Ya es oficial, por fin, tras el anuncio del 10 de marzo del plan del Gobierno anticrisis para hacer frente a la escalada de los precios en Irán, ya ha sido aprobado en el Congreso en el pasado jueves. Esta nueva normativa temporal contempla múltiples descuentos en el área fiscal de la energía, donde destacan medidas en concreto como: reducción del impuesto sobre hidrocarburos, reducción del IVA en todas las formas de energía, además de ayudas especiales para sectores como transportistas y agricultores, ya que están especialmente influenciados por la escalada de los precios de los carburantes.
Según recoge la firma EY Abogados, el paquete aprobado moviliza más de 5.000 millones de euros, con una duración inicialmente prevista desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio de 2026.
Reducción del impuesto de los hidrocarburos
Una de las medidas más inmediatas dentro de este plan anticrisis del Gobierno y de mayor impacto directo es la rebaja temporal del impuesto sobre hidrocarburos. Tal y como detalla EY Abogados, el Ejecutivo ha reducido los tipos impositivos hasta los mínimos permitidos por la normativa europea, lo que se traduce en un ahorro estimado de 656,5 millones de euros para ciudadanos y empresas. Además esta medida no es solo general sino que abarca de forma individual a cada tipo de carburante y en función del tipo de usuario (usuarios pertenecientes a sectores sensibles como el sector agrario o transportista).
En el caso de las gasolinas, la reducción se aplica tanto a las de mayor octanaje (≥98) como al resto. Los tipos pasan, por ejemplo, de 431,92 euros a 307,71 euros por cada 1.000 litros en el caso de las gasolinas premium, y de 400,69 euros a 304,32 euros en las convencionales. Este ajuste supone una rebaja sustancial en términos fiscales que, trasladada al consumidor final, busca contener el impacto directo en el precio en surtidor, especialmente en un contexto de elevada volatilidad del crudo.
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Por otro lado, donde el impacto es más evidente de estas medidas anticrisis es en el gasóleo, especialmente en su vertiente profesional. Mientras que el gasóleo de uso general reduce su tipo de 307 euros a 267,31 euros por cada 1.000 litros, el gasóleo destinado a usos profesionales experimenta una caída mucho más acusada: de 78,71 euros a apenas 17,09 euros.
De esta forma desde el Ejecutivo protege a sectores como el transporte o la logística, donde el combustible representa un coste estructural. En la práctica, esta rebaja sustituye temporalmente otros mecanismos como la devolución parcial del gasóleo profesional.
El plan anticrisis también se extiende a otros productos energéticos con menor visibilidad mediática pero gran relevancia industrial. Es el caso del fuelóleo, que reduce su tributación de 14 a 12,35 euros por tonelada, o del gas natural destinado a usos distintos del carburante, cuyo tipo pasa de 0,65 a 0,30 euros por gigajulio. Asimismo, los biocarburantes, como el biodiésel o el bioetanol, se benefician de reducciones alineadas con las de sus equivalentes fósiles.
Por otro lado, los combustibles como el GLP o el queroseno para usos no carburantes durante esta medida pasan a tener una exención total de su carga fiscal durante el periodo de vigencia de la medida.
IVA energético: una rebaja paralela que se suma al resto de medidas
Otro de los ejes clave del plan anticrisis es la reducción del IVA energético, aunque conviene precisar su encaje respecto al resto de medidas fiscales. Según explica EY, esta rebaja no sustituye a la del Impuesto sobre Hidrocarburos, sino que opera de forma independiente y acumulativa sobre el precio final.
Esto significa que, en el caso de los carburantes, el consumidor se beneficia de un doble efecto, por un lado, la reducción del tipo en el impuesto sobre hidrocarburos abarata el precio base del producto; y por otro, la aplicación de un IVA reducido del 10% se calcula sobre ese precio ya rebajado.
Es decir, se trata de una serie de medidas que actúan en cascada sobre la formación del precio final. Más allá de los carburantes, el IVA reducido se extiende a otros suministros energéticos como la electricidad, el gas natural o la biomasa, lo que refuerza su carácter transversal dentro del paquete anticrisis. En este sentido, el ahorro estimado asociado a esta medida alcanza los 540 millones de euros, según EY.
Por otro lado, en el terreno eléctrico, el plan anticrisis del Ejecutivo actúa en dos niveles diferenciados: sobre el consumo y sobre la producción.
Por el lado del consumo, la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad es de hasta el 0,5%, introduciendo así un alivio inmediato en la factura, especialmente relevante para grandes consumidores industriales. Mientras que, en el lado de la generación, los ajustes en el IVPEE reducen la carga fiscal de las compañías eléctricas, con el objetivo de contener los precios mayoristas. En este sentido, según apunta EY Abogados, esta doble intervención busca trasladar el efecto de la rebaja fiscal a toda la cadena de valor energética, desde la producción hasta el consumidor final.
Otras ayudas: 20 céntimos para el gasóleo en profesionales
A estas medidas se suman las ayudas directas de 20 céntimos por litro de gasóleo para profesionales, que se suman además a la reducción del impuesto sobre hidrocarburos que también afecta a este sector. Por lo que de esta forma sectores como el agrario, transportes o pesquero tendrán una reducción aún mayor en los combustibles que utilicen para desarrollar su actividad profesional.
En definitiva, el diseño del plan anticrisis pretende dar una solución coordinada de los problemas energéticos fruto de la guerra de Irán, a través de un compendio de medidas que se suman, siendo este en este caso: las rebajas fiscales (hidrocarburos, IVA, electricidad), las ayudas directas e incentivos estructurales. Es decir, no se tratan de medidas aisladas, sino de un sistema que actúa de forma simultánea sobre distintos componentes del precio energético.
No obstante, la duración este plan anticrisis a pesar de estar previstas hasta el final de junio de este año, contempla una prórroga condicionada a la evolución del IPC de la energía. Es decir, si en abril de 2026 el índice de precios del gas, la electricidad y de los hidrocarburos supera en más de un 15% el registrado en el mismo mes del año pasado, las rebajas podrían mantenerse; en caso contrario el Ejecutivo podría retirar progresivamente estas medidas.
