Alicante vuelve a someter a información pública la regulación de alojamientos turísticos

El Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a someter a información pública la Modificación Puntual n.º 52 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), después de introducir cambios en la propuesta para regular los alojamientos turísticos. El documento deberá continuar su tramitación y someterse a aprobación; el nuevo periodo de información pública no implica que la modificación ya esté aprobada.

La propuesta fija inicialmente en el 1,56 % por barrio el límite de viviendas de uso turístico respecto al total de viviendas. También restringe la transformación de edificios residenciales en otros alojamientos turísticos, con excepciones para la rehabilitación integral de edificios catalogados y para edificios completos declarados en situación legal de ruina, en este último caso solo en zonas de crecimiento controlado.

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Índices y zonas de regulación

La iniciativa divide la ciudad en 26 unidades funcionales, que se corresponden aproximadamente con los barrios, y establece tres escenarios según el Indicador de Presión de Alojamientos Turísticos (IPAT). Su valor medio actual es de 7,19 plazas turísticas por cada 100 habitantes y, según la propuesta, se revisará cada año con datos oficiales.

En las zonas de crecimiento controlado, con un IPAT inferior a 7,19, podrán instalarse nuevos alojamientos hasta alcanzar el límite de plazas correspondiente, si cumplen las condiciones aplicables. En las zonas de mantenimiento —entre 7,19 y 14,38, incluidos ambos valores—, las nuevas plazas o ampliaciones requerirán bajas previas de un número igual o superior de plazas en la misma unidad funcional, salvo excepciones previstas. En las zonas de decrecimiento, con un índice superior a 14,38, no se permitirán nuevas instalaciones aunque se produzcan bajas, salvo las actuaciones acogidas al régimen excepcional de excelencia turística.

La propuesta contempla además un régimen singular para actuaciones de especial interés estratégico vinculadas a la diversificación y desestacionalización turística o a la recuperación de edificios catalogados, sujeto a condiciones objetivas y justificación.

Vivienda y comercio de proximidad

Además del IPAT, las viviendas de uso turístico estarán sujetas al Índice de Sustitución de Viviendas por Alojamiento Turístico (ISVAT). Su referencia inicial será de 1,56 viviendas turísticas por cada 100 viviendas en cada unidad funcional, con actualización anual. Si se supera ese límite, no podrá implantarse otra vivienda turística en el barrio aunque la zona esté clasificada como de crecimiento controlado.

La propuesta establece que otros alojamientos turísticos, como hoteles, hostales y bloques de apartamentos, no podrán implantarse mediante la transformación de viviendas o edificios residenciales, salvo las excepciones previstas. También dispone que las plantas bajas de edificios destinados exclusivamente a alojamiento turístico se destinen a actividades abiertas al público, excepto los espacios necesarios para el funcionamiento del establecimiento. Asimismo, prohíbe instalar alojamientos de cualquier modalidad en las plantas bajas de los ejes de barrio y comerciales delimitados.

El texto incorpora un régimen transitorio para las actividades legalmente existentes y prevé un tratamiento específico para determinadas situaciones anteriores a la suspensión, entre ellas las que cuenten con informes municipales favorables de compatibilidad urbanística o certificados ECUV equivalentes, de acuerdo con los requisitos y plazos establecidos. También elimina la obligación de que las viviendas de uso turístico en edificios residenciales tengan acceso independiente.

Tramitación y control de plazas

El Ayuntamiento señala que los cambios se incorporan tras estudiar las alegaciones presentadas durante el anterior periodo de información pública y el informe de la Dirección General de Turismo de la Generalitat Valenciana. La propuesta vuelve ahora a información pública por el carácter sustancial de las modificaciones y después continuará su tramitación para su aprobación.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, defendió que las condiciones de implantación tengan en cuenta las necesidades de los barrios y protejan la vivienda residencial y el comercio de proximidad. También señaló que la regulación debe ofrecer seguridad jurídica a vecinos y a quienes desarrollan legalmente la actividad turística.

La modificación plantea un sistema municipal de control de las plazas turísticas disponibles mediante un certificado para comprobar los límites y reservar capacidad para nuevas implantaciones. En ámbitos residenciales unifamiliares que no formen parte de las 26 unidades funcionales, propone un máximo de una vivienda de uso turístico por manzana.


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