Terremoto en el sector farmacéutico por las medidas propuestas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de extender a nivel nacional el modelo andaluz de subasta de medicamentos. “Nunca hemos estado tan de acuerdo”, afirma contudente Luis de Palacio, presidente de la Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles (FEFE) en alusión a la posición contraria del sector. 

La presentación del segundo estudio del ‘Spending Review: Medicamentos dispensados a través de receta médica’ elaborado por la AIReF, sigue provocando airadas reacciones. Las organizaciones arremeten contra un informe que plantea aspectos como la necesidad de sistematizar el establecimiento de precios de los medicamentos con procesos de selección -como las subastas- y la definición de un nuevo sistema de precios de referencia. 

Las subastas de medicamentos no son eficientes porque no se consiguen los ahorros que se suponen y perjudican seriamente al paciente” asevera Luis de Palacio. Un perjuicio doble, asegura, porque provocan falta de suministro y “dificultan el correcto cumplimiento de la toma de medicamentos por el paciente (adherencia), por los cambios de los envases que se producen con las subastas”.

REFORZAR LA SANIDAD PÚBLICA

El Consejo general de Colegios de Farmacéuticos; la patronal de los laboratorios, Farmaindustria; la Asociación Española de Medicamentos Genéricos o el  Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), son solo algunas de las organizaciones que han mostrado su malestar ante lo que, para AIReF, serían mejoras que permitirán reforzar la sanidad pública en España.

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En el año 2017 el gasto público en salud fue de 72.813 millones de euros, de los en torno a 16.264 millones -el 1,4% del PIB-, se destinaron a medicamentos y más del 62%, alrededor de 10.171 millones, a gasto en recetas dispensadas en farmacias.

Son cifras aportadas por la AIReF que, en el informe, valora cuestiones como la autorización de medicamentos y su inclusión en la financiación pública, la fijación de sus precios o los procedimientos de compra y selección pública de medicamentos. 

PUJA GANADORA

Desde FEFE suscriben las denuncias realizadas por organizaciones como el Consejo General de Farmacéuticos: el informe no estima el ahorro económico y extrapola datos de una comunidad autónoma concreta (Andalucía) al resto del territorio. Para el Consejo, el modelo de subasta solo atiende a “objetivos de ingeniería financiera energética, y no a las necesidades sanitarias reales de los ciudadanos”.

Farmaindustria también se ha mostrado contundente. La patronal de laboratorios considera que el estudio se centra en la reducción de costes a corto plazo y “deja de lado el valor y el ahorro que aporta la inversión pública en medicamentos”. Reseña que el gasto público en recetas se ha reducido desde 260 euros per cápita en 2010 a 228 en 2018. Ha pasado, señalan, de   suponer el 1,13% del PIB al 0,87% .

La entidad considera que, de salir adelante, muchas de las medidas propuestas en el documento de la AIReF supondrían “un perjuicio para el sector industrial líder en I+D, en producción y exportación de alta tecnología y en empleo cualificado”.

Además, según la patronal, el estudio “ignora un indicador clave para medir la eficiencia del modelo farmacéutico español: el tamaño del mercado fuera de patente”. Recuerda que, una vez que expira la patente, en España los medicamentos originales bajan al mismo precio que su genérico correspondiente.

PRECIO DE GENÉRICO

Por eso, prosigue Farmaindustria, el indicador relevante en términos de eficiencia no es tanto el porcentaje de mercado que ocupan los genéricos como el porcentaje de mercado de los fármacos “a precio de genérico”. Un porcentaje, precisan, que en la actualidad alcanza el 82% de las dispensaciones de medicamentos de prescripción en oficinas de farmacia (datos de 2018).

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha secundado la posición de las otras asociaciones y entidades. IDIS ha hecho un “llamamiento de cautela a las Administraciones a la hora de tomar en consideración o no dichas conclusiones” y alude a “los efectos devastadores” que decisiones como las que propone el estudio pueden generar en la I+D y en el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores.

MENOR CRECIMIENTO

En alusión a los datos aportados desde la patronal, la Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles,  recuerda que las propias previsiones de la AIReF para 2019-22 muestran un crecimiento del gasto farmacéutico muy reducido (1,4% medio anual) e inferior al crecimiento del PIB nominal (3,8%).

No se entiende, por tanto la necesidad de abordar un plan para ahorrar 1.500 millones de euros en 4 años, con medidas de gran calado que el informe además califica como ‘fáciles de implementar’”, indican desde la Federación de Empresarios de Farmacia Españoles.

En España existen 22.000 farmacias que dan trabajo a más de 210.000 personas. De esa cifra, según datos de FEFE, 90.000 son empleos directos y autoempleo. De estos empleos, 9 de cada 10 son contratos indefinidos. 8 de cada 10, son mujeres y 4 de cada 10 menores de 45 años.

La Asociación de Profesionales de la Farmacia (Asprofa), en la que están representados desde  técnicos y auxiliares hasta farmacéuticos comunitarios, también ha iniciado una recogida de firmas (ya llevan casi 11.500) a través de la plataforma Change.org bajo el  enunciado de “No a la subasta nacional de medicamentos”.