Un artículo del pasado 2 de diciembre en un digital nacional señalaba que los líderes de los cuatro principales partidos españoles apoyan media docena de medidas sustanciales para reformar la Constitución de 1978 aunque, resaltaban al mismo tiempo, no hay consenso para introducirlas y el desafío soberanista, promovido por algunos en Cataluña, dificulta impulsar los cambios.
Sorprende que responsables (¿o irresponsables?) políticos que suman 317 escaños en el Congreso de los Diputados confiesen su impotencia por introducir unas reformas que consideran necesarias como, entre otras, la igualdad de género en la sucesión de la Corona o blindar ciertos derechos sociales. Será que esperan a Vox… Los problemas abandonados en cajones al cuidado del tiempo suelen criar gusanos.
Ciertas reformas necesitan un procedimiento “agravado”: elecciones generales inmediatamente después de adoptarlas y un referéndum convocado por el nuevo Parlamento que, antes, también debe aprobar esas reformas. Son unos mojones situados para asegurarse de un verdadero consenso, aunque la extrema dificultad del proceso también parece querer impedirlas.
En realidad, las verdaderas dificultades son políticas. Una actitud responsable en esta materia debería llevar a limar diferencias o a encontrar vías que permitan mantener una postura de principio sin entorpecer una mayoritaria de adaptación constitucional a la evolución de los tiempos.
Así, por ejemplo, Podemos podría recordar su preferencia republicana sin por ello entorpecer la igualdad de género en la sucesión de la Corona. El que no se puedan encontrar fórmulas que permitan una modernización constitucional consensuada constituye una demostración de la incompetencia de los políticos actuales, sucesores fracasados de los de la Transición.
Ésta se construyó sobre dos grandes temores: el de unas supuestas “hordas” incontroladas en las calles que tenían unos y el de un golpe de Estado que restaurase la dictadura que tenían otros y que, a diferencia de lo primero, se materializó (23-F). Hoy lo espantoso es que la incapacidad de reformar la Constitución revela y agrava una degradación política y social de la convivencia, una receta perfecta para que nuestra Constitución acabe despeñándose y los españoles con ella.
No quita que la situación en Cataluña dificulta, en efecto, ciertos consensos, aunque una reforma del Senado haciéndolo verdaderamente territorial debiera de satisfacer a todo el mundo, incluidos nacionalistas responsables. No así a los desquiciados que exigen que la UE expulse a España (otra ocurrencia puigdemondista) o algo más peligroso: un movimiento de independencia “a cualquier precio” como pide Quim Tora inspirándose en la independencia eslovena que acarreó muertes a pesar de un 95% de respaldo, lo que no es el caso catalán.
Entre las reformas sugeridas está la de introducir la relación nominal de las Autonomías, algo imposible cuando empezaba el proceso constitutivo autonómico al aprobarse en 1978 la Constitución. Este proceso está ahora culminado con las 17 que tenemos. Ello impediría también, piensan algunos, una absorción de Navarra por el País Vasco, viejo temor realimentado por los avances aberzales en Navarra y en Álava, algo inimaginable para muchos no hace tanto tiempo. Sin embargo, no debiera de cerrarse la puerta a una eventual decimoctava Autonomía, la de Gibraltar.
Tanto si se relacionan las 17 Autonomías como si no se hace, debe reservarse expresamente en la Constitución la posibilidad de una Autonomía para el Peñón por si algún día vuelve a la soberanía española, por remoto que ello pueda parecer. Es una forma inteligente de señalar pública y seriamente la disposición española de respetar las particularidades propias de Gibraltar y de sus habitantes como lo son, entre otros, sus órganos políticos, su legislación, su cultura y su idioma que se convertiría en uno de los oficiales del Reino de España.
Carlos Miranda es Embajador de España
