La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias trabaja en una respuesta para los propietarios que han consolidado el uso residencial en apartamentos de zonas turísticas. En el Parlamento, la consejera Jéssica de León sostuvo que esta cuestión «requiere diálogo y colaboración entre las distintas administraciones».
De León señaló que es necesario contar con los ayuntamientos, competentes en ordenación urbanística y conocedores de las circunstancias de cada municipio. También defendió que la actualización normativa tenga en cuenta una realidad presente desde hace décadas en los complejos turísticos del archipiélago.
Una regulación en preparación
La nueva regulación recogerá medidas dirigidas a los propietarios que hayan consolidado el uso residencial de sus propiedades, de manera que puedan quedar fuera de la explotación turística. También abordará otras situaciones, como las viviendas vacacionales ubicadas en suelo turístico.
La consejera recordó que reconocer el uso residencial consolidado requiere considerar las competencias municipales y comprobar si cada situación se ajusta al planeamiento urbanístico. En su intervención, se refirió a una sentencia del 5 de octubre de 2026 que, según explicó, vuelve a poner de relieve el papel de los ayuntamientos en la acreditación de estos usos.
«No nos gusta la ley, cambiémosla, es nuestro compromiso», afirmó De León, quien defendió adaptar la regulación para respetar la situación de los propietarios que actualmente residen en estos complejos.
Una futura ley turística
La propuesta forma parte de la elaboración de una nueva ley para el sector turístico canario. El texto unificará la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias.
La futura norma abordará, entre otros asuntos, la renovación de los establecimientos alojativos, la sostenibilidad, la calidad de la oferta y la ordenación de los usos del suelo turístico. Según la información difundida, su finalidad es compatibilizar la actividad turística con la calidad de vida de la población residente y preservar la competitividad de Canarias como destino.
La redacción de la futura normativa ha contado con una consulta pública, abierta en julio de 2025, y cinco mesas de trabajo con las dos universidades públicas canarias, en las que se recabaron 705 aportaciones.
