La historia de los medios de comunicación en España durante las últimas cinco décadas es también la historia de una lucha constante entre los proyectos informativos críticos y el poder institucional. La contrainformación —medios independientes, alternativos o críticos con el statu quo— ha sido objeto de marginación, acoso económico y, en muchos casos, persecución judicial.
Desde radios libres hasta periódicos de izquierda abertzale, pasando por medios digitales progresistas, quienes han intentado desafiar la narrativa dominante han sufrido, sistemáticamente, obstáculos para garantizar su supervivencia. Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el del diario Egin.
Fundado en 1977 en el País Vasco con una línea editorial progresista y nacionalista en relación con los territorios forales, Egin operó en un contexto marcado por la lucha antiterrorista contra ETA y la estrategia institucional de aislar a la izquierda abertzale.
Desde sus inicios, fue objeto de críticas por publicar comunicados de ETA, por portadas polémicas y por hacer de órgano de expresión de la izquierda abertzale, lo cual desató un acoso ideológico por parte del estado.
El acoso contra Egin no se limitó al ámbito judicial. También sufrió marginación económica: instituciones públicas evitaron contratar publicidad con el diario, debilitando su viabilidad financiera. En 1990, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegal la negativa del Gobierno vasco a insertar publicidad institucional en sus páginas, confirmando que la administración había marginado al periódico por razones ideológicas.
La persecución judicial alcanzó su punto máximo el 15 de julio de 1998, cuando el juez Baltasar Garzón ordenó el cierre cautelar del diario y de su emisora Egin Irratia, así como la detención de varios responsables de su empresa editora. Los acusados fueron sometidos a régimen de incomunicación y señalados de integración en banda armada.
A pesar de que en 2009 el Tribunal Supremo anuló la declaración de ilicitud de las actividades de Egin, el daño era irreversible: el periódico había desaparecido y su espacio informativo había sido ocupado por otros medios, como Gara.
Un caso paralelo fue el de Euskaldunon Egunkaria, fundado en 1990 como el único diario íntegramente en euskera. Su línea editorial estaba centrada en la promoción de la lengua vasca, pero el 20 de febrero de 2003, el juez Juan del Olmo ordenó su cierre y el embargo de bienes bajo la acusación de vinculación con ETA.
Tras años de litigio, en 2010 la Audiencia Nacional absolvió a los responsables del diario, afirmando que no se había demostrado relación alguna con la organización terrorista. El cierre, según la sentencia, carecía de base legal suficiente y vulneraba derechos fundamentales, evidenciando un patrón de medidas excesivas adoptadas en nombre de la seguridad.
La persecución de medios alternativos no se limitó a los casos vascos o izquierdistas. Diarios ultraderechistas y antimonárquicos, como El Alcázar, que no comulgó con la actual etapa democrática, también sufrieron marginación por parte del Estado. Tras su cierre en 1987, el Tribunal Supremo condenó al Gobierno en 1994 a indemnizar a la editora DYRSA por discriminación en créditos, publicidad institucional y suscripciones públicas.
RADIOS LIBRES
El caso de las radios libres y comunitarias ofrece otro ejemplo de esta dinámica. Según Javier García García en su artículo académico ’40 años de obstáculos a las radios comunitarias en España (1979–2021)’, estas emisoras, nacidas de manera autogestionada y sin ánimo de lucro, vivieron un auge en la década de 1980 coincidiendo con la expansión de la FM.
Sin embargo, sufrieron cierres, sanciones y un marco legal desfavorable que dificultó su desarrollo. La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987 obligó a competir a estas emisoras en igualdad formal con grandes cadenas comerciales, sin reconocer la desigualdad de recursos. Posteriormente, los concursos de frecuencias favorecieron a grupos cercanos al poder, consolidando el modelo de cadenas comerciales y marginando a las radios comunitarias.
La consecuencia fue una fragmentación del movimiento y la pérdida de fuerza de iniciativas críticas. La historia de la contrainformación también se repite en el ámbito de los medios digitales y audiovisuales actuales.
Periódicos progresistas como El Salto, Canal Red o podcasts como Carne Cruda, rara vez cuentan con publicidad de las grandes empresas, siempre enfocadas en los medios conservadores y liberales. Incluso medios de izquierda mayoritarios han sido blanco de campañas antidemocráticas en distintas etapas políticas: véanse las amenazas judiciales a empresarios como Jesús de Polanco y Antonio Asensio durante el aznarismo, o el reparto arbitrario de licencias de TDT de Esperanza Aguirre en contra de Localia TV, Tele K o Canal 33, todas ellas consolidadas en la televisión local, en favor de inexpertos como Enrique Cerezo, Libertad Digital o Intereconomía.
Más allá de la política concreta, estos patrones reflejan un fenómeno recurrente: la contrainformación ha sido vista históricamente como un peligro para el consenso dominante. Los márgenes que no se amoldaban al pactismo socioliberal fueron castigados, desde diarios de izquierdas, pasando por radios libres y periódicos nacionales periféricos.
Esto ha generado un ecosistema mediático en el que la pluralidad de voces ha estado condicionada por presiones políticas, económicas y judiciales. Estos medios han sido marginados mientras se consolidaban cabeceras conservadoras generosamente regadas al calor de la Comunidad de Madrid, que durante el Gobierno de Esperanza Aguirre alentó a empresas izquierdófobas, y que ahora Isabel Díaz Ayuso ha continuado la obra.
