No son peonadas sueltas, sino contratos de tres meses para obras y servicios de interés general, pensados para mantener ingresos y actividad en pueblos que se vacían en cuanto termina la campaña de cosecha. El esquema es sencillo: el Estado pone el dinero, la Diputación canaliza la distribución y los ayuntamientos organizan las cuadrillas que se encargarán de adecentar caminos, recuperar espacios públicos o mejorar infraestructuras locales.
En la práctica, este plan se ha convertido en una muleta imprescindible para sostener la economía de la “España vaciada” conquense entre campañas agrícolas, sobre todo en comarcas donde el empleo depende casi por completo del campo y de unos cuantos servicios básicos.
Contrataciones en la España vaciada: 300 empleos directos este trimestre
Las cifras dan la medida de lo que hay en juego. En la última edición completada, el Plan de Empleo Rural permitió contratar a 316 personas desempleadas de la provincia, repartidas en 72 proyectos impulsados por 46 ayuntamientos. El Gobierno central destinó más de 1,7 millones de euros a esa convocatoria, íntegramente con cargo a sus presupuestos, para cubrir el coste salarial de los peones agrícolas inscritos en el paro agrario.
La nueva transferencia de este año se mueve en magnitudes muy similares: algo más de 1,7 millones de euros para crear en torno a 300 contratos agrícolas de tres meses en Cuenca y su entorno, según los repartos que maneja la Comisión Ejecutiva Regional del programa de fomento de empleo agrario. Cada contrato supone tres meses de alta en la Seguridad Social, salario garantizado y experiencia acreditable para trabajadores que, de otro modo, pasarían la mitad del año encadenando subsidios y temporadas muertas.
El perfil de los beneficiarios está muy acotado: personas en desempleo adscritas al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, es decir, temporeros que cotizan a través del régimen agrario y que encadenan campañas de vendimia, aceituna o cereal con largos parones. El plan les ofrece una ventana de estabilidad y, de paso, inyecta trabajo en unos pueblos donde cualquier nómina extra termina moviendo consumo en el bar, la tienda o la gasolinera del municipio.
El papel de los ayuntamientos en la gestión de las cuadrillas
Detrás de cada contrato hay un ayuntamiento haciendo encaje de bolillos con anualidades, plazos y proyectos. Los consistorios son los receptores directos de las ayudas: presentan sus memorias de obra al amparo de las bases que publican el SEPE y la Subdelegación del Gobierno, y la distribución definitiva de fondos y trabajadores se plasma después en acuerdos y resoluciones que acaban en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca.
Una vez aprobado el reparto, cada municipio se convierte en empleador. Las alcaldías y servicios de obras diseñan cuadrillas ajustadas al número de contratos asignados y programan actuaciones que van desde la limpieza y acondicionamiento de caminos rurales hasta la mejora de plazas, parques, redes de riego o pequeñas infraestructuras locales. El requisito común es que se trate de obras o servicios de evidente interés general o social, que mejoren el día a día del pueblo y no compitan con el empleo ordinario.
Para la Diputación, este engranaje tiene una doble lectura: por un lado, sirve para sostener el empleo agrícola entre campañas; por otro, es una herramienta de política territorial en plena lucha contra la despoblación, porque permite a los pequeños ayuntamientos acometer obras que jamás podrían financiar solo con sus recursos. De ahí que estos convenios se hayan convertido en una cita fija en el calendario político y presupuestario provincial.
¿Cómo afecta la subida del SMI a estos planes provinciales?
La otra variable clave del plan se decide lejos de la provincia, en la mesa donde se fija el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La última actualización del SMI ha elevado el sueldo mensual que perciben los trabajadores contratados al abrigo de estos programas, y eso ya se ha notado en las nóminas de las últimas ediciones: en Cuenca, las personas empleadas a través del Plan de Empleo Rural han pasado a cobrar en torno a 1.184 euros brutos mensuales, frente a las cuantías menores de años anteriores.
Los datos que maneja la Subdelegación del Gobierno apuntan a que el coste salarial total por trabajador (incluyendo cotizaciones) supera los 1.900 euros al mes, una cantidad asumida íntegramente por el Estado en este tipo de planes. Eso significa que, con el mismo presupuesto, se podrían financiar menos contratos si no se incrementa la partida, o bien que, como ha ocurrido en los últimos ejercicios, es necesario acompañar la subida del SMI con un ligero aumento de fondos para mantener el volumen de empleo.
En la práctica, la combinación de más presupuesto y mejor salario ha permitido en Castilla‑La Mancha situar las retribuciones de estos peones por encima de los 1.300 euros mensuales en algunos planes provinciales, consolidando al SMI como una herramienta real de lucha contra la pobreza laboral en el campo. Para muchas familias de la provincia, tres meses de contrato con sueldo mínimo actualizado y Seguridad Social marcan la diferencia entre aguantar el tirón del invierno en el pueblo o tener que buscarse la vida fuera hasta que vuelva la cosecha.
Y ahí está, en el fondo, la razón de ser de este nuevo Plan de Empleo Rural en Cuenca: no solo dar trabajo puntual, sino contribuir a que los pueblos sigan vivos cuando no hay tractores en los caminos ni remolques en las cooperativas.
