El Gobierno prevé ultimar esta semana con patronal y sindicatos la regulación del teletrabajo, con la Ley del Trabajo a Distancia para el ámbito privado y la modificación del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público en el caso de la Administración pública.

Tras suspenderse la reunión programada para el pasado jueves, el Gobierno volverá a reunirse con los agentes sociales para ultimar la negociación de la ley que regulará el teletrabajo en el ámbito privado con la intención de aprobarla a la mayor brevedad posible.

En el último borrador presentado hace una semana el Gobierno elevó del 20% al 30% el porcentaje para entender que el trabajo a distancia es regular en una empresa.

Dicho borrador también apunta que la modificación del porcentaje de presencialidad “solo podrá realizarse si concurre voluntariedad tanto por parte de la persona trabajadora afectada como por parte de la empresa” y que se realizará de conformidad con lo previsto en el convenio colectivo o el acuerdo de empresa que resulten de aplicación.

Igualmente, recoge que cuando el trabajo a distancia sea algo excepcional promovido por una pandemia, la empresa no tendrá que establecer un acuerdo específico con los trabajadores que incluya, entre otras cosas, la compensación de los gastos, entre otros aspectos.

No obstante, de carácter general y como se recoge en el artículo 6 del borrador, será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en los convenios colectivos, el inventario de medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia, “incluidos los consumibles y los elementos muebles”, así como de la vida útil o un periodo máximo para la renovación de estos.

También dice que lo serán la enumeración de gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como la forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio colectivo de aplicación.

Por otro lado, en el acuerdo de trabajo a distancia también deberá incluirse el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad del trabajador, la distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, el centro de trabajo donde queda adscrito el trabajador, el lugar de trabajo a distancia elegido por la persona o la duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.

Respecto al ámbito público, el Gobierno y los sindicatos del área registraron el viernes avances en su negociación, tras presentar el Ejecutivo algún “cambio importante” sobre su último borrador, y se emplazaron para una nueva reunión este próximo lunes, con “posibilidades” de acuerdo en breve.

En la negociación, Función Pública ha planteado que el teletrabajo en las administraciones sea voluntario y reversible, y que los empleados que opten por esta modalidad tengan los mismos derechos y deberes en función de las normas que se dicten en desarrollo del Estatuto, entre otros puntos.

CSIF espera alcanzar en los próximos días un acuerdo con el Gobierno sobre este asunto para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público como regulación básica para los funcionarios y el personal laboral de las administraciones.

El sindicato recuerda que el pasado 17 de junio CSIF ya alcanzó un acuerdo pionero, vigente hasta el final de la pandemia, en el que se establecían criterios de organización para que la plantilla de la Administración General del Estado pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios durante la nueva normalidad.

Ahora pide una regulación que evite el abuso en los horarios de trabajo, se garantice la protección de datos, reconozca el derecho a la desconexión, que se adapte de manera conveniente al domicilio para evitar otros riesgos laborales y que no ocasione un gasto a la persona trabajadora.

El secretario general del sector de la AGE de FSC-CCOO, José Manuel Vera, ha valorado las modificaciones en el borrador y ha expresado su “sensación” de que se podrá alcanzar un acuerdo pronto, algo que podría llegar a suceder incluso esta semana.

Fuentes de UGT han explicado que está previsto que se sucedan las reuniones, si bien han insistido en su reclamación de que se apruebe una ley de carácter básico para que tenga suficientes garantías en el ámbito público, en línea con lo que se está negociando en el ámbito privado.

En cualquier caso, parece constatarse un avance en las negociaciones, después de que tras la primera del jueves el secretario de Administración General de Estado de UGT, Carlos Álvarez, percibiese “posturas alejadas” ante un documento “absolutamente insuficiente” por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.