El Senado arrastra media legislatura la etiqueta de cámara decorativa. En su último análisis, Juan Ramón Rallo sostiene que ese juicio caduca el 29 de noviembre: la batalla por el Senado no va de quién aprueba las leyes, sino de quién nombra a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y ahí, dice, el PSOE ha movido ficha primero.
Un pacto registrado a última hora del 16 de octubre
El calendario manda. La disolución de las Cortes se publicó en el BOE el 6 de octubre y abrió diez días para registrar coaliciones. El reloj se agotó el viernes 16 a medianoche. En ese margen, las fuerzas a la izquierda del PSOE no cerraron un acuerdo conjunto para el Congreso, pero el Frente Amplio sí firmó con los socialistas una alianza limitada al Senado, según relata Rallo.
La coalición se llama Senado de Progreso e integra al PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, la Chunta Aragonesista y Batzarre, con pactos específicos en Baleares y La Gomera. Competirán juntos en 47 circunscripciones con la misma fórmula en casi todas las provincias: dos candidatos socialistas y un tercero de las fuerzas aliadas, que en la Comunidad Valenciana corresponde a Compromís, Iniciativa del Poble Valencià y Esquerra Unida según la provincia. Quedan fuera Cataluña, Canarias salvo La Gomera y Podemos.
Rallo no cree que el registro de madrugada respondiera a una negociación agónica. Su lectura es otra: la izquierda esperó hasta el final para que la derecha no tuviera tiempo de reaccionar y registrar una coalición propia en el Senado. Sino lo hizo fue por falta de tiempo o, como veremos, porque no lo necesitaba.
Por qué el Senado decide mucho más que las leyes
Porque el sistema de elección premia al ganador. Se eligen 208 senadores en las urnas: cuatro por provincia peninsular, tres por isla grande, uno por isla pequeña y dos en Ceuta y Melilla. Cada elector marca hasta tres nombres, incluso de partidos distintos, y salen los más votados. Con ese voto limitado, quien gana una provincia se lleva tres escaños y el segundo solo uno.
La aritmética que plantea el canal es sencilla. Imagine una provincia donde el PP suma el 35%, el PSOE el 30%, Vox el 15% y la izquierda del PSOE el 10%. Por separado, el PP se queda tres senadores y el PSOE uno. Fundidas en una sola candidatura, esas mismas papeletas darían tres senadores al bloque de izquierdas y uno al PP. Los votos no cambian. El reparto, sí.
La coalición de izquierdas no está pensada para ganar el Senado, sino para impedir que la derecha lo gane por tres quintos.
— Juan Ramón Rallo
De ahí el interés. Un informe interno del PSOE que cita Rallo estimaba hasta 40 senadores más con candidaturas unitarias. La izquierda no aspira a gobernar la Cámara alta: le basta con quitarle a la derecha el umbral que convierte el Senado en algo decisivo.
El premio real: cuatro sillones del Constitucional
El Senado propone cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional y para hacerlo necesita mayoría de tres quintos, esto es, 160 senadores. Esas cuatro plazas están caducadas desde el 17 de diciembre de 2025 y las ocupan hoy dos magistrados del bloque progresista, entre ellos el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y María Luisa Balaguer, y dos del conservador. La próxima legislatura deberá renovarlas.
Con mayoría de tres quintos, la derecha elegiría a esos cuatro nombres y daría la vuelta a la mayoría actual del tribunal. Sin ella, tendría que pactar con el PSOE, aceptar un reparto de dos y dos o asumir que los socialistas bloqueen la renovación y todo siga como está. La coalición no busca nombrar; busca impedir que nombre el adversario.
El mecanismo se repite en 2029 con el Consejo General del Poder Judicial, donde el Senado escoge por tres quintos a diez de sus veinte vocales y que a su vez designa a dos magistrados del Constitucional. Rallo subraya que, sin pasar por el Senado, la mayoría progresista podría enquistarse años: la siguiente tanda llegaría en noviembre de 2028 por el Congreso y otra en junio de 2031.
La consecuencia práctica es incómoda para la derecha. Un Gobierno de PP y Vox podría ganar con holgura y gobernar con el freno puesto: cualquier ley de calado acaba en el Constitucional y para recurrirla bastan 50 diputados, 50 senadores, el Defensor del Pueblo o un gobierno autonómico. Rallo describe un tribunal con siete de doce magistrados en el bloque progresista y afirma que responden a las tesis del PSOE. Política migratoria, educación o política lingüística pasarían por ese filtro.
La derecha todavía puede contraatacar
El plazo de las coaliciones está cerrado, pero el de presentar candidaturas termina el 26 de octubre. Ahí, sostiene Rallo, el PP y Vox no necesitan coaligarse: basta con coordinarse para maximizar el voto del bloque. En las provincias donde la suma de ambos altera el reparto, uno de los dos puede no presentarse, o el PP alinear a dos candidatos y Vox a uno para que el votante de derechas marque los tres nombres sin renunciar a ninguno.
La señal política también es distinta. Sánchez se coaliga porque no le bastan sus votos; la derecha se coordina porque reacciona. Santiago Abascal publicó un mensaje en el que hablaba de tranquilidad, responsabilidad y de hacer lo necesario para que España no dependa de Sánchez ni de sus socios, un gesto que el canal interpreta como antesala de esa coordinación.
Tampoco conviene dar por hecho que sumar siempre suma. Rallo advierte de que un votante socialista moderado puede dejar en blanco el tercer nombre si el candidato es de Izquierda Unida o de Compromís, y de que un votante situado a la izquierda del PSOE puede negarse a marcar las papeletas socialistas. Esos votos que bailan son los que deciden en la mayoría de las provincias.
Y hay un precedente. En el año 2000, el PSOE de Joaquín Almunia y la Izquierda Unida de Francisco Frutos pactaron candidaturas coordinadas al Senado en una treintena de provincias, con dos senadores socialistas y uno de IU. El resultado fue mayoría absoluta de Aznar, 127 senadores del PP y el peor resultado del PSOE en 21 años.
Lo que de verdad se juega el 29-N
Contexto: el PP ejerció su mayoría absoluta en el Senado durante la legislatura que ahora termina y no le sirvió para tumbar la ley de amnistía; el veto decayó en el Congreso y la norma salió adelante. Esa experiencia explica por qué la cámara alta se percibe como irrelevante. Y explica también por qué a la derecha le urge recuperar el control del calendario institucional de los próximos tres años.
La lectura editorial es esta. El 29 de noviembre los ciudadanos no eligen solo a sus representantes: eligen quién nombra a los árbitros. La mayoría de tres quintos en el Senado es un poder de bloqueo que se ejerce una vez y dura una década. Si la izquierda logra que la derecha no llegue a 160 senadores, el coste no aparecerá en las portadas de noviembre sino en las sentencias de 2029 y 2031. Rallo no afirma que la partida esté perdida para el PP y Vox; sostiene que empezó antes de lo que muchos creían y que se juega en los despachos, no en los mítines.
Queda la pregunta de fondo, la que no se responde en una noche electoral: ¿debe una cámara que apenas legisla decidir durante una década quién interpreta la Constitución? El 29-N, sin aspavientos, se vota también eso.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de Juan Ramón Rallo en YouTube.
