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La actual estructura de los ERTE pronto se convertirá en un problema para España. Hasta el momento, la protección que han ofrecido a los trabajadores más afectados por la pandemia ha sido vital para que el impacto económico no fuera dramático. Aunque eso sí, a un precio muy alto tanto al aumentar con fuerza el gasto público como al posponer el tan ansiado cambio de paradigma productivo. Unos costes que a medida que se prolongan en el tiempo se hacen insoportables. Por ello, la idea de extenderlos hasta finales de 2021, como hará Alemania, se vuelve una quimera.

Por suerte (o por desgracia) ambos costes no son excluyentes, sino que se retroalimentan en función de la situación de la economía del país. Cuando las cuentas públicas están saneadas y, además, se tiene una población sin grandes desequilibrios laborales todo es más fácil. Por ello, Alemania puede permitirse aguantar otros 15 meses, o los que sean necesarios, con este promocionando este sistema. Y, por todo esto también, España es incapaz de hacerlo más allá de los próximos meses sin daños estructurales.  

Aunque todo esto no hay que reducirlo a lo económico. Dado que el gran peligro de los ERTEs (o de los Kurzarbeit alemanes) es que limitan el llamado proceso de destrucción creativa que describía Joseph A. Schumpeter. En otras palabras, el genial economista decía que para que se creen nuevas estructuras productivas, como se pretende en España, primero deben destruirse las antiguas. Pero no se pueden destruir (o se hace muy lentamente) mientras se subvenciona a cientos de miles de trabajadores para que sigan ligados a unos puestos de trabajo que quizás no vuelvan a existir. Esto ya ocurrió en 2009 con el sector de la construcción y ahora debe ocurrir con muchos empleos ligados al turismo.

PORQUE EN ALEMANIA FUNCIONA MEJOR QUE EN ESPAÑA

Para entender la diferencia entre como funcionan los ERTEs en España y Alemania debemos volver a 2009. En aquel entonces, los germanos utilizaron su sistema de Kurzarbeit para apaciguar la crisis financiera global. La gran mayoría de los empleados que se adscribieron a dicho programa formaban parte de su tejido empresarial, con predominancia del sector automóvil, por lo que nos fijaremos en ellos. Así, la producción de vehículos entre 2006 y 2007 alcanzó los 5,7 millones, mientras que diez años después se seguían produciendo una cifra similar.

Los datos muestran que mantener los subsidios en ese momento para la industria alemana fue un acierto. De hecho, la producción se recuperó y con ella una volumen muy importante de puestos de trabajo. Pero ahora, volvamos a España y pongamos la lupa en el sector de la construcción, el más castigado en la crisis. En 2006, en el país se construyeron 762.540 viviendas, mientras que en 2019 la cifra fue de poco más de 108.000. La diferencial abismal se traslada al número de trabajadores empleados, por lo que de poco o nada habría servido un ambicioso plan de ERTEs en aquel momento.

Al final, este tipo de programas de subsidio del empleo son como un puente, una ayuda para atravesar un momento de dificultad, pero que solo sirve si existe orilla al otro lado. En España en este momento, una gran cantidad de los trabajadores que están en está situación nunca volverán a trabajar en el mismo empleo. La razón es que como ocurrió con la construcción años atrás, las cifras de empleo ligadas al turismo son una quimera que difícilmente volverán en el corto plazo. Por ello, pagar un peaje tan alto es una temeridad.

EL COSTE ECONÓMICO AL FINAL TAMBIÉN IMPORTA

La construcción de un puente siempre será rentable siempre y cuando una dos puntos que necesitan una conexión. Por ello, mientras exista orilla al otro lado su pago se debe realizar, al menos cuando sea posible. Ese es el otro gran problema de España: quizás no podemos permitirnos, por muy necesario que pudiera resultar, alargar los ERTEs mucho más allá de comienzos de 2021. Al fin y al cabo, en la última década no hemos parado de derrochar dinero (en el AVE, en aeropuertos fantasmas o incluso en rotondas) que ahora necesitamos imperiosamente.

De hecho, el Gobierno ha tenido que acudir a Europa para pedir cerca de 23.000 millones, de los que recibirá 21.000, para sufragar los gastos incurridos estos seis meses. Ahora, imaginemos la factura en el caso de extenderlo como Alemania, esto son 15 meses más todavía. Obviamente, el coste debería caer dado que el número se reduce, pero hay un punto fijo en el que el descenso se bloquea. En otras palabras, existe una masa cercana al millón de personas, quizás algo por debajo, que de extenderse hasta finales de 2021 costaría al erario público en torno a otros 20.000 millones.

A todo lo anterior, se le debe añadir que las prestaciones por desempleo se siguen pagando, que son otros 20.000 millones casi. En definitiva, que ya sea por un lado o por el otro el concepto de ERTE está obligado a cambiar en los próximos meses. La transformación lógica es profundizar en la conversión hacía un periodo de formación, como ya ha avisado la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño. Con ello, se conseguiría alcanzar una orilla al otro lado del puente y todo lo anterior tendría sentido. Aunque tampoco es la panacea, puesto que en ese caso no habría diferencia con cualquier otro cualquier otro desempleado, salvo que este último sí gasta subsidio. Otro problema que habrá que resolver más adelante.