La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado su visita a A Coruña para presentar una nueva estrategia que busca atacar dos frentes a la vez: la vulnerabilidad de los jóvenes migrantes y la falta de mano de obra en sectores estratégicos. No es una medida aislada, ya que el plan se integra dentro de un paquete de políticas de regularización y empleo que Díaz ha vinculado directamente a la formación cualificada de la población migrante.
La puesta en marcha, que se llevará a cabo desde el Ministerio de Trabajo, cuenta con una inversión inicial de 35 millones de euros dividida en tres ejes. El primero, dotado con 25 millones, pone el foco en los jóvenes de entre 16 y 18 años. Los otros 10 millones restantes se repartirán entre el sector de la construcción para la cualificación o la recualificación de personas trabajadoras migrantes; por otro lado, un segundo proyecto equivalente se llevará también a cabo con el mismo objetivo en colaboración con la Fundación del Metal.
Cómo se organiza el programa
El proyecto de 25 millones se financiará con presupuesto propio del SEPE y se desplegará a lo largo y ancho del territorio español, en colaboración con entidades sin ánimo de lucro especializadas en el trabajo con población migrante.
El programa, que se extenderá a lo largo de todo el territorio nacional, no se limita solo a cursos teóricos. Su estructura se divide en dos fases:
- Inmersión: Formación en competencias profesionales básicas, idioma y habilidades sociales.
- Acción: Un contrato de formación en alternancia que permite a los jóvenes aprender un oficio mientras perciben un salario y, lo más importante, comienza a cotizar en el sistema de la Seguridad Social.
Este proyecto piloto beneficiará a mil jóvenes, un número que el Ministerio maneja como «laboratorio» para medir la eficacia de la formación dual y el acompañamiento social antes de una posible ampliación.
Destinado a 1.000 jóvenes migrantes de entre 16 y 18 años
El plan está específicamente pensado para beneficiar a mil jóvenes migrantes de entre 16 y 18 años, muchos de ellos menores no acompañados o en situación de tutela. Esta franja de edad es especialmente delicada, debido a que se sitúa en la transición entre la protección del sistema de infancia y la entrada en el mercado laboral, momento en el que un apoyo adecuado puede marcar la diferencia entre la integración y la exclusión.
La cifra de mil beneficiarios tiene un evidente valor simbólico y es algo piloto. Al concentrar recursos significativos en un grupo acotado, el Ministerio de Trabajo pretende generar evidencia sobre qué funciona y qué no en la combinación de formación dual, acompañamiento social y empleo para jóvenes migrantes.
Entidades sin ánimo de lucro como puente
La nota oficial de Moncloa confirma que se apoyarán en entidades sin ánimo de lucro especializadas. Estas organizaciones serán las encargadas de identificar los perfiles, mediar con los recursos residenciales y tutorizar a cada joven. En la práctica, es una externalización del acompañamiento para asegurar que los 25 millones no se pierdan en burocracia, sino que lleguen a trayectorias personales a menudo marcadas por el desarraigo.
Otros 10 millones de euros para formar a población migrante en construcción y fundición
En paralelo, la estrategia de Díaz mira hacia las vacantes que la economía española no logra cubrir. Se pondrán en marcha dos proyectos piloto de 10 millones de euros junto a las patronales y sindicatos de la construcción y el metal.
Estos programas tienen un claro objetivo: cualificar a trabajadores migrantes en profesiones con alta demanda. Más allá de la cifra, el mensaje político es importante: el Gobierno reconoce abiertamente que la inmigración es una pieza fundamental para solucionar el déficit de mano de obra en sectores clave. Al vincular estos programas con la reforma del reglamento de Extranjería y los procesos de regularización, el Estado busca convertir la formación en la vía de entrada legal y estable al mercado de trabajo.
