Junts ha registrado preguntas en el Parlament exigiendo al Govern que aclare el doble cargo de Òscar Playà en Rodalies de Catalunya y en la nueva empresa mixta del servicio ferroviario catalán.
La diputada Judith Toronjo ha presentado una batería de preguntas ante la Mesa de la Cámara catalana para saber si Playà continuará ostentando de forma simultánea la dirección operativa de Rodalies de Catalunya —en manos de Renfe— y el puesto de consejero delegado de la nueva sociedad mixta. El detonante es el informe jurídico de la Abogacía del Estado que, según adelantó La Vanguardia el viernes, considera incompatible esa combinación y la califica de ‘conflicto de interés de carácter estructural’.
Qué dice el informe que incomoda al Govern
El dictamen, solicitado por el departamento de Territori y derivado desde Renfe a los servicios jurídicos del Estado, sostiene que asumir una segunda función ejecutiva en otra empresa pública rompe el régimen de dedicación exclusiva que Playà ya mantiene en Rodalies de Catalunya. Es un informe no vinculante, pero suficiente para que Junts haya activado la maquinaria parlamentaria.
Las preguntas van más allá del caso concreto. La formación independentista quiere saber por qué el Govern no encargó el dictamen a los servicios jurídicos de la Generalitat, siendo como es el titular del servicio. Territori optó por pedirlo a Renfe y la ferroviaria lo derivó a la Abogacía del Estado. Para Junts, esa ruta administrativa deja demasiadas incógnitas sobre quién manda realmente en el sistema.
Las dudas internas y el silencio sobre el origen del dictamen
El doble cargo ha generado reticencias internas entre los trabajadores del servicio, según reconocen fuentes sindicales del sector consultadas por este medio. No es un asunto menor. Rodalies arrastra desde enero una situación estructural tensa, con incidencias recurrentes en las líneas de Barcelona y su área metropolitana y con el traspaso de competencias en marcha. La empresa mixta —participada por la Generalitat y Renfe— es la pieza clave de ese nuevo modelo.
Playà dijo en una entrevista radiofónica el pasado 7 de octubre que no tenía al Ministerio de Transportes como interlocutor. Junts pregunta ahora por qué, disponiendo de dos cargos, no puede tener interlocución directa con el Ministerio ante una situación que el propio Parlament ya ha calificado de grave. La pregunta de fondo, no explicitada, es otra: quién responde políticamente cuando el servicio falla.
El doble cargo de Playà no es una anomalía administrativa menor, es el síntoma de una arquitectura ferroviaria que aún no ha decidido quién manda.
Renfe, Rodalies de Catalunya, Territori, Mitma y Adif forman un puzzle de cinco piezas con competencias que se solapan. La interlocución entre ellos es, según fuentes del sector, más informal de lo que los organigramas sugieren. Junts quiere por escrito cómo funciona ese flujo antes de que la empresa mixta arranque definitivamente.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El impacto inmediato para el usuario de Rodalies es indirecto, pero real. Un director con dedicación exclusiva a la vez en dos estructuras ejecutivas, una de ellas en pleno proceso de constitución, no es una fórmula estable. Los conflictos de interés estructurales no se notan en en el primer tren que se cancela, sino en la suma de decisiones pequeñas: prioridades de inversión, turnos, contratación, urgencias en la vía.
La zona cero es Cataluña y, dentro de ella, el área metropolitana de Barcelona, donde se concentra el grueso de la red que Rodalies de Catalunya seguirá operando bajo supervisión de la Generalitat. El precedente es nítido: cada vez que el traspaso ha pisado un escollo administrativo, la respuesta institucional ha tardado meses. El dato que resume el ruido es sencillo: dos cargos, dos empresas, un solo director, y un informe estatal que dice que no se sostiene.
El patrón es claro. Junts ha convertido el caso en pista para avanzar hacia una pregunta mayor: si la Generalitat no resuelve un conflicto de dedicación exclusiva dentro de su propia casa, qué garantías hay de que gestione íntegramente el servicio. La respuesta del Govern en los próximos plenos será la primera prueba. El calendario apremia: la Cámara tiene que responder por escrito a la batería registrada antes de que acabe el periodo de sesiones.
