para lucrarse poco viable

Pero frente al fin de engrosar la recaudación del Estado está el del chantaje. Además del negocio lucrativo de las empresas o a costa de ellas. Por ello, ni Gobierno ni expertos en la materia ven con buenos ojos volver a esta medida.

Desde Gestha aseguran que “puede fomentar posibles extorsiones para no ser denunciados, además de menoscabar la intimidad del investigado y la debida protección de sus datos”. Y rechazan emplear para el pago “fondos reservados” del Estado. De hecho, denuncian que, en su época, los chivatos buscaban un “negocio delictivo”.

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“Pagar por sustituir la acción de la AEAT no es correcto, ni está en línea con la política marcada desde la Unión Europea en relación a la protección jurídica de los confidentes”, indican desde el sindicato. Ni tan siquiera iría acorde al principio de legalidad.

En este sentido, Gestha señala que la ley debe garantizar a los confidentes fiscales su “indemnidad penal, laboral, económica y social al denunciar fraudes tributarios, lo que es muy distinto a pagar unas cantidades indeterminadas por la denuncia”.

El número de denuncias por delitos fiscales se redujo más de la mitad, pasando de 793 en 2005 a 341 en 2015

Denuncia que, además, cualquier ciudadano en España que tenga conocimiento de cualquier hecho delictivo está obligado a realizar. El problema son las represalias. No existe protección para estas personas, por lo que algunas declinan revelar los delitos fiscales. Los últimos datos actualizados lo demuestran. El número de denuncias por delitos fiscales se redujo más de la mitad, pasando de 793 en 2005 a 341 en 2015.

Así, la fórmula de premiar al soplón y dejarle sin protección no parece ser la más adecuada. Mayor gasto para el Gobierno, un negocio para que unos pocos se lucren y represalias por doquier. Ser un ciudadano ejemplar no tiene precio. O no debería tenerlo.