El director y editor de Pedro J. Ramírez no pasa por sus mejores momentos tras el desplome de tráfico de su periódico, El Español, que ha registrado una significativa caída de seguimiento en un contexto marcado por la irrupción de la inteligencia artificial en el ecosistema informativo. A este escenario se suma la ejecución del derribo de su piscina ilegal en Mallorca, lo cual vuelve a situar al periodista en el foco de la controversia pública.
La transformación del mercado digital, acelerada por el auge de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la búsqueda de información, está afectando de forma directa a los medios de comunicación. La reducción del tráfico web se ha convertido en una tendencia generalizada que golpea especialmente a los modelos basados en volumen de visitas y publicidad programática.
En este contexto, los datos del medidor oficial en España, GfK DAM, correspondientes al mes de febrero, evidencian un deterioro notable en las métricas de consumo de contenidos. Dentro de este escenario adverso, la evolución de El Español resulta especialmente llamativa.
Aunque el diario mantiene la segunda posición entre los medios generalistas en términos de usuarios únicos, la erosión de su audiencia se arrastra desde hace meses. En febrero, el digital registró 16,84 millones de usuarios únicos, lo que supone una caída del 14% respecto a enero.
Sin embargo, el dato más significativo se encuentra en las páginas vistas, donde el descenso es aún más acusado: 145 millones en febrero, un 27% menos que el mes anterior. La comparación interanual refuerza la magnitud del retroceso. Hace apenas un año, El Español superaba los 220 millones de páginas vistas, lo que implica una pérdida de más de 70 millones en ese periodo.
Este desplome refleja no solo un cambio en los hábitos de consumo de los usuarios, sino también las dificultades del medio para mantener su posicionamiento en un entorno cada vez más competitivo y fragmentado. El comportamiento de los usuarios también ha experimentado un cambio relevante.
El promedio de usuarios únicos diarios en febrero se situó en 2,3 millones, lejos de los 3,5 millones registrados un año antes. Las consecuencias de este deterioro no han tardado en trasladarse al plano interno. En las últimas semanas, El Español ha acometido el despido de seis trabajadores tras una revisión impulsada por la dirección ante la caída del tráfico.
La medida afecta a distintas áreas del diario, incluyendo secciones de alto volumen de contenidos como Jaleos del Corazón y Madrid Total, así como verticales tecnológicos como Omicrono y El Androide Libre, gestionados en parte por colaboradores externos. Mientras tanto, su digital televisivo Bluper se ha desvirtuado para convertirse en un portal rosa repleto de virales.
Estos ajustes forman parte de un proceso más amplio de redefinición estratégica. A finales de febrero, Pedro J. Ramírez convocó a la redacción para abordar la situación y plantear un cambio de rumbo. Durante ese encuentro, se expuso la necesidad de adaptar el modelo editorial a las nuevas dinámicas del consumo informativo, marcadas por el peso creciente de los algoritmos, la personalización de contenidos y el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas de búsqueda.
El giro estratégico planteado pasa por apostar por una mayor personalización de la oferta informativa. Al mismo tiempo, se busca reducir el volumen de informaciones y priorizar contenidos más exclusivos. Este enfoque supone un cambio relevante respecto a la estrategia anterior, más orientada a la producción masiva de contenidos para maximizar el tráfico.
El reto, sin embargo, no es exclusivo de El Español. La crisis de tráfico afecta al conjunto del sector, obligando a los medios a replantear sus modelos de negocio. La dependencia de plataformas externas para la distribución de contenidos y la irrupción de nuevas formas de acceso a la información, como los asistentes conversacionales, están redefiniendo las reglas del juego.
PISCINA ILEGAL
En paralelo a estas dificultades profesionales, Pedro J. Ramírez se enfrenta a otro frente que ha reavivado una polémica de largo recorrido. El Govern balear ha ordenado la demolición de la terraza, la piscina y el embarcadero situados en su propiedad en la Costa dels Pins, en el municipio de Son Servera, al considerar que estas instalaciones ocupan dominio público marítimo-terrestre sin cobertura legal.
La decisión responde al cumplimiento de una sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 2021, que declaró nulas las órdenes ministeriales que permitieron el uso de ese espacio. Posteriormente, el Tribunal Supremo rechazó admitir el recurso presentado, lo que dejó la resolución en firme.
Cinco años después, el propio periodista ha solicitado ejecutar el derribo para dar cumplimiento a lo establecido por la justicia. El conflicto tiene su origen a principios de los años 2000, cuando se autorizó la construcción de estas instalaciones en una finca de unos 350 metros cuadrados situada en una zona protegida por la legislación de costas.
La concesión fue otorgada mediante una orden ministerial firmada en 2001 por el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, lo que generó desde el inicio una fuerte controversia. Diversas organizaciones ecologistas y colectivos ciudadanos cuestionaron la legalidad de la concesión, argumentando que vulneraba la normativa estatal que regula el uso del litoral.
Entre ellos, el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa presentó alegaciones solicitando la nulidad de la autorización, mientras que otras iniciativas llevaron el caso al ámbito judicial y político. La polémica alcanzó momentos de alta visibilidad mediática.
En 2005, el entonces diputado de ERC, Joan Puig, protagonizó una acción de protesta al acceder a la piscina, lo que derivó en una investigación judicial. Un año después, con Ramírez liderando la campaña conspiranoica de El Mundo sobre el 11M, se organizó una movilización en la que decenas de personas se concentraron frente a la propiedad en embarcaciones para denunciar la situación.
