El TJUE avala la excepción ibérica y despeja el camino para el retorno del impuesto a las energéticas. Los magistrados de Luxemburgo han desestimado este jueves los recursos de casación de cinco industrias españolas contra el tope al gas de 2022 y contra la decisión de la Comisión Europea que lo autorizó. El fallo no toca el gravamen, pero desactiva el argumento jurídico que la gran industria venía usando contra cualquier intervención del Gobierno en el precio de la luz.
Las recurrentes eran PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España. Ninguna compra electricidad directamente en el mercado mayorista: la adquieren a través de un proveedor y habían cerrado acuerdos con pagos compensatorios por la diferencia entre el precio de mercado y el precio pactado. Su tesis era que el mecanismo las discriminaba frente a los grandes consumidores con acceso directo a la subasta diaria. El Tribunal de Justicia califica la premisa de ‘infundada’.
La sentencia aterriza en mitad del debate político. El Gobierno estudia la fórmula para reimplantar el gravamen temporal que ya se aplicó durante dos ejercicios y cuya continuidad está sobre la mesa. La respuesta de Bruselas a la excepción ibérica —primero la Comisión, ahora el TJUE— debilita el relato de que cualquier intervención española sobre los precios energéticos choca con el derecho comunitario.
El mecanismo validado consistía en pagos a los operadores de centrales de gas, carbón y cogeneración situadas en la península que no se benefician de una tarifa regulada, para cubrir parte de sus costes de combustible. Al reducir el coste de las plantas que marcan el precio marginal, la medida pretendía rebajar las ofertas del mercado diario y, con ellas, el precio mayorista. Se activó con una referencia media de 40 euros/MWh y una compensación a cargo de los consumidores beneficiados.
Bruselas no formuló objeciones. Consideró que la ayuda notificada era compatible con el mercado interior, que la exención no confería una ventaja selectiva y que la medida resultaba necesaria, adecuada y proporcionada. El Tribunal General ya desestimó el recurso de las industrias; ahora el Tribunal de Justicia confirma aquella sentencia en casación.
El fallo no valida el impuesto, valida el tope al gas. Pero desactiva el argumento de la gran industria contra toda intervención en el precio de la luz.
La sala también ha rechazado el intento de introducir pruebas nuevas aportadas el 10 de agosto de 2023, posteriores a la decisión de la Comisión. La legalidad de un acto de la Unión se juzga con los elementos existentes en la fecha en que se adoptó, recuerda el tribunal. Tampoco prospera la queja sobre el acceso al expediente: las recurrentes no identificaron los documentos ni aportaron un mínimo de elementos que demostraran su utilidad. Un cierre procesal en toda regla, según la base de jurisprudencia del TJUE.
El mercado descuenta el fallo: el riesgo real es la letra pequeña del nuevo gravamen
El fallo no mueve caja en el corto plazo, y esa es la primera clave para entender la reacción contenida de Iberdrola, Endesa y Repsol. Lo que de verdad pesa en la valoración es la arquitectura del tributo: un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios para los operadores energéticos que facturan más de 1.000 millones de euros. Cada décima de tipo se traduce en decenas de millones para el conjunto de las tres cotizadas.
El mercado ya ha descontado este riesgo dos veces: la primera con la creación del gravamen, la segunda con cada amago de prórroga. La variable que manda ahora no es la sentencia de Luxemburgo, sino la redacción del texto que salga del Consejo de Ministros. Si se mantiene el tipo y se recupera la deducción por inversiones estratégicas, el golpe al beneficio por acción queda acotado. Si la deducción desaparece o se endurece, el impacto se duplica y la lectura cambia por completo.
La mayoría de las industrias recurrentes consideraba, además, que el tope encarecía su factura por una vía indirecta: la compensación se paga con cargo a los consumidores. Esa objeción no ha sido atendida, y conviene no perderla de vista, porque es exactamente el mismo reproche que el sector energético trasladará al nuevo impuesto.
De la excepción ibérica al tributo permanente: lo que se juega el IBEX
Conviene separar dos cosas que el ruido político mezcla. La excepción ibérica fue una medida de emergencia, acotada en el tiempo, diseñada para una crisis concreta y financiada por los propios consumidores que se beneficiaban de ella. El impuesto a las energéticas es otra cosa: un gravamen sobre ingresos, con vocación de permanencia, que no compensa nada y que recae sobre compañías obligadas a financiar la transición energética con su propio balance. El TJUE no ha bendecido lo segundo. Solo ha dicho que lo primero no era una ayuda de Estado ilegal.
La distinción importa porque el marco inversor español se juega en ese margen. El PNIEC sitúa la generación renovable en el 81% del mix eléctrico en 2030, y ese objetivo lo financian, en buena medida, las mismas compañías a las que se grava. España es hoy el único gran mercado europeo con un tributo de este tipo sobre los ingresos energéticos; Alemania y Francia no lo tienen. Esa asimetría se paga en múltiplo: las utilities españolas cotizan con descuento frente a sus comparables del Eurostoxx 50, y el descuento no se cierra mientras el marco regulatorio cambie cada dos ejercicios.
Hay una contradicción de fondo que el fallo no resuelve. El Gobierno necesita recaudar y necesita, a la vez, que las eléctricas ejecuten un plan de inversión que las propias compañías cifran en decenas de miles de millones hasta 2030. Un gravamen sobre ingresos reduce la capacidad de autofinanciación justo cuando el coste del capital sigue por encima de la media de la última década. Las cotizadas no han tardado en recordarlo cada vez que el debate se reabre.
No creo que el fallo cambie la cotización del sector por sí mismo. Sí creo que cambia el tono del debate: la industria pierde el recurso más cómodo, el de la legalidad europea, y tendrá que discutir el impuesto en el terreno que peor le conviene, el político. A partir de aquí, la pelota está en el Congreso y en los tribunales españoles, no en Luxemburgo. El texto legal que se tramite puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado en cuanto se publique.
Existe un escenario que el mercado empieza a considerar y que conviene vigilar. Si el nuevo texto nace con vocación de permanencia y sin compensaciones, las eléctricas trasladarán parte del coste a las subastas y a las tarifas reguladas, y el consumidor acabará pagando el tributo por la vía del recibo. Ese es el riesgo tangible, mucho más que el fallo de este jueves.
El próximo hito tiene calendario parlamentario, no judicial: el texto que el Gobierno remita a las Cortes. Hasta entonces, el sector cotizará con la prima de incertidumbre regulatoria que arrastra desde hace tres ejercicios.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: Sin reacción significativa ni atribuible a la sentencia en Iberdrola, Endesa y Repsol, porque el fallo afecta a terceros y no mueve caja. La referencia válida es el tipo del 1,2% sobre la cifra de negocios, que en el conjunto de las tres grandes se mueve en el entorno de los 1.000 millones de euros anuales si se aplica sin deducciones.
Clave técnica: El diferencial no está en el precio, está en el múltiplo. Mientras el gravamen no tenga calendario cierto, las utilities españolas no cerrarán el descuento frente al Eurostoxx 50. El suelo de valoración pasa por descontar un tipo efectivo del 1,2% con deducciones por inversión; sin ellas, el castigo en múltiplo se amplía y el dividendo queda en riesgo.
Apunte macro: El canal no es la prima de riesgo soberana, es el coste de la energía. El tope se diseñó con una referencia de 40 euros/MWh en plena crisis; cualquier nuevo gravamen llegará con el gas en otro escenario y sin la coartada de la emergencia. España es el único gran mercado europeo con un tributo así, y esa asimetría frente a Alemania y Francia se paga en cada ampliación de capital del sector.
