En Aena, la decisión del Gobierno nacional y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente de ceder parte de las funciones de control alrededor de los aeropuertos del País Vasco a la comunidad no ha caído demasiado bien. El anuncio del pasado viernes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, sobre la creación de un «órgano bilateral» para «participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos» no es un cambio de titularidad de los aeropuertos, pero sí que ha generado escozor en la empresa aeroportuaria.
En un comunicado de la propia Aena dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa —participada al 51% por el Estado— ha dejado claro que seguirán de cerca cada uno de los movimientos de ambas partes para crear este nuevo órgano. Además, han mostrado su disposición a tomar medidas legales en caso de que sea necesario.
«El artículo 149.1.20 de la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general. En consecuencia, las competencias tanto normativas como de supervisión y regulación de los aeropuertos de interés general corresponden únicamente al Estado, desarrolladas principalmente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), así como por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). La Comunidad Autónoma del País Vasco, por su parte, cuenta con competencias en materia de planeamiento urbanístico, gestión medioambiental, ordenación del transporte terrestre, intermodalidad, promoción y desarrollo económico, así como promoción del turismo; todas ellas de relevancia para el desenvolvimiento de la actividad aeroportuaria y del transporte aéreo», se lee en el texto de Aena.
Han insistido, además, en que la ley protege la gestión de los aeropuertos por parte de la propia empresa. «También debe recordarse que, de acuerdo con la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (Ley 18/2014), la red de aeropuertos de interés general, que se considera un servicio de interés económico general, es titularidad de Aena —sociedad que cotiza en bolsa y cuyo 49% de capital social pertenece a accionistas privados— y su gestión corresponde de forma exclusiva a Aena, estando protegida esta gestión exclusiva por la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución española», completa el texto.
AENA DISPUESTA A MEDIDAS MÁS RADICALES
Mientras tanto, la empresa pública insiste en que, aunque todavía no ha realizado un movimiento, están dispuestos a tomar posiciones más radicales e incluso a buscar opciones legales si se ven obligados. «El Órgano Bilateral se ha de configurar como un instrumento de colaboración, coordinación y participación en materia aeroportuaria de naturaleza estrictamente consultiva y no decisoria, al amparo de lo previsto en la Constitución española y la Ley 18/2014», sentencia el texto de Aena.
Además, son críticos con el texto del anuncio publicado por el Gobierno vasco. «La nota oficial publicada por el Gobierno vasco contiene algunas manifestaciones sobre el acuerdo relativas a la intervención del Órgano Bilateral en procedimientos que afectan al funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían vulnerar las normas que regulan los referidos procedimientos, como las contenidas en la Ley 18/2014, y afectar al funcionamiento del modelo aeroportuario español en detrimento de los legítimos intereses de Aena y de sus accionistas públicos y privados», se lee en el documento.
«En consecuencia, la Sociedad encomendó a sus asesores jurídicos la valoración de las medidas que, en su caso, resulte procedente adoptar en defensa del interés de Aena y de los derechos de la Sociedad y de todos sus accionistas, que en última instancia son los propietarios de todos los activos de Aena», confirman en el documento.
EL DUELO POR LOS AEROPUERTOS EN ESPAÑA
En cualquier caso, no es la primera vez que se discute con los poderes autonómicos por la gestión de los aeropuertos españoles. Desde Junts o el BNG se han hecho peticiones similares en el pasado, aunque no han llegado a buen puerto y, de momento, Aena siempre ha conseguido mantener el control de cada uno de estos espacios, y esperan que en esta ocasión acabe por ocurrir lo mismo.
De momento, la decisión no parece más que una concesión de Pedro Sánchez para mantener los acuerdos con el PNV, pero todavía se desconoce el alcance del famoso «órgano bilateral». En cualquier caso, habrá que esperar para saber a ciencia cierta qué significa el nuevo anuncio.
