La crisis sanitaria provocada por el coronavirus requiere de soluciones conjuntas. Eso se pretendió con la declaración del Estado de Alarma. Pero a muchos presidentes autonómicos y líderes de su ombligo les cuesta asumir la centralidad del poder y las decisiones que toma el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Incluso, ni las explicaciones vehementes como las de Nadia Calviño hace un par de días sirven para calmar a las fieras.
Y es que la ministra de Asuntos Económicos fue muy tajante. El cierre total de la producción española, como piden algunos lenguaraces que después no asumirán las consecuencias, es algo que no se puede contemplar. Por dos motivos, el que se cuenta públicamente; y, por otra parte, el evidente.
Por lo que respecta a la parte pública, el Gobierno ha sido muy tajante. Pero desde la oposición, a la hora de apoyar la ampliación del Estado de Alarma, han sugerido medidas más restrictivas. También lo han hecho sindicatos, líderes regionales y todo aquel con un micrófono virtual cerca. Ninguno de ellos pareció entender a la ministra de Asuntos Económicos.
Aunque pueda parecer que hay actividades no esenciales que siguen desarrollando su trabajo, muchas de esas actividades repercuten de manera directa en otras que sí son esenciales. Véase la industria química y farmacéutica, los transportes, la alimentación… esos sectores son elementales para que, en la cúspide de todo, siga funcionando el sistema sanitario. Pero es que al desarrollar esas actividades hay otras paralelas que, aunque sea con servicios mínimos, deben mantenerse. Seguros, servicios en carretera… aun en Estado de Alarma, la vida debe desarrollarse.
EL MOTIVO NO EVIDENTE
La ministra Calviño explicó perfectamente la situación. De hecho, durante la rueda de prensa en La Moncloa interrumpió al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para remarcar la situación. España no se puede cerrar por completo a nivel productivo.
Muchos reprochan que siga funcionando la construcción, las entidades financieras y otros servicios que, cada uno a su libre interpretación, determina que no son esenciales. Calviño, con cierta resignación, insistió, como lo lleva haciendo el Gobierno desde que se decretó el Estado de Alarma, que las medidas están entre las más restrictivas del mundo y que no hace falta más.
De hecho, el ministro de Sanidad remarcó que las nuevas medidas serán cumplir de manera más estricta las que ya existen. Tras tanta insistencia, solo falta que algún ministro, con un exabrupto de por medio, sea ofensivamente claro: España no se puede parar porque reactivarla será un trauma económico mucho mayor del que ya, de por sí, vamos a afrontar los próximos meses. ¿Nadie se da cuenta?
El equilibrio entre la crisis sanitaria y la económica cada vez es más complicado. Atajar de manera efectiva lo primero es golpear lo segundo. Pero gran parte de quienes reclaman el cierre total de España no asumen que hay un punto medio que es viable. Es aquel donde las empresas cumplen escrupulosamente los controles, donde la sociedad civil obedece y donde los políticos se comprometen a cumplir con las medidas que ya existen.
La economía de un país es un enorme barco que, en estos momentos, no solo ha parado su motor, sino que ha dado la vuelta a los rotores. Y eso se acentúa con cada cierre, cada ERTE, cada despido. Si eso se aumenta por ser incapaces de cumplir las normas sanitarias, no habrá manera de poner en marcha este barco dentro de dos o tres meses. Ni siquiera para el próximo otoño. Estaríamos llevando a la ciudadanía a una muerte, no física, pero sí económica y anímica.
Por esta razón, quizá habría que dar un voto de confianza a la ministra Nadia Calviño. Por lo que cuenta y, sobre todo, por lo que no cuenta para no crear susceptibilidad. El objetivo del Gobierno es controlar la alerta sanitaria, pero su obligación también debe ser que el barco no se hunda. La responsabilidad del resto será no abrir boquetes, al menos.
