La inflación de España ha dejado de compararse con Alemania. Los registros que maneja la oficina estadística europea la colocan en el mismo grupo que Rumanía, Lituania o Bulgaria, y ya no en el de Francia o Italia. El 5% de septiembre, el peor dato entre las grandes economías del continente según recoge Radio Intereconomía, no es un mal mes. Es un cambio de categoría.
Radio Intereconomía lo planteó esta semana con una frase que funciona como diagnóstico: la inflación española es comparable a la de Rumanía, Lituania o Bulgaria, no a la de Alemania, Francia o Italia. Hay retórica en el envoltorio, pero el fondo aguanta la poda. El diferencial con la eurozona dejó de estrecharse hace trimestres y el relato oficial sigue anclado en la foto de 2019, cuando la economía española se movía en la parte baja de la tabla de precios europea.
España cambia de grupo en el mapa de precios europeo
El índice de referencia que usa Bruselas para comparar es el armonizado (IPCA), el mismo que publica Eurostat. Ahí la brecha se ve mejor que en el dato nacional: mientras la media de la eurozona se ha ido acercando al objetivo del 2% que fija el BCE, la economía española se ha quedado atrás en la última milla, que es siempre la más difícil.
Tres componentes explican buena parte de la distancia. El primero es la energía, con una base de comparación que ya no juega a favor. El segundo, los servicios: bares, hoteles, seguros y ocio suben con una inercia que el enfriamiento del consumo no ha corregido. El tercero, la alimentación. Ninguno de los tres responde a un fenómeno de un solo mes.
Hay una paradoja incómoda en el centro del asunto. España viene creciendo por encima de la media de la eurozona, crea empleo a un ritmo que ya quisieran Berlín o Roma y, sin embargo, registra los precios más caros del club. Crecer más con una inflación más alta se paga: la competitividad se mide en precios relativos, no en producto interior bruto.
El efecto llega antes a la nómina que al boletín estadístico. Las pensiones se revalorizan con el IPC medio anual, de modo que un diferencial persistente se convierte en gasto estructural. Y las cláusulas de revisión que se negocian para 2027 en sectores como la hostelería o el transporte de mercancías volverán a meter la inflación en la mesa de negociación.
Un diferencial de precios que se instala durante dos años deja de ser un susto coyuntural y se convierte en una pérdida de competitividad que se paga en márgenes.
Los alimentos, el componente que no termina de ceder
España es el segundo país de la Unión donde más suben los precios de la alimentación, un ranking que lleva meses sin moverse. Los alimentos son hoy uno de los componentes que más presionan la cesta y, a diferencia de la energía, no tienen válvula de escape rápida: ni se deslocalizan ni se sustituyen por importaciones baratas cuando el coste laboral y el transporte empujan en la misma dirección.
La secuencia de los últimos dos años tiene lógica interna. La rebaja del IVA a los alimentos básicos que se aprobó en 2023 y se retiró a finales de 2024 dejó de amortiguar la factura. Las cadenas de distribución trasladaron a la estantería lo que pudieron del resto de costes, y el resultado es un índice que se modera en el titular general y se resiste en la parte de la cesta que el consumidor mira todos los días.
Conviene separar dos cosas que la conversación pública mezcla. Una es la inflación, que mide cuánto suben los precios cada mes. Otra es el nivel de precios, que mide cuánto han subido desde 2019. España ha recuperado terreno en la primera y sigue arrastrando la segunda: aunque el IPC se modere, la cesta no vuelve a los valores anteriores a la pandemia.
La factura de perder el diferencial
Mi lectura es que el problema no se resuelve esperando. Un país con una inflación estructuralmente superior a la de sus socios comerciales exporta lo mismo más caro y compite con un tipo de cambio que no tiene margen para ajustar, porque no tiene moneda propia. En turismo, eso se compensa con volumen. En manufactura, no.
El contrapeso existe y conviene no ignorarlo. España vende servicios a una Europa que envejece y viaja, y su mercado laboral ha absorbido el golpe mejor de lo que auguraban los agoreros. Si el diferencial se cerrara en 2027, esta conversación cambiaría en un trimestre.
La duda legítima es otra. Con la política monetaria llegando al final de su recorrido y el BCE sin margen para tratar a España distinto que a Alemania, el ajuste tiene que venir del lado fiscal y de la productividad. Ahí no hay anuncio que valga: es la inversión que no se hizo en la década pasada.
Los próximos hitos dirán mucho. El dato adelantado de octubre que publica el Instituto Nacional de Estadística antes de que acabe el mes marcará la tendencia del último trimestre, y Eurostat confirmará el armonizado a mediados de noviembre, con la campaña de Navidad ya en marcha. Si la alimentación cede en esos dos registros, el titular del cambio de grupo se quedará en anécdota. Si no cede, habrá dejado de ser noticia para instalarse como rasgo.
