Para los vecinos, el problema tiene nombres y apellidos en forma de calles. La Asociación de Vecinos de Vallecas ha elaborado una suerte de «cartografía del insomnio» donde se señalan los puntos calientes en los que la actividad comercial no cesa en toda la noche. Según el informe que acompaña la queja, no se trata únicamente del ruido generado por la refrigeración de los locales o el trasiego de mercancías, sino de las externalidades negativas asociadas: aglomeraciones en las aceras, consumo de alcohol en la vía pública y una degradación de la limpieza urbana que parece no tener freno.
«No estamos contra el comercio de barrio, estamos contra un modelo que utiliza la licencia de tienda de conveniencia para convertir las aceras en un bar improvisado a las tres de la mañana», explican fuentes vecinales. La sensación de inseguridad y el deterioro del mobiliario urbano son, según los firmantes, consecuencias directas de la falta de supervisión sobre estos negocios. En San Diego, la densidad de estos locales es tan alta que los residentes aseguran que se ha sobrepasado la «capacidad de carga» del barrio, solicitando que sea declarado de forma urgente como zona saturada.
¿Qué margen legal tiene el Ayuntamiento para cerrar estos locales?
Aquí es donde el conflicto entra en el terreno pantanoso de la normativa madrileña. La Comunidad de Madrid, bajo la bandera de la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial, permite una flexibilidad horaria que es la envidia de los empresarios y la pesadilla de las asociaciones vecinales. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid tiene en su mano una herramienta que los vecinos exigen activar: la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica (OPCAT).
El margen legal para intervenir no es sencillo, pero existe. El Consistorio tiene la potestad de declarar Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), lo que permitiría imponer restricciones horarias severas y prohibir la apertura de nuevos locales de este tipo. El problema, denuncian desde la oposición y los colectivos sociales, es la «falta de voluntad política» para chocar con el mantra de la libertad comercial. Además, la queja formal presentada hoy insiste en la prohibición de venta de alcohol a partir de las 22:00 horas. Aunque la ley es clara al respecto, los vecinos sostienen que la vigilancia es insuficiente y que la rentabilidad de las multas (cuando llegan) es tan baja que a muchos locales les compensa seguir infringiendo la norma.
La respuesta de los comerciantes: «Cumplimos la normativa vigente»
En la otra orilla del conflicto se encuentran los propietarios de los locales de conveniencia, muchos de ellos pequeños empresarios o franquiciados que ven en las 24 horas su única forma de supervivencia frente a las grandes superficies. Su argumento es estrictamente jurídico: «Cumplimos la normativa vigente y pagamos las tasas municipales más altas por nuestra actividad», defienden desde el sector. Para los comerciantes, se les está señalando como responsables de un problema de incivismo ciudadano que debería gestionar la Policía Municipal.
El sector advierte que limitar las licencias o reducir los horarios supondría un golpe letal para la economía de San Diego. «Si cerramos nosotros, el barrio se queda a oscuras. Somos los únicos que mantenemos la persiana subida y aportamos cierta sensación de vigilancia en calles que, de otro modo, estarían desiertas», argumenta un propietario de la zona. Para ellos, la solución no pasa por prohibir, sino por aumentar la presencia policial en las calles para evitar que los clientes consuman alcohol en la puerta, algo que, recuerdan, ellos tienen prohibido por ley permitir
El impacto en el mercado inmobiliario y el futuro del barrio
Más allá del ruido, el conflicto en San Diego tiene una derivada económica que preocupa a los propietarios de viviendas: la devaluación patrimonial. Vivir encima o frente a una tienda de conveniencia 24 horas se ha convertido en un estigma que dificulta la venta o el alquiler de inmuebles en el barrio. «Nadie quiere comprar un piso donde no se puede abrir la ventana en verano por el ruido de la calle», lamentan desde la Asociación de Vecinos.
Este «cerco» a las tiendas 24 horas es, en última instancia, una batalla por el modelo de ciudad. Por un lado, una capital que apuesta por el consumo ininterrumpido y la máxima rentabilidad del metro cuadrado comercial; por otro, unos barrios que exigen que el código postal no determine su derecho a la salud y al descanso. La pelota está ahora en el tejado del Palacio de Cibeles, que deberá decidir si los datos de la Ordenanza de Protección Acústica son suficientes para intervenir en el mercado o si San Diego deberá seguir sacrificando su sueño en el altar de la libertad horaria.
