CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la modificación de la circular por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad, con lo que se amplia en cinco meses, hasta el 1 de abril de 2021, el periodo transitorio que tienen las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad para adaptarse a los nuevos peajes.

Inicialmente se había establecido el próximo 1 de noviembre de 2020 como fecha límite para que las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad adaptaran los equipos de medida, sistemas de facturación y contratos a la nueva regulación.

No obstante, el organismo presidido por Cani Fernández ha considerado que el impacto derivado de la crisis sanitaria sobre el conjunto de los agentes, así como el retraso en la publicación del real decreto por el que se establece la metodología de cargos, a causa del estado de alarma, “hace necesario ampliar el periodo de adaptación”, indicó el regulador.

El pasado mes de junio, la CNMC ya anunció su decisión de retrasar la entrada de los peajes de transporte y distribución de electricidad hasta el 1 de abril de 2021, así como los del gas natural hasta el 1 de octubre del año que viene.

De esta manera, se da más tiempo a las empresas distribuidoras y comercializadoras para la adaptación de los equipos, los sistemas informáticos y los contratos a la nueva estructura de peajes.

Asimismo, la CNMC subrayaba que se daba un plazo de tiempo “suficiente” para que, una vez superado el estado de emergencia por la pandemia, sea aprobado el real decreto por el que se establece la metodología de determinación de los cargos, trabajo que corresponde al gabinete dirigido por Teresa Ribera.

La nueva metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad representa un vuelco a la estructura vigente e introduce la discriminación horaria en todos los peajes y supone una revisión y simplificación de los periodos horarios.

Los peajes, en manos de la CNMC tras el Real Decreto de 2019 que devolvía al organismo un control sobre la configuración de los recibos domésticos y reducía la influencia política del Ejecutivo, ascienden a unos 7.000 millones de euros, aunque son solo una parte del recibo eléctrico final, ya que en la factura están también los cargos -destinados a pagar a las renovables, la deuda eléctrica o las extrapeninsulares-, que superan los 10.500 millones y sobre ellos decide el Gobierno.

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