El pasado miércoles Cataluña votó a favor de desmarcarse de la tendencia natural del mercado inmobiliario español, y apuesta por limitar el precio del alquiler, entre otras medidas. Pero son muchas las voces que se muestran contrarias a esta decisión y auguran subidas de precios, reducción de oferta y un auge de la economía sumergida.

Con 71 votos a favor, de 29 diputados de JuntsxCat, y los grupos ERC, Podem y la CUPy 63 en contra (Ciudadanos, PSC, PP, dos diputados de Demócrates y cuatro del PDeCAT), el parlamento catalán dio luz verde a la proposición de ley que votaron en el pleno del Parlament el pasado 21 de julio.

Este refuerzo de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda va más allá de la mera limitación del precio de los alquileres, ya que también contempla actuaciones en viviendas desocupadas, la atribución a la Generalitat de derecho de tanteo sobre viviendas objeto de ejecución hipotecaria, e incluso la ampliación de los supuestos de expropiación, entre otras.

Además, la ley establece que ningún contrato podrá superar el precio del anterior y la administración catalana limitará la cantidad a poner según la zona en la que se ubique el inmueble, tanto en las viviendas que ya están en alquiler como en las que lo hagan por primera vez. A estos contratos se les aplicará el índice de referencia de precios aprobado por la Generalitat. 

La medida podría afectar a unos 5 millones de catalanes de municipios con más de 20.000 habitantes, según el Sindicato de Inquilinos quienes hasta el último momento presionaron a JxCat para que aceptase un acuerdo.

CATALUÑA, UN MERCADO AISLADO

En declaraciones a MERCA2, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, lamenta que la situación política que vive Cataluña “la está convirtiendo en un mercado aislado, que funciona de forma diferente al resto de España, y afecta no solo al mercado de alquiler sino también al de la promoción e inversión inmobiliaria, del que se han retirado buen número de actores, a la espera de acontecimientos”.

“Más que efecto expulsión de personas que no podrán acceder a las viviendas, lo que previsiblemente ocurrirá es que muchos propietarios retirarán del mercado de alquiler sus viviendas, al menos de forma temporal hasta que puedan comprobar el impacto que les supondría”, explica.

El economista alerta de que, si se retiran estas viviendas del alquiler, el efecto de la ley sería justo el contrario del que persigue, puesto que una disminución del parque de inmuebles disponibles empujaría los precios al alza, que al estar limitados conllevaría nuevas retiradas de viviendas del mercado.

“Tampoco hay que descartar el impacto que previsiblemente originaría en la economía sumergida, que sabemos tiene un papel importante en el mercado de alquiler, más aún en los momentos actuales de crisis económica”, sostiene el economista.

De ese modo, la nueva norma permitirá que no congelen las rentas los propietarios que tengan unos ingresos iguales o inferiores a 2,5 veces el IRSC (sobre unos 2.000 euros mensuales, en función de la población) o cuando los ingresos familiares del arrendatario superen las 3,5 veces ese indicador (unos 3.000 euros mensuales).

Por su parte, la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval), ha recordado que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó en agosto que el texto del proyecto de ley atenta contra la Constitución y el Estatuto catalán, y que la Generalitat catalana no tiene competencias para regular los alquileres.

Por lo que Asval solicitará al Gobierno español y a los diferentes partidos políticos que impulsen un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional (TC).

Por el momento, la nueva normativa sobre alquileres establece también que se debe actuar en zonas en las que el precio haya subido por encima de la media de Cataluña, los arrendatarios destinen más de un 30% de sus ingresos al alquiler y que el precio haya subido en cinco años tres puntos más que el IPC catalán.

En este sentido, la ley prevé sanciones de 3.000 hasta 90.000 euros en los casos más graves, como ocultar que se deben cumplir con los preceptos impuestos por la Generalitat. El Sindicato de Inquilinos remarcó que en los últimos cinco años los alquileres han subido 30 veces más que los sueldos en Cataluña.