
El BOE (Boletín Oficial del Estado) publicó una serie de cambios en las cotizaciones a la Seguridad Social con efectos desde el 1 de enero. Tres meses de nóminas ya liquidadas, tres meses de declaraciones ya presentadas y ahora la obligación de rehacerlo todo desde cero. Borja Pascual, empresario y faro para muchos autónomos, asegura que esto no es un error puntual, sino un patrón que se repite año tras año.
Lo que más indigna a Pascual no es el cambio en sí mismo sino la forma en que se impone. La administración traslada al autónomo y a la pyme una carga administrativa que no les corresponde, sin tiempo suficiente para adaptarse y sin ningún tipo de compensación. Y lo hace, además, con carácter retroactivo.
Un decreto que llega tarde y obliga a rehacerlo todo
El principal problema que señala Pascual es tan sencillo como demoledor. Si una norma entra en vigor el 1 de enero, lo razonable es que esté publicada antes de que acabe el año anterior. Eso permitiría que cada autónomo, cada gestoría y cada pequeña empresa tuviera tiempo de ajustar sus sistemas, recalcular sus nóminas y preparar las liquidaciones correctamente. Sin embargo el decreto se publicó el 30 de marzo y exige que sus efectos se apliquen desde el primer día del año.
Los cambios concretos que recoge el BOE son varios. La base máxima de cotización sube a 4.510,20 euros mensuales lo que supone un incremento del 3,9% respecto a 2025. Eso significa que hay trabajadores que ya superaron el antiguo límite y cuyas nóminas de enero, febrero y marzo deberán ser recalculadas y complementadas.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional también sube y pasa al 0,9% repartido entre empresa y trabajador. Al afectar a la totalidad de los contratos obliga a revisar absolutamente todas las nóminas sin excepción. A esto se suma la Cuota de Solidaridad para quienes superen la base máxima y la actualización de las bases mínimas diarias para categorías como oficiales de primera o peones que quedan fijadas en 47,48 euros.
El plazo para regularizar todo esto es de aproximadamente un mes desde la publicación del decreto. Es decir que autónomos y gestorías tienen semanas para corregir un trabajo de tres meses mientras siguen atendiendo el resto de sus obligaciones cotidianas.
El autónomo como gestor gratuito del Estado

Borja Pascual lleva años denunciando lo mismo y los datos le dan la razón. Según el empresario, España cuenta con uno de los ratios más altos de Europa en funcionarios por habitante y aun así buena parte de la gestión administrativa recae sobre el autónomo y la pequeña empresa sin retribución de ningún tipo.
El cobro del IVA, las declaraciones trimestrales, las cotizaciones a la Seguridad Social: todo ese trabajo lo asume quien tiene un negocio mientras intenta encontrar tiempo para lo que realmente importa que es crecer y generar riqueza.
Lo que ocurre con este decreto no es un caso aislado. Pascual recuerda que el salario mínimo interprofesional llegó a publicarse con seis meses de retraso obligando a aplicar sus efectos de forma retroactiva. Ocho años consecutivos de reglamentos que llegan tarde, de normas que se aprueban después de que empiece su período de vigencia y de autónomos que deben asumir las consecuencias de una planificación que nunca llega.
La situación de los autónomos societarios añade otro frente al problema. A ellos sí se les aplicó la subida de cuota mínima dentro del nuevo sistema de ingresos reales mientras que al resto de autónomos el ajuste quedó paralizado por falta de acuerdo con las asociaciones del sector. El resultado es una aplicación desigual que genera más confusión y más trabajo adicional para quienes ya tienen demasiado en el plato.
Para Pascual el fondo de la cuestión va más allá del dinero o de las horas perdidas. Cambiar las reglas cuando el partido ya terminó atenta directamente contra la seguridad jurídica. El autónomo acepta unas condiciones y organiza su negocio en función de ellas. Que meses después llegue un decreto a modificar lo que ya estaba cerrado no es solo una molestia administrativa. Es una falta de respeto que se repite sin consecuencias y sin que nadie asuma la responsabilidad.





