A menos de dos meses de las elecciones andaluzas previstas para el 17 de mayo, la crisis de la vivienda vuelve a poner en evidencia las contradicciones y omisiones de la Junta de Andalucía, liderada por Juanma Moreno.
La tensión social se intensifica a medida que familias enteras son expulsadas de sus hogares, mientras el gobierno autonómico parece mirar hacia otro lado. Hace apenas unos días, 62 familias de la localidad de Manilva (Málaga) fueron desalojadas de sus viviendas en un operativo que arrancó a las 7 de la mañana, con despliegue de la Guardia Civil y orden judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Estepona.
El fondo buitre Spv Reoco 3 S.L., que adquirió los pisos a apenas 14.800 euros por unidad, ejecutó el desahucio pese a que muchos contratos de alquiler estaban vigentes y sin retrasos en los pagos. La escena se repetía, invariable, ante el enfado de personas mayores, niños, enfermos y vecinos en situación de vulnerabilidad.
Tras la expulsión, las familias se manifestaron frente al Ayuntamiento de Manilva para exigir soluciones inmediatas. Sin embargo, ni la administración local ni la Junta han ofrecido alternativas habitacionales.
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La proximidad de las elecciones parece haber acelerado la campaña de Moreno, quien se presenta ante los medios como garante de la propiedad privada y defensor del orden, mientras los desahucios se multiplican. Las críticas no se hacen esperar: colectivos sociales y sindicatos como Comisiones Obreras y Cáritas denuncian que la política habitacional de la Junta favorece a promotores privados y fondos de inversión por encima del derecho a una vivienda digna.
Según el informe ‘Exclusión y desarrollo social en Andalucía 2025’ de la Fundación FOESSA, 23 de cada 100 personas en la comunidad viven en riesgo de pobreza o exclusión social, un problema que se agrava con la falta de acceso a viviendas asequibles y con la escalada de los precios del alquiler y la compraventa.
Los datos del mercado inmobiliario en Andalucía reflejan la gravedad de la situación: el precio medio de compraventa ronda los 2.817 euros por metro cuadrado, con un incremento del 1,2 % respecto a enero de 2026 y del 20,2 % respecto a febrero de 2025. En el caso del alquiler, el precio medio se sitúa en 13,3 euros por metro cuadrado, con un aumento del 1,4 % frente a enero de 2026, y del 9,3 % en comparación con febrero de 2025.
Frente a esta presión, la Junta no solo ha rechazado medidas que limiten los precios del alquiler en zonas tensionadas, sino que tampoco ha articulado políticas de protección efectiva frente a los desahucios. CCOO denuncia que la normativa andaluza «mira más por los intereses de los promotores privados que por los de una mayoría social».
En la práctica, esto deja a los inquilinos sin protección y alimenta el poder de los fondos buitre, que encuentran en la Justicia y en la administración aliados para ejecutar desalojos sin control social. El caso de Manilva es solo la punta del iceberg.
La estrategia de Moreno parece clara: garantizar la inversión inmobiliaria y mantener la estabilidad de los mercados, aun a costa de la seguridad de cientos de familias andaluzas. Los datos reflejan que el acceso a la vivienda no es uniforme: mientras provincias como Jaén, Córdoba y Almería mantienen precios relativamente bajos, Málaga, Sevilla y Cádiz concentran los mayores incrementos, con consecuencias directas sobre el coste de vida y la desigualdad social.
El debate sobre vivienda se convierte así en un tema electoral central. La población se enfrenta a la contradicción entre la necesidad de protección social y la defensa política del mercado libre de Moreno.
