El pago de las ayudas extraordinarias para el alquiler destinadas a los más vulnerables tras la pandemia del coronavirus se le atraganta a las autonomías, y es que los solicitantes tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar el folleto, y en el consistorio están desbordados ante la avalancha de peticiones que han recibido.

El confinamiento y la paralización de gran parte de la economía ha supuesto un duro varapalo para miles de familias que, o bien perdieron su empleo, o bien fueron incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y han tardado meses en cobrar la cuantía correspondiente del SEPE.

Según informaron a MERCA2 fuentes de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, el plazo se abrió el pasado 13 de mayo y han estado trabajando para hacer efectivas estas ayudas a finales de junio, o principios de julio. Pero ahora admiten que aún no se ha procedido a realizar estos ingresos.

Según ha podido saber este medio, la semana pasada numerosos solicitantes recibieron una notificación para subsanar datos o aportar nuevos documentos. Hasta ahí bien, el problema es que estas personas habían presentado su petición durante el mes de mayo, lo que denota que hay un fuerte retraso en la concesión.

La ayuda, que está incluida entre las medidas de contingencia que incluyó el Gobierno en el Real Decreto-ley aprobado el pasado 31 de marzo, también recoge la prórroga de los contratos de arrendamiento, la moratoria o reducción de la renta, y la paralización de los desahucios por la crisis sanitaria.

El resto de medidas de contingencia se están cumpliendo, excepto la ayuda para el pago del alquiler dirigida a los más vulnerables. Teniendo en cuenta que fueron muchos los que no pudieron hacer frente a la cuota del mes de abril y sucesivos, esta ayuda va a llegar muy tarde. Si es que llega.

AYUDA INSUFICIENTE

De hecho, desde el consistorio insisten en que es insuficiente la partida de 15,9 millones de euros que le corresponde a la Comunidad de Madrid del Plan de Ayuda covid-19, que es de un total de 100 millones de euros para toda España.

Así, la Comunidad de Madrid ha decidido complementar esta partida con 15,3 millones de euros del Plan de Ayudas al Alquiler 2018-2021 de este año, según ha podido saber este medio.

En este sentido, con las ayudas de 15,9 millones de euros, la capital solo podrá atender a unas 3.000 solicitudes. Un dato muy por debajo del número de solicitantes que van a reclamar esta prestación, que podría alcanzar los 60.000.

Pero con el incremento de la partida destinada para los solicitantes madrileños, calculan que podrán ayudar a otras 3.000 personas que se encuentren en situación vulnerable tras el covid-19.

EL PAPEL DE LA BANCA

Mientras se resuelven las solicitudes, el Gobierno ha puesto sobre la mesa 1.200 millones de euros para que los ciudadanos puedan hacer frente al pago del alquiler de la vivienda con microcréditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y comercializados por los bancos.

Los mismos que los créditos para pymes y autónomos, pero en cantidades más pequeñas. La ventaja para los inquilinos es que los microcréditos del Estado no tienen intereses para el usuario, y además es el Gobierno quien asume la deuda en caso de que el titular mantuviese esa situación de precariedad personal una vez alcanzado el plazo de devolución del mismo. Y lo más importante, si se concede finalmente la ayuda al alquiler, esta cubriría el ICO por lo que el inquilino se despreocupa del pago.

El Ejecutivo calculó que se beneficiarán 450.000 personas, que podrán devolverlos en un plazo de seis años, prorrogable de manera excepcional por otros cuatro. Sin embargo, muchos bancos han decidido no ofrecerlo a sus clientes por la baja demanda. Es el caso de Kutxabank o Ibercaja, y también de Bankinter, que no está adherido a la Línea, aunque no descarta hacerlo si la demanda aumenta. Algo que los expertos vaticinan que ocurrirá, pues al resolverse las ayudas no habrá dinero para todos.