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El vasto paraje aragonés se ha convertido en un vergel de molinos. Las turbinas adornan el paisaje que transcurre por las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. Hasta el punto de que la región aglutinó el 49% de la nueva potencia eólica instalada en 2019. En este 2020 podría ser mayor; de hecho, solo Repsol ha dado luz verde a un nuevo proyecto, Delta 2, que ya supone el 78% de la capacidad construida el año pasado. Paradójicamente, ese horizonte de estructuras espigadas desaparece una vez pasada la llamada Franja.

La Franja ocupa unos 225 kilómetros de largo y entre 15 y 30 de ancho, y va desde el Pirineo oscense hasta Els Ports de Beceit, en Teruel. Se trata de la frontera entre Aragón y Cataluña. Pero se trata de una separación más política y lingüística que natural, de hecho, las condiciones geográficas (salvando el Cierzo) son muy parecidas en ambos territorios. Un factor que no puede explicar el vergel en el que se ha convertido la primera y el erial que es la segunda. Tampoco lo puede hacer la cultura, dado que no hay grandes diferencias relevantes y mucho menos que los gobernantes estén más o menos preparados (queremos pensar).

Así, la única solución al enigma la descubrieron varias décadas antes dos académicos, Daron Acemoglu y James A. Robinson, cuando escribieron su obra ‘Por qué Fracasan los Países’, ahora ya clásico del siglo XX. En ella, se llega a la conclusión de que la “fórmula mágica” del éxito en el desarrollo económico de los países (o regiones) está en la forma de hacer política para lograr ese cometido. Al final, la única diferencia entre Aragón y Cataluña ha estado en la forma en que sus políticos han regulado el sector renovable.

CATALUÑA, ZONA CERO RENOVABLE

Lo anterior no es nuevo. De hecho, Cataluña ha sido una de las regiones con menor crecimiento en renovables en la última década. Las voces del sector apuntan a un mismo origen: un decreto aprobado en 2009 que solo permitía la instalación de parques de más de 10 megavatios (MW). Por ello, cuando la Generalitat quiso reaccionar para subirse al carro renovable, la primera decisión fue derogar dicha norma. Aunque hubo que esperar más de diez años, a principios de este año se logró.

Pero como demuestran una y otra vez Acemoglu y Robinson en su obra, el tapón al desarrollo no está en una ley o norma, sino en la misma estructura de las instituciones. Por ello, la derogación del decreto de 2009 no ha servido para hacer despegar el negocio renovable en la región. “Entrar a valorar proyectos en Cataluña es muy complicado por las complejidades administrativas de la región”, explican desde una multinacional a MERCA2. “De hecho, nosotros ni tenemos ni queremos proyectos allí por ahora, por el contrario sí los estamos desarrollando a lo largo de la península”, concluye.

“Hay comunidades autónomas que tienen muy claro que el sector renovable será uno de los motores de la economía española. Extremadura o Aragón son buenos ejemplos de ello. Cataluña pese a los intentos recientes sigue siendo un ejemplo de lo contrario“, señala José Donoso, director general de UNEF (Unión Española Fotovoltaica). Al final, no era la norma en sí el problema, sino una burocracia muy densa y cierta inseguridad jurídica. Por ello, a finales de julio la Consejería de Agricultura (que está en manos de ERC) se había opuesto a 11 de los 15 proyectos de parques solares que había sobre la mesa. Algunas de esas negativas han sido “sangrantes”, según voces del sector.

¿LA COMUNIDAD VALENCIANA POR EL MISMO CAMINO?

El hecho de que Cataluña sea el mejor ejemplo de por qué el desarrollo renovable en España está siendo desigual, no implica que sea el único. De hecho, tanto promotores como desarrolladores o grandes compañías llevan un tiempo alertando de que la Comunidad Valenciana podría ser la siguiente de la lista. El problema es de burocracia y administración, pero en las últimas semanas también se ha convertido en uno de suelo. La unión de ambos puede suponer graves restricciones para el sector en los próximos años.

Ese último problema viene directamente de las últimas regulaciones aprobadas por Gobierno y el Ejecutivo autonómico de restringir la construcción de nuevos parques a suelo urbanizable. “Pese a lo que se pueda pensar, la Comunidad Valenciana posee mucho suelo de cultivo y montañoso, pero muy poco urbanizable. Si a eso le añadimos la nueva legislación que se pretende implantar, la situación se puede complicar en el futuro”, advierten fuentes del sector. Así, el nuevo decreto aprobado recientemente, el 14/2020, pretende regular este problema y viene a decir que para colocar una construcción en terreno no urbanizable se necesita de una autorización.

“Todo lo que sea carga administrativa extra no es buena noticia”, explica José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables). Pero de nuevo el problema no se solucionará con más regulación, sino con menos burocracia. De hecho, “la Comunidad Valenciana es otra región en la que las grandes eléctricas del país prefieren no buscar grandes proyectos“, señalan fuentes del sector.

Pese a todo el Gobierno valenciano ha lanzado una campaña para recuperar el terreno perdido. Pero no será suficiente, como ha demostrado Cataluña una y otra vez. Ahora, los políticos de la región deberán demostrar que el compromiso con el sector va más allá de las palabras. “En Valencia se ha dado el primer paso en dinamizar la administración, pero se necesita mucho más”, advierte Moya. Para bien o para mal, el resultado se podrá comprobar muy pronto.