La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) está valorando extender nuevamente el régimen especial sobre moratorias de crédito con respaldo público y sin él, como apoyo a las medidas para limitar el impacto económico de la pandemia del coronavirus, según fuentes financieras.

La EBA publicó el 2 de abril sus directrices sobre el tratamiento de las moratorias públicas y privadas, que establecieron que la aplicación de una moratoria motivada por el Covid-19 no conllevaría la reclasificación de la operación como refinanciación o reestructuración, de manera que los créditos de los prestatarios con un buen comportamiento de pago que tengan dificultades de liquidez no requerirían provisiones adicionales para las entidades financieras.

A raíz de esta flexibilidad contable, las patronales bancarias llegaron a un acuerdo sectorial para que los afectados por la crisis del coronavirus puedan solicitar un aplazamiento en sus pagos de hasta nueve meses, frente a los tres meses que concedía la moratoria del Gobierno. Este acuerdo vence el 29 de septiembre, un día antes de que finalicen las directrices de la EBA.

Las entidades financieras españolas han concedido alrededor de 1,2 millones de moratorias hipotecarias y no hipotecarias a los afectados por la crisis del coronavirus (7% del total del préstamo vivo), incluyendo tanto las moratorias legislativas que aprobó el Gobierno en su plan de medidas para mitigar el impacto del Covid-19, como los acuerdos sectoriales alcanzados por las patronales financieras como medida complementaria a las moratorias del Ejecutivo.

El Banco de España ha señalado esta semana de que el impacto adverso de la crisis del Covid-19 sobre la calidad crediticia de las carteras de las entidades se está viendo mitigado por medidas como dichas moratorias legales y sectoriales de los préstamos.

De su lado, los bancos abogan por extender en el tiempo las condiciones flexibles que ofrece el paraguas de la EBA, por lo que están negociando con el organismo presidido por José Manuel Campa una ampliación de sus directrices, según las fuentes financieras consultadas por Europa Press.

Por el momento, la EBA ha hecho pública su voluntad de eliminar progresivamente estas condiciones más flexibles, pues, aunque reconoce que han ayudado a los bancos a gestionar eficazmente el gran volumen de solicitudes de clientes que deseaban acogerse a moratorias, no considera adecuado que una medida tan excepcional siga extendiéndose en el tiempo.

Fuentes financieras han asegurado que nada cambiará a partir del 30 de septiembre para los clientes, que podrán seguir pidiendo a sus bancos aplazamientos en sus créditos, aunque ya será fuera del régimen especial de la EBA y los préstamos se clasificarán caso por caso, de acuerdo con el marco prudencial habitual, lo que previsiblemente tendrá un impacto en la calidad crediticia de las entidades.

Incluso en el caso de que las directrices de la EBA finalicen, su efecto durará un tiempo y desaparecerá progresivamente, pues las moratorias sectoriales pueden solicitarse por un plazo de hasta nueve meses, de manera que el marco prudencial habitual solo se aplicará a las nuevas moratorias firmadas después del 30 de septiembre.