Los ayuntamientos del cambio no llegan al aprobado en libertad económica

Enarbolaron la bandera del cambio tras las elecciones municipales de 2015. Los ayuntamientos de Madrid (Manuela Carmena), Barcelona (Ada Colau), Valencia (Joan Ribó), Zaragoza (Pedro Santisteve), Cádiz (José María González Santos -Kichi-) o A Coruña (Xulio Xosé Ferreiro), entre otros, hicieron suyo el lema de acabar con la vieja política, con la casta, y gobernar más para todos. Cuatro años después, en su caminar han dejado luces y sombras.

Según el Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (Ilece), elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, y que se obtiene de las políticas públicas adoptadas por cada ayuntamiento, el mejor parado de esta terna es el consistorio de A Coruña, que alcanza una puntuación de 59,8 puntos sobre 100. Por delante del ayuntamiento a los mandos de Xulio Xosé Ferreiro sólo hay otros tres: Alicante (en manos del PP, con 62 puntos), Almería (también de los populares, con 61 puntos) y Castellón (del PSPV, con 60 puntos). Un terceto que son los únicos en alcanzar la calificación de libertad económica moderada.

Reducir deuda, contener el gasto público y la contratación, y reducir la tribución local son tareas todavía por realizar

Sólo Zaragoza, entre los ayuntamientos del cambio, recibe también la calificación de aceptable. ¿Y Madrid y Barcelona? Pues tanto Manuela Carmena como Ada Colau perciben la misma nota: insuficiente (47,4 y 47,2, respectivamente). Con la nota de deficiente aparecen Tarragona y Marbella. Cádiz no aparece en la lista al no estar entre los 50 municipios más poblados de España.

LOS RETOS INCUMPLIDOS POR LOS AYUNTAMIENTOS DEL CAMBIO

El Ilece lo que mide, básicamente, son cuatro grandes áreas: desempeño económico del municipio, magnitud de su plantilla, intervencionismo económico y presión fiscal. Y se basa en los datos publicados por los propios ayuntamientos, la administración central, y otras fuentes. No se incluyen factores autonómicos y estatales sobre lo que los consistorios carecen de capacidad decisoria.

Poniendo el foco en Madrid y Barcelona, Barcelona tiene una mejor calificación que Madrid en desempeño económico, estando por encima el consistorio madrileño en intervencionismo económico y presión fiscal. En magnitud de la plantilla, ambos están a la par.

Otro estudio al respecto, como el de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, pone de manifiesto que sólo Cádiz, Zaragoza y Barcelona han mejorado en políticas sociales, destinando una parte relevante de su presupuesto a este fin (entre el 11% y el 12%). Madrid ‘pincha’, con el 8,9%. Y el Observatorio de Servicios Urbanos (Osur) hace hincapié en que todos los habitantes de estas ciudades han empeorado su percepción respecto a los servicios municipales, salvo Zaragoza.

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Otros retos incumplidos por los ayuntamientos del cambio tienen que ver con limitar el precio del alquiler. Barcelona ha tenido, en este campo, una de cal y otra de arena, ya que ha incrementado las ayudas al alquiler pero no ha puesto sobre la mesa las viviendas públicas que prometió. En cuanto a los delitos, únicamente ha bajado su número Cádiz, según el Ministerio del Interior.

En el plano meramente económico, casi todos han reducido su deuda, aunque siguen estando con un nivel elevado. Así, y según el Banco de España, Manuela Carmena ha desinflado la deuda de 5.636 millones a 3.424; Joan Ribó, de 711 a 439 millones; y Pedro Santisteve, de 1.069 a 855 millones. Ada Colau no ha podido seguir la senda, incrementándola en un millón de euros.

“Las ciudades españolas analizadas tienen ante sí el reto de reducir los altos niveles de endeudamiento municipal allí donde aún persisten, contener el gasto público y la contratación, y reducir, en la medida de su capacidad normativa, la tributación local”, apuntan desde Ilece. Y apostillan que “los ayuntamientos necesitan prescindir de empresas municipales”. Es conveniente, concluyen, “introducir elementos de competencia o, al menos, de comparabilidad entre proveedores externalizados”.