La nueva Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor el pasado 9 de marzo. Una ley que, entre otras cuestiones, impide a la Administración pública ofertar contratos a precios ‘low cost’ y aporta una mayor protección a los trabajadores de las empresas adjudicatarias. Curiosamente, días antes de su puesta en marcha, la web de Contrataciones del Estado registró un extraño e inusual movimiento: se publicaron cerca de 2.500 concursos públicos, de los cuales más de 400 quedaron registrados en el Boletín Oficial de Estado (BOE).
Una situación denunciada por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO) y que ha podido comprobar MERCA2. Según el colectivo sindical, ese mismo día se registró una cifra 10 veces superior a la de cualquier otra jornada. Es decir, lo normal serían 250, y ese día, se registraron cerca de 2.500.
Una maniobra completamente legal, aunque de dudosa ética y transparencia teniendo en cuenta que un día después entraba en vigor una normativa que restringe los contratos públicos ‘low cost’. Es precisamente la administración central, las autonómicas e incluso las locales las que han aprovechado esta circunstancia.
Aunque no las únicas. Empresas públicas como Paradores –con un contrato de 5 millones para publicidad, entre otros– o la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) también anticiparon sus licitaciones a la fecha.
Asimismo, durante el último mes, el sindicato denuncia que “se ha aprovechado por parte de las Administraciones Públicas para sacar a concurso numerosas e importantes licitaciones que en circunstancias normales tendrían que publicarse en meses posteriores”. Entre ellas, el servicio de Vigilancia de la Administración General del Estado, por valor de más de 67 millones de euros.
Evitar la nueva ley
El motivo no es otro que esquivar una legislación que elimina el concepto de oferta económicamente más ventajosa y se sustituye por la de mejor calidad-precio. También establece un límite del 20% a la figura de los modificados, o incluye entre las causas de resolución del contrato el impago de los salarios por parte del contratista o el incumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de los trabajadores.
Por ello, estos contratos se regirán por la ley anterior, mucho más laxa. «No debemos olvidar que a los procedimientos licitados con anterioridad a esa fecha les será de aplicación la legislación anterior», explica el abogado del bufete Melián Abogados, Juan Carlos García Melián.
“Este incremento en la publicación de concursos solo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando una ley obsoleta para continuar ahorrándose unos míseros euros, evidentemente, en detrimento de los derechos de trabajadores mileuristas que son sometidos por las empresas a condiciones de trabajo y salarios de auténtica miseria”, denuncia Basilio Alberto Febles, secretario General de la FTSP-USO.
Pero no solo preocupan estos concursos a última hora. “Lo que debe haber sido de órdago es la cantidad de contratos menores y procedimientos negociados sin publicidad que se habrán adjudicado sin transparencia ni concurrencia o con una concurrencia mínima aprovechando los estertores del derogado Texto Refundido”, explica el abogado.
La nueva ley tuvo sus defensores y detractores. En octubre de 2017, el Congreso de los Diputados, con los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT, rechazó todas las enmiendas introducidas en el Senado por el PP. Estos querían establecer como prioritarios los convenios de empresa sobre los sectoriales –que suelen tener mejores condiciones laborales–.
Contratos de seguridad
Muchos de los contratos que se publicaron ese 8 de marzo corresponden a servicios de seguridad. Y el principal motivo es que muchas de las compañías adjudicatarias más tradicionales han sometido a sus trabajadores a contratos precarios. Tal es el caso de empresas como como Marsegur –ahora Novo Segur– o Eulen. Esta última es la originaría del caos vivido el pasado verano en el aeropuerto de El Prat con la huelga del personal de control de seguridad.
Además de la Vigilancia de la Administración General del Estado, existen otros tan importantes como el servicio de vigilancia y protección de diversos edificios del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por 1,54 millones de euros.
Los servicios de seguridad licitados por la Comunidad de Madrid ascienden a más de 6 millones de euros
Y del Estado a las Comunidades Autónomas, pues estas, como la de Madrid o Andalucía, son de las que más se anticiparon al calendario. La región de Madrid sumó el 8 de marzo tres nuevos servicios de vigilancia y seguridad: el de la Sede Central y de varios Servicios de Urgencias adscritos a la Gerencia del Summa 112 por 1,26 millones de euros para un año y medio; el de las sedes de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda por 2,3 millones para dos años; y otro de vigilancia y seguridad, –excepto servicios de furgones blindados– por 2,7 millones de euros.
Asimismo, la Junta de Andalucía sacó a concurso la seguridad privada de varios centros culturales por un presupuesto base de 874.554 euros. También presentó una oferta para la contratación mixta del servicio de vigilancia y seguridad contra intrusión y riesgos derivados, y de suministro de medios técnicos de seguridad para los edificios sedes de la Agencia de Servicios Sociales, por unos 842.810 euros.
Los servicios funerarios de Madrid
Una de las compañías públicas que más ha aprovechado el día 8 de marzo ha sido la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (EMSFC) con hasta nueve licitaciones. Esta, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, tiene entre sus funciones atender los servicios de los cementerios de Madrid. Solo siete de los concursos suponen aproximadamente 8,43 millones del presupuesto del ente público.
Algunos de estos de elevadas cuantías como un contrato para el suministro de coronas, cruces, almohadones y flores por un valor estimado para cuatro años de 3,8 millones de euros; los servicios de seguridad privada de los cementerios madrileños por 1,86 millones de euros durante dos años; o el servicio de cafetería y restauración del Tanatorio M30 y Tanatorio Sur para cuatro años por 1,2 millones de euros.
A estos se suman otros como un contrato de suministro de gas por dos años por 781.223 euros; otro de suministro de gasóleo y gasolina durante dos años por 416.037 euros; la contratación de siete vehículos eléctricos en modalidad de renting por 171.295 euros (IVA excluido); o la renovación del cableado de la red por 209.262,86 euros (IVA excluido) para un mes y medio.
Otros contratos
Al igual que ocurre con los de seguridad, los servicios de limpieza han sido protagonistas en los últimos años de contrataciones precarias como en el Ayuntamiento de Madrid o en el aeropuerto de Ibiza. Así, algunos consistorios como el de Huesca han licitado contratos por 7,1 millones de euros para estos servicios.
La red de centros de Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 274, también registró varios concursos el 8 de marzo. Y Tragsa, la empresa de Transformación Agraria estatal, también cuenta con varios contratos que superan el millón de euros.
La lista de administraciones autonómicas, locales, universidades y empresas públicas que han adelantado sus licitaciones a la nueva ley es muy extensa. Y aunque sea legal, lo cierto es que choca de lleno con la transparencia con la que se pretende garantizar la licitación de los nuevos concursos públicos a través de la Ley de Contratos del Sector Público.
