La crisis económica tras la pandemia del coronavirus está provocando la destrucción de empleo y miles de familias se encuentran en situación de vulnerabilidad. La economía del hogar cae y toca hacer números, y uno de los primeros gastos fijos que se dejan de afrontar suele ser la cuota de la comunidad de vecinos.

Desde que se decretó el Estado de alarma el pasado 14 de marzo, el Gobierno ha aprobado una batería de medidas para proteger a autónomos, pymes y comunidades de vecinos. Así, se han prohibido los cortes de luz, agua y gas, y se ha prorrogado hasta el 15 de septiembre la vigencia del bono social eléctrico.

Esta situación excepcional de crisis con miles de personas incluidas en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), retrasos por parte del Sepe, e incluso impagos por parte de las empresas, ha provocado que aumente la morosidad por parte de los vecinos, que necesitarán del esfuerzo por parte de los administradores de fincas para garantizar el funcionamiento de los servicios comunes en las comunidades.

Teniendo en cuenta este panorama, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas prevé un repunte de entre el 25% y el 40% de los impagos de las cuotas en las comunidades de propietarios de todo el país, sobre todo por los sobrecostes que generan las medidas sanitarias preventivas frente al covid-19.

La fundadora de Vecinos Felices, unidad de negocio de Fincas Blanco, Mercedes Blanco, asegura que “los administradores de fincas deberán jugar un papel fundamental a la hora de mantener la calma en las comunidades de vecinos que se enfrentan a situaciones de morosidad”.

MEDIDAS EXCEPCIONALES

La economía interna de las comunidades de vecinos se está viendo comprometida por la morosidad y el sobrecoste de las medidas sanitarias para evitar un posible contagio. Además de la prohibición de los cortes en los suministros, también se ha producido una prorrogación automática para solicitar el bono social.

Se trata de una ayuda extraordinaria de 200 euros que deberá destinarse a la adquisición de productos de alimentación, farmacia y otros suministros básicos para ayudar a la sostenibilidad económica de las familias en situación de vulnerabilidad económica tras el coronavirus.

Lo que está claro es que el recibo de la comunidad de vecinos es uno de los pagos mensuales que más fácilmente se puede aplazar ya que, en la mayoría de los casos, los administradores de fincas les ofrecen facilidades de pago para evitar iniciar un proceso judicial.

Sin embargo, si la situación de impago se alarga en el tiempo, se puede producir una situación en la que el montante sea imposible de asumir. Por esto, los expertos recomiendan pagar, aunque sea a plazos estas cuotas para no alcanzar una situación insostenible.

También advierten de la picaresca de algunos vecinos que, aprovechando la coyuntura actual, deciden no pagar esta cuota mensual, sin pensar en las repercusiones que tiene y cómo afecta al resto de vecinos. Pero como dejar de pagar la cuota no implica la prohibición de utilizar las zonas comunes, pues los morosos podrán seguir disfrutando de la piscina o el jardín.

Hay en comunidades que si la morosidad repunta se verán obligados al cierre de zonas comunes, como la piscina o el jardín. De hecho, la apertura de la piscina este verano se ha convertido en un tema controvertido en muchas urbanizaciones ya que, para cumplir con las restricciones que marca el Gobierno, los vecinos debían asumir un sobrecoste.

En este sentido, el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), apuntó que cerca de 6.000 piscinas están preparadas para abrir en la Comunidad de Madrid, lo que supone un 50% del total de residenciales con piscina registradas en la región.

La Orden Ministerial SND/414/2020, de 16 de mayo exige la aplicación de medidas higiénico-sanitarias como realizar labores de limpieza tres veces al día en el recinto, y de desinfección dos veces diarias, coincidiendo entre los turnos de baño. También es obligatoria la contratación de personal auxiliar para que realice un control de acceso a la piscina y no permita que se supere el aforo máximo del 30%.

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