El mayor miedo del Gobierno, parar la construcción, ya tiene cifras. La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan ha advertido de que la paralización de dicha actividad supondría la pérdida de un punto porcentual del PIB al mes. Además, que supondría la eliminación directa de 1,27 millones de trabajadores.

Por el momento, y según diversas empresas del sector habrían explicado a la agencia Europa Press, la actividad constructora continúa y tan sólo se han parado algunas obras puntuales. Y, habría sido por petición expresa de los clientes y promotores, ya sean públicos o privados. Por tanto, no ha habido ninguna orden desde el Gobierno.

“El sector de la construcción e infraestructuras tiene un enorme impacto en nuestro desarrollo económico y social, dado que se trata del sector productivo que genera la mayor actividad económica inducida de nuestra economía (1,92 euros por cada euro invertido) y además presenta la menor cuota de importaciones”, remarca la patronal del ramo.

Así, recuerda que, en términos de actividad, el sector representa el 10% del total de la economía española. En 2019 generó una producción valorada en 124.049 millones de euros y ocupó a 1,26 millones de trabajadores.

Según cálculos de la asociación empresarial, la obra pública genera mensualmente unos 1.233 millones de euros y emplea a unos 152.000 trabajadores directos. A ello es preciso sumar las obras privadas que suponen otros 9.104 millones de euros mensuales y 1,11 millones de empleos. En concreto, del conjunto de la actividad constructora total el 12% corresponde a la promovida por las administraciones públicas y el 78% por la iniciativa privada.

AMPLIAR PAZOS DE CONTRATOS

No obstante, a pesar de abogar por que no se paralice la construcción, Seopan reclama ciertas medidas para el sector, adicionales a las generales ya adoptadas para afrontar la actual crisis.

Así, la organización que preside Julián Núñez solicita aplicar una ampliación automática del plazo de ejecución de los contratos para compensar el tiempo de trabajo que se pueda haber perdido por “el menor ritmo de producción a causa de la pandemia”.

De igual forma, y en caso de las administraciones públicas, plantea medidas específicas, como autorizar anticipos a cuenta durante el estado de alarma, a deducir íntegramente de certificaciones futuras tras la finalización del periodo.

En opinión de Seopan, esta medida, “además de no suponer un consumo de recursos públicos adicionales, beneficiaría a todos los proveedores, subcontratistas y trabajadores autónomos, con lo que supondría también un alivio para la asignación de la línea de avales recientemente aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros”.

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