Barcelona apagará el 31 de diciembre las bicis compartidas privadas y Cooltra, que celebra veinte años, responde extendiendo ese negocio por Europa. La compañía nacida junto a la Sagrada Família gestiona más de 30.000 motos eléctricas y factura 63 millones de euros al año.
La paradoja tiene miga. La empresa que ayudó a normalizar el alquiler de motos por minutos afronta la retirada forzosa de sus bicicletas en la ciudad que la vio nacer, justo cuando las despliega en Francia y Países Bajos. Cooltra cumple dos décadas con presencia en los siete países europeos donde opera y una cuota superior al 50% en el negocio del motosharing, el alquiler de motos por minutos: Roma, París, Madrid y Milán son sus plazas fuertes fuera de Barcelona.
Todo empezó en un garaje cerca de la Sagrada Família, con Timo Buetefisch y sus socios alquilando scooters a turistas y a conductores con la moto en el taller. En 2016 llegó el salto con un sistema pionero de alquiler por minutos, la fórmula que entonces se describía como un Bicing motorizado y eléctrico. Diez años después, tres operadores se reparten el mercado en el continuo urbano de ocho municipios del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Veinte años después, la moto compartida ya no se discute: la bici sí
El negocio de la bici va por otro camino. Aporta alrededor del 10% de la facturación, aunque la dirección maneja un escenario del 40% a medio plazo. El argumento económico es sencillo: más autonomía que un patinete, seguro más barato y ningún carnet en el bolsillo. A eso se suma que el patinete compartido, en el que Cooltra nunca entró, se ha ido replegando en las ciudades occidentales tras acumular imágenes de artilugios tirados en las aceras.
En Barcelona el calendario está cerrado. El Ayuntamiento de Barcelona extingue las licencias el 31 de diciembre y desde esa fecha prohíbe la actividad de las bicis compartidas privadas, con el argumento de que es un producto para turistas que genera problemas graves de aparcamiento. La compañía lo desmiente y sostiene que solo el 0,19% de sus viajes acaba con alguna incidencia.
Barcelona fue pionera en ordenar la moto compartida y ahora retira un vehículo más ligero: la contradicción no es de Cooltra, es del modelo.
‘En lugar de regular, han decidido prohibir’, resume Buetefisch, que pide al AMB replicar con las bicis el esquema que ya funciona con las motos: pocos operadores, flotas grandes y una alternativa real al Bicing. La lectura de la empresa es que la movilidad sostenible es una carrera larga y que retirar un vehículo ligero del tablero no resuelve el problema del espacio público, solo lo desplaza.
El dato de incidencia que esgrime la compañía merece un matiz. Mide viajes cerrados con problema, no bicicletas mal estacionadas, que es exactamente lo que el consistorio pone encima de la mesa. Son dos métricas distintas y ninguna mide lo mismo. Sobre esa asimetría se ha construido una decisión política que llega después de años sin un marco metropolitano para el sector.
Kleta, renting y policías: el negocio que no depende del permiso municipal
Cooltra no vive solo del minuto. El año pasado compró Kleta, una plataforma de alquiler mensual de bicis con más de 1.300 usuarios en Barcelona, y mantiene el renting de motos para policías locales como las de Sant Cugat, Badalona, Murcia y Salamanca. Parte de la flota de los Mossos también es suya. La pata más rentable, sin embargo, es la empresarial: repartidores de Just Eat, vigilantes de Prosegur, y un centenar de sectores distintos circulan con sus motos. Ese negocio aporta ya el 25% de los 63 millones de facturación anual.
La expansión europea sigue su curso. Francia y Países Bajos son los mercados donde la bici compartida crece con más fuerza y donde la empresa quiere repetir el manual que ya aplicó a las motos: entrar, consolidar flota y quedarse cuando el resto se cansa. La pregunta que sobrevuela el sector es si ese mismo esquema aterrizará antes en Madrid, Valencia o Sevilla que en Barcelona.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El impacto inmediato es de calendario. Quien use una bici compartida privada en Barcelona tendrá que buscar alternativa a partir del 1 de enero de 2027, cuando ya no quede ninguna licencia viva. El Bicing y el transporte de superficie absorben esa demanda sin que el consistorio haya anunciado refuerzo de flota para compensar la salida privada.
Zona cero: el continuo urbano de los ocho municipios del AMB, donde el modelo de motos funciona con tres operadores y donde la bici podría haber seguido el mismo camino si el Ayuntamiento hubiera aceptado regular en lugar de extinguir. El dato que resume la tensión es ese 10% de facturación frente al 40% proyectado: la prohibición no amenaza la cuenta de resultados, pero sí el relato industrial de la compañía.
Hay precedente. Los patinetes compartidos se replegaron entre 2019 y 2021 después de que varias ciudades pasaran de la tolerancia al cierre; París los expulsó en referéndum en 2023 y Londres optó por flotas topadas y concurso público. Trasladar ese esquema a Madrid, Valencia o Sevilla exigiría una autoridad de transporte metropolitana con competencias reales sobre el espacio público, algo que en Cataluña existe sobre el papel y que hasta ahora solo se ha usado para las motos.
El punto débil del argumento de Cooltra es que su tasa de incidencia la calcula la propia empresa, y su receta —pocos operadores, flotas grandes— funciona como barrera de entrada para quien llegue después. Eso sí, el modelo de las motos ha demostrado en Barcelona algo poco frecuente: que una actividad molesta puede ordenarse sin desaparecer. La pelota está en el AMB. El próximo hito tiene fecha: 31 de diciembre, último día de licencias. A partir de ahí, la ciudad sabrá si ha ganado aceras o ha perdido una alternativa.
