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El Banco de España se ha vuelto a poner en manos del despacho de abogados Uría Menéndez para ejercer su defensa en la batalla judicial que mantiene contra, Jorge Pérez Ramírez, el jefe de la División Normativa Contable que alertó sobre los efectos de la salida a Bolsa de Bankia en 2011. En esta ocasión, el prestigioso bufete deberá dar asistencia legal ante el recurso de casación presentado por el equipo jurídico de Pérez, tras su derrota judicial en el caso a principios de año.

Uría se encargará de la defensa del organismo público, después de que los despachos Garrigues y Pérez-Llorca, pese a ser invitados, decidieran no participar en el procedimiento público iniciado el pasado 14 de agosto. Un contrato público, valorado en cerca de 120.000 euros, por el que sí se interesó el equipo legal de Deloitte, aunque finalmente decidió no presentar una oferta. El plazo finalizó el pasado 4 de septiembre con la única oferta en firme del bufete que preside Luis de Carlos Uría.

El despacho conoce bien el caso porque ya litigó el mismo hace casi un año. De hecho, el pasado mes de enero Uría y el BdE ganaron un primer asalto judicial, después de que el juzgado de lo social número 41 de Madrid desestimase la demanda del exdirectivo al haberse presentado fuera de plazo, en concreto, 20 días tarde. En dicha ocasión el supervisor decidió regirse de acuerdo al derecho administrativo y no laboral, lo que provocó que el equipo de Pérez recurriese la sentencia. Finalmente, la forma elegida ha sido presentar “un recurso de casación para la unificación de la doctrina”.

EL BDE Y URÍA SE PREPARAN PARA UNA LARGA BATALLA JUDICIAL

La fórmula legal usada, el recurso de casación para la unificación de la doctrina, se configura como un recurso excepcional y subsidiario que busca la corrección de la interpretación jurídica realizada en enero. El sustento está en que dicho recurso se puede usar siempre y cuando el pronunciamiento sea contradictorio respecto de otras sentencias similares. En otras palabras, que Pérez y su equipo pretende reiniciar todo el procedimiento demostrando que su despido debe tratarse por la vía laboral y no la administrativa, a través de otros casos ya juzgados.

Con ello, lograría que su demanda presentada a finales de 2019 vuelva a ser readmitida, puesto que el plazo para presentarla (en el caso de la vía laboral) no habría caducado. Así, la batalla judicial de ambos bandos volvería al inicio extendiéndose al litigio durante los próximos años. De hecho, esa alternativa de un proceso legal alargado ya lo contempla el mismo contrato, dado que su cuantía en esta ocasión de tres veces superior al firmado en diciembre del año pasado. Así, el grueso del coste del acuerdo se da bajo la definición de “actuaciones adicionales”.

La pugna legal viene de un desencuentro muy sonado entre ambas partes, tras el despido de Pérez a finales de julio. Curiosamente, el cese se produjo dos meses después de testificar en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia como publicó ‘El Confidencial’. El BdE negó que la salida tuviera que ver con la declaración del ejecutivo en dicho caso y se limitó a informar de que había encontrado una serie de “hechos graves”. Finalmente, se ha podido saber que presuntamente el detonante ha sido las posibles filtraciones a periodistas. Sea como fuere, en los próximos meses se podría conocer la verdad del caso y quizás, con ello, aclarar algo más lo ocurrido con el debut bursátil de la entidad que finalmente tuvo que ser rescatada.