El mercado energético español anda revuelto. Desde que se publicasen hace unos días las circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la metodología de fijación de los peajes energéticos a partir de 2020, tanto empresas como organizaciones todavía se ubican ante la nueva situación.

Y es que el impacto de las medidas del regulador, que se centran en la parte del negocio regulado de las energéticas, supondría un recorte de algo más de 500 millones de euros de la retribución percibida para las empresas gasistas.

Esto ha generado de inmediato la reacción y críticas de las compañías del sector en un contexto en el que España registra unas tarifas del gas para la industria que la sitúa entre las más competitivas de Europa si se hace una comparativa en base a los datos de Eurostat y las liquidaciones del sector de 2018.

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En este análisis España presenta tarifas inferiores a las de países de su entorno como Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Austria, Polonia, Grecia, Dinamarca o Reino Unido. Hay que tener en cuenta, además, que el cargo por distribución no es una partida relevante en la factura del consumidor, ya que la distribución supone alrededor de un 11% de los costes del sistema y éstos a su vez son del orden de la mitad de la factura del gas.

Las circulares de la CNMC van a estar sometidas a consulta pública hasta el próximo 9 de agosto. Una vez finalizado el trámite de información pública, la CNMC analizará las alegaciones de los agentes y aprobará las circulares normativas definitivas antes del 1 de enero de 2020. Estos cambios tendrían efecto en el próximo periodo regulatorio, que comienza en 2020 hasta 2025 en electricidad y en 2021 hasta 2026 en gas.

En el gas, el recorte de la distribución propuesto por la CNMC es del 17,8%, de unos 250 millones. En su caso, la retribución pasa de 1.420 millones anuales a unos 1.170 millones. A estos 250 millones se unen otros 260 millones de recorte en el pago por el transporte de gas y regasificación, 21,8%. La retribución bajaría hasta los 930 millones, frente a los 1.186 actuales.

Ante este panorama todas las empresas han movido ficha, básicamente porque tienen que dar respuestas a sus accionistas de inversores por unas medidas que, en principio, suponen mayor problema que solución; sobre todo por la inversión condicionada.