El sobrecoste energético de los supermercados españoles alcanza ya los 130 millones de euros. La cifra crece a un ritmo de 25 millones más al mes entre luz y gasóleo desde el inicio de la guerra de Oriente Medio, y el Gobierno no ha articulado ninguna compensación.
No es un dato que figure en ningún boletín oficial. Es el resultado de sumar, mes a mes, la diferencia entre lo que el comercio alimentario pagaba por energía antes del conflicto y lo que desembolsa ahora. Los supermercados operan con márgenes brutos estrechos, volúmenes enormes y una cesta de la compra que el consumidor vigila al céntimo, así que cualquier movimiento en la factura energética se nota aquí antes que en casi cualquier otro sector.
130 millones acumulados y 25 más cada mes
La factura energética del comercio alimentario se compone de tres partidas que se mueven casi en paralelo: la electricidad de tiendas y almacenes, el gasóleo de la flota de reparto y el coste de la refrigeración. Energía y carburante son los dos grandes vectores. La luz para iluminar una gran superficie o mantener las cámaras frigoríficas a temperatura estable, y el diésel que mueve miles de camiones cada día para que un producto fresco llegue a la estantería.
Cuando el precio mayorista de la electricidad y el del diésel suben a la vez, el impacto se acumula. Cada mes de conflicto añade esos 25 millones de euros a la cuenta, hasta rozar ya los 130 millones. Ninguna cadena ha trasladado ese incremento íntegro al precio final: una parte se ha absorbido vía margen y otra se ha compensado con ajustes logísticos.
La distribución alimentaria es un negocio de volumen. Se gana poco por cada unidad vendida, pero se venden millones de unidades al día. Eso significa que la factura energética pesa mucho más de lo que sugiere su tamaño relativo, porque el margen neto de una cadena media ronda el 2% o el 3% de la facturación. Un sobrecoste que crece cada mes, aunque parezca pequeño en términos absolutos, se come buena parte de ese colchón.
Un supermercado no puede apagar la cámara frigorífica para ahorrar: el sobrecoste energético no es una elección estratégica, es una factura que llega sola.
El precio de los alimentos, bajo la lupa de la CNMC
El escenario se complica porque la presión energética coincide con una vigilancia reforzada sobre el precio de los alimentos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se prepara para monitorizar la evolución de la cesta de la compra, una tarea que coloca a las cadenas ante un dilema. Si suben precios para cubrir el sobrecoste, quedan expuestas al escrutinio público y regulatorio; si no lo hacen, el margen se resiente.
La guerra de Oriente Medio ha golpeado al mismo tiempo dos insumos que no se pueden apagar por decreto. Una cámara frigorífica no admite vacaciones, y un camión que reparte productos perecederos no puede esperar a que el mercado energético se calme.
Las cadenas más expuestas son las que compiten por precio. Un grupo con miles de referencias y márgenes de un dígito no tiene mucho colchón para digerir una subida sostenida de la luz y del gasóleo sin tocar la etiqueta. Y tocar la etiqueta, en alimentación, es la línea roja que ningún operador quiere cruzar con la administración mirando.
Un sobrecoste que reabre el debate de la ayuda pública
Hay un precedente que conviene recordar. Durante la crisis energética de 2022, tras la invasión de Ucrania, el Gobierno sí aprobó medidas para amortiguar el golpe en el transporte, la industria y el comercio, con rebajas fiscales y ayudas directas al combustible profesional. Ahora, con la guerra de Oriente Medio, el patrón se repite, con precios al alza y márgenes a la baja, pero la respuesta política no ha llegado.
Cuesta sostener en el tiempo una contradicción así. El mismo Ejecutivo que reclama contención en el precio de los alimentos deja que las cadenas carguen solas con un sobrecoste de 130 millones. Es cierto que las grandes superficies no son un sector débil ni necesitado de rescate, y ahí está el argumento de quienes creen que el mercado debe ajustarse solo. Pero el comercio alimentario es también una infraestructura crítica: si el eslabón de la distribución se tensiona, el precio llega igualmente al consumidor, solo que por otra vía.
La variable que puede dar la vuelta a la situación es el propio conflicto. Si Oriente Medio se desescala y los mercados energéticos se normalizan, el sobrecoste dejaría de crecer automáticamente y las cadenas podrían empezar a recuperar margen sin tocar precios. Mientras eso no ocurra, la única pregunta que importa es quién paga la factura: la distribución, el consumidor o el contribuyente.
El siguiente dato relevante será el del índice de precios de los alimentos. El INE publicará su próxima lectura del IPC a mediados del próximo mes, y ahí se verá si el sobrecoste energético ha empezado a trasladarse a la cesta de la compra. Si los precios aguantan, querrá decir que las cadenas están sacrificando margen. Si suben, la pelota volverá al tejado del Gobierno. Ninguna de las dos opciones es cómoda, y ambas dejan la misma pregunta abierta: cuánto tiempo puede el sector absorber en solitario una factura que no controla.
