La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles en el Pleno del Congreso que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá que pronunciarse sobre una posible compra de Bankia por parte de CaixaBank para velar por la protección de los consumidores.

Preguntada en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja por su opinión ante una posible fusión de ambas entidades por la diputada Mireia Vehí, de la CUP, Calviño ha asegurado que el Gobierno adoptará una decisión “si finalmente se realiza esa propuesta de fusión”, a través del FROB, mediante el que el Estado controla el 61,8% de Bankia, y “respondiendo siempre a los mismos principios, que se guían en última instancia por la protección del interés general”.

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha citado, en este sentido, la necesidad de contar con “entidades financieras fuertes” para “proteger la estabilidad financiera”, la “maximización” de la participación pública en Bankia –“un segundo principio muy importante para la toma de decisiones”– y, finalmente, “la protección del conjunto de los consumidores”.

En este sentido, ha dicho que “la CNMC tendrá que pronunciarse sobre cualquier operación de concentración, y proteger esa otra dimensión de interés general, y está claro que tendremos que seguir trabajando juntos para proteger la inclusión financiera”, ha dicho.

UNA “HERENCIA DE LA CRISIS”

La titular de Economía ha encuadrado la participación pública de Bankia en “una herencia de la crisis financiera”, tras la cual “ha quedado una participación pública” en la entidad. A partir de ahora, a su juicio, “lo más importante es garantizar que el sector financiero juega el papel que le corresponde en la canalización de los recursos a las familias y a las empresas”.

En este sentido, ha destacado que “son múltiples las llamadas a la consolidación del sector bancario por parte de las instituciones europeas, tanto el BCE como la Comisión (Europea)” y que “esta necesidad de tener un sistema financiero fuerte, y por tanto proteger la estabilidad financiera, es uno de los principios que, por supuesto, guiarán al Gobierno en la toma de decisiones”.

Esta ha sido la respuesta dada por la vicepresidenta tercera a la diputada de las CUP Mireia Vehí, que le ha preguntado que, si la cotización de Bankia ronda los 4.200 millones de euros, “¿dónde quedan los más de 24.000 millones que el Estado le inyectó durante el rescate?”, y “si el patrimonio inmobiliario de Bankia no vale un poco más”.

UN ORGANISMO PÚBLICO

“Bankia quiebra, el Estado la rescata con dinero público que no se le devuelve a la ciudadanía, el Estado se la vende a otro banco, parece que por cuatro duros, y a otro banco que también está rescatado indirectamente”, ha relatado, recordando cómo CaixaBank compró “por un euro en una subasta” el Banco de Valencia, rescatado también por el Estado durante la anterior crisis.

Por todo ello, ha cuestionado que en un momento de crisis el Gobierno acepte vender Bankia “en vez de utilizarla como organismo público” y lo ha explicado en un posible “expolio de recursos públicos, como ya pasó en 2008 y mucha gente le llamó estafa” si no existen “medidas para retornar a la ciudadanía los millones puestos durante el rescate en un momento como éste”, planteando la necesidad de que “los bancos contribuyan al interés general en una situación de crisis”.

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