Alrededor de un millón de autónomos pidió la prestación extraordinaria por cese de actividad y en apenas 10 días las mutuas gestionaron todas las solicitudes, dando el visto bueno a más de 880.000 beneficiarios que desde el pasado viernes empezaron a cobrar. Así lo explica el secretario general de la Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), José Luis Perea, en una entrevista con MERCA2 donde insiste en que el Gobierno debe cambiar el criterio para acceder a ellas porque más de 1.500.000 quedan fuera de la ayuda.

En este sentido, ATA considera exagerado tener que justificar una caída de ingresos del 75% y pide que baje al 40% siguiendo los requisitos de vulnerabilidad que fijan los bancos para la moratoria de hipotecaria y suministros. Hasta la fecha, hay 800.00 autonomos que siguen trabajando de forma normal (estancos, farmacias…) pero más de un millón y medio están confinados. “Sus ingresos aún no han bajado al 75%, lo harán si se alarga el estado de alarma”.

A su vez, reclama al Ejecutivo que suprima la cuota de autónomos mientras estemos en cuarentena “a ingresos cero, cuota cero”. O al menos que no se repita lo que ocurrió en marzo, cuando se aprobó el aplazamiento después de cobrar la cuota. De manera que ahora la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tiene que devolverla y no lo hará hasta la segunda quincena de mayo.

Los trabajadores por cuenta propia aportan 1.000 millones de euros con sus cuotas a la Seguridad Social cada mes, por ello el presidente ATA, Lorenzo Amor, se muestra rotundo “los autónomos no están para prestar al Estado”.

PROBLEMAS CON LOS ICO

El secretario general de ATA señala que se han dado varios problemas con los créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El primer tramo (de los 100.000 millones que va a facilitar el Gobierno) se puso sobre la mesa el lunes 6 de abril y se agotaron enseguida. Los primeros 20.000 millones de euros se comercializaron en apenas dos días.

Entonces el Ejecutivo dio luz verde al segundo tramo, otros 20.000 millones de euros. El primero se repartió a partes iguales entre grandes y medianas empresas, por un lado, y pymes y autónomos por el otro. El segundo se destina de forma íntegra a pymes y autónomos, con previsión de que beneficie a 1,3 millones de personas.

Entre los problemas que denuncian los autónomos está la venta cruzada “tuvimos varias denuncias de condiciones abusivas” donde obligaban al autónomo a contratar otros productos financieros “aunque fue puntual y no ha vuelto a suceder”.

Por otra parte, el retraso en los cobros. “Sabemos que la tramitación lleva tiempo, pero los autónomos necesitan liquidez porque no tienen cash para el día a día”. Según sus datos, algunos han cobrado pasados los 15 días, pero por norma general la mayoría no ha cobrado.

Y en tercer lugar, que algunas entidades no están respetando las condiciones del ICO y obligan al interesado a responsabilizarse por el 100% de la operación hasta que el Instituto contesta, pero el ICO solo avala el 80%. 

¿QUÉ DICE LA BANCA Y EL ICO?

La distribución de la línea de avales se lleva a cabo en función de la cuota de mercado de las entidades financieras, y los 6 grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia y Bankinter) disponen de la mitad del presupuesto.

En estas dos semanas las entidades financieras han concedido más de 116.000 operaciones por un importe de 11.700 millones de euros, lo que ha permitido la canalización de financiación hacia el tejido productivo de más de 15.100 millones de euros. El 99% de las operaciones aprobadas han sido dirigidas a autónomos y pymes, por un importe avalado de más de 9.000 millones de euros y una financiación total de casi 11.300 millones de euros.

Según explican fuentes del sector bancario a MERCA2 “tanto el ICO como los bancos están poniendo de su parte para que la financiación llegue lo antes posibles a pymes, autónomos y empresas”.

Los clientes se acercan al banco y solicitan el préstamo, a partir de ahí, si cumplen con los requisitos que fija el Gobierno se sigue adelante. Las entidades aplican su política de riesgo (según recoge el cuerdo) y se tramita el crédito. Si son más de 50 millones de euros es el Instituto de Crédito quien tiene que autorizar la operación. Después, los bancos inician la tramitación y cargan los datos en la plataforma informática de la entidad púbica que posteriormente tiene que revisar que esté todo en orden y dar la autorización para que el banco realice el desembolso.

En este sentido, desde el ICO reconocen que hubo más alboroto al principio por la cantidad de documentación que tenían que tramitar pero ahora tienen “todas las operaciones al día” y además es un proceso automático. De manera que depende de la política de cada banco si se hace antes o después el pago.