Faltan pocos días para que BBVA haga públicas las principales conclusiones de la investigación interna encargada a expertos de Garrigues, Uría & Ménendez y PwC  para determinar la responsabilidad de la entidad financiera en las escuchas ilegales presuntamente realizadas por el excomisario Villarejo –escándalo destapado en exclusiva por MONCLOA.com–, y el Banco Central Europeo (BCE) teme que la entidad que preside Carlos Torres dé carpetazo a las pesquisas sin dirimir responsabilidades. Por ello, la miembros de la institución monetaria valoran seriamente encargar a un auditor independiente una investigación adicional que no dependa de BBVA, según han confirmado a MERCA2 fuentes cercanas al consejo de gobierno del BCE.

La clave de esta desconfianza es la lentitud con la que se han desarrollado los trabajos de lo que se conoce ya en el mundo financiero español como el informe forensic, que pretende esclarecer si BBVA contrató a Cenyt (la empresa de Villarejo) siguiendo los protocolos internos. Y, lo que es más importante, saber quiénes son los altos cargos del banco que realizaron los encargos a esta compañía que, presuntamente, cometió varios delitos al recurrir a escuchas ilegales para lograr información que permitió entre otras cuestiones a Francisco González –entonces presidente de la entidad– frenar el asalto de Sacyr impulsado desde el Palacio de la Moncloa, operación corporativa que contó con la colaboración de Luis del Rivero durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

En teoría, la investigación interna de BBVA comenzó hace un año y se ha filtrado a varios medios de comunicación que el objetivo de Torres es que esté concluido antes del próximo 31 de julio, que es la fecha prevista para la presentación de los resultados financieros del banco correspondientes al primer semestre de 2019. Las fuentes consultadas por este diario muestran su escepticismo sobre la posibilidad de que se haga público la totalidad del informe forensic, ya que un trabajo de este tipo descubre demasiadas vergüenzas internas como para ser puesto en manos de la opinión pública (regulador y accionistas incluidos) sin provocar graves consecuencias.

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El más interesado en que se esclarezca lo ocurrido y se adopten las medidas correctoras oportunas –más allá de las penales– es el vicepresidente español del BCE, Luis de Guindos, que desde que MONCLOA.com publicó las primeras informaciones sobre este caso ha presionado al presidente de BBVA para que no se quede de brazos cruzados ante la gravedad de las acusaciones. A juicio del exministro español no es de recibo que un equipo de 150 personas formado por analistas de Garrigues, Uría & Menéndez y PwC tarde tanto en revisar unos contratos que deberían estar disponibles sin demasiada dificultad. 

“Guindos teme que todo se cierre en falso, centrando las culpas sobre el responsable de seguridad de BBVA y amigo de Villarejo, Julio Corrochano, y se deje fuera a altos cargos que, por el puesto que ocupaban cuando se produjo presuntamente el espionaje masivo a políticos, jueces, periodistas y empresarios e, incluso, al propio Rey Juan Carlos. Por eso Guindos se encuentra entre los partidarios de que el BCE encargue una auditoria independiente”, señalan las fuentes consultadas.

Preguntado directamente por el caso Villarejo y la implicación de BBVA, el vicepresidente español de la institución monetaria se pronunció hace unas semanas en el seminario que cada año organiza la APIE en colaboración con el banco que preside Torres. “Los principales interesados son los propios gestores del banco. El tema está judicializado, lo fundamental no es sólo la rapidez sino también que en la investigación se pongan en consideración todos los elementos (…) y ahí se tendrán que considerar todas las posibles responsabilidades”, declaró Guindos. 

El exministro español está en una situación incómoda, ya que algunos consejeros del BCE consideran que una parte de la responsabilidad es suya por no haber atajado el caso a tiempo con la colaboración del Banco de España. Y es que, como Felipe González con los GAL, los encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes se enteraron de lo ocurrido por la prensa. No obstante, fuentes comunitarias recuerdan que “entre las competencias de Guindos no está la de supervisión financiera, y que su departamento no sería el encargado de impulsar oficialmente una investigación independiente que a día de hoy no está en la agenda de la institución”.

Portavoces oficiales de BBVA y del BCE consultados por MERCA2 declinan hacer comentarios al respecto, aunque la entidad financiera se ha visto obligada a reconocer ante el regulador bursátil español (CNMV) y el norteamericano (SEC) los riesgos que supone esta crisis reputacional para los accionistas de la entidad y la estabilidad del sector financiero. Según adelantó El Confidencial el pasado marzo, el banco español admitió ante el supervisor de EEUU “estar llevando a cabo una investigación con respecto a las denuncias de actividad indebida relacionada con su relación con Grupo Cenyt, que puede haber violado sus estándares éticos y las obligaciones de gobierno o reglamentación aplicables”.

La gravedad del caso es incuestionable, especialmente una vez que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción hayan decidido investigar los indicios de delito y en el banco se teme que varios directivos puedan ser sentados en el banquillo, bien en calidad de investigados (imputados) o como testigos. Las fuentes consultadas por este diario indican que una parte de las conclusiones del informe interno encargado por BBVA ya obra en poder de las autoridades encargadas de las pesquisas judiciales, lo que introduce aún más incertidumbre sobre el futuro del consejo de administración del banco.

Además de la investigación de oficio, la Audiencia Nacional ha admitido las querellas de algunos de los presuntamente espiados por la empresa de Villarejo, entre los cuales destacan en el ex ministro y responsable de la Oficina Económica de presidencia del Gobierno cuando se produjeron los hechos, Miguel Sebastián, así como el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero.

La defensa que argumenta BBVA es que los trabajos encargados a Cenyt se basaban en la búsqueda de clientes morosos y en diversas labores de inteligencia acordes con la ley, aunque el montante del dinero entregado –10 millones de euros desde 2004 a 2018– siembra dudas sobre esta versión autoexculpatoria.