Canarias está abordando un fenómeno que se ha cronificado: la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros que buscan propiedades para uso turístico o de temporada. Este fenómeno ha tensionado el mercado residencial, elevando los precios y limitando el acceso a la vivienda para quienes viven y trabajan de manera permanente en el archipiélago.
Frente a esta situación, el Gobierno autonómico liderado por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, está estudiando medidas para regular la adquisición de inmuebles por parte de no residentes, con el objetivo de priorizar el acceso de la población local y fomentar un mercado más equilibrado.
La estrategia pasa por elaborar una propuesta normativa que establezca límites a la compra de vivienda por parte de inversores extranjeros, especialmente aquellos que buscan rentabilidad a través del alquiler temporal. El objetivo no es frenar la inversión, sino canalizarla de manera que beneficie al tejido social y económico de Canarias.
La idea es que los jóvenes, las familias y otros colectivos vulnerables tengan una oportunidad real de acceso a la vivienda, evitando que la especulación o el turismo residencial monopolicen la oferta disponible.
El mercado inmobiliario en Canarias refleja la urgencia de estas medidas. En febrero de 2026, el precio medio del metro cuadrado en las Islas alcanzaba los 3.231 euros, con una subida del 1,0% respecto al mes anterior y un incremento interanual del 10,6%, según Idealista.
La presión es particularmente fuerte en las capitales: en la provincia de Las Palmas el aumento interanual llegó al 11,2%, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife fue del 9,5%. En paralelo, el mercado de alquiler también experimenta incrementos: el precio medio del metro cuadrado se situaba en 15,4 euros, con un crecimiento mensual del 0,8% y un avance interanual del 7,5%, alcanzando en Las Palmas el 6,1% y en Santa Cruz el 9,4%.
Estas cifras muestran cómo la demanda supera claramente la oferta y evidencia la necesidad de políticas que favorezcan la vivienda residencial frente a la especulación o el alquiler turístico. La propuesta autonómica se ha elevado a la Comisión Europea, en el marco de la simplificación normativa prevista para las regiones ultraperiféricas (RUP), que incluyen territorios como Madeira, Azores o Guadalupe.
Estas regiones disfrutan de un tratamiento específico dentro de la UE debido a sus particularidades geográficas, económicas y sociales, y la experiencia canaria podría servir de modelo para la aplicación de medidas similares en otros territorios con problemas de acceso a la vivienda.
El planteamiento normativo busca equilibrar la inversión extranjera con la protección social. Actualmente, cerca de una de cada cuatro viviendas en venta en Canarias se adquiere por extranjeros, lo que genera tensiones en un mercado donde la oferta es limitada y la demanda creciente.
El Gobierno pretende establecer mecanismos que permitan regular estas compras sin disuadir completamente la inversión, favoreciendo la estabilidad del mercado y el acceso a la vivienda para los residentes permanentes.
OFERTA DE VIVIENDA
El Gobierno de Canarias busca impulsar un equilibrio entre competitividad económica y cohesión social, evitando que la especulación o el mercado turístico desplacen a la población local. La iniciativa autonómica se acompaña de un trabajo coordinado con el Gobierno central y la Unión Europea. La propuesta canaria se enmarca dentro de un plan más amplio para proteger a los residentes de las RUP, garantizando que las inversiones extranjeras no dificulten el acceso a la vivienda habitual.
Esta cooperación refleja una estrategia integral, que combina regulación, incentivos a la construcción y políticas sociales para atender la creciente presión sobre el mercado residencial. Expertos en vivienda consideran que la experiencia canaria puede marcar un precedente en España. Las medidas que se implementen en el archipiélago podrían servir de modelo para otras regiones con alta presión turística o con dificultades de acceso a la vivienda.
Además, la regulación prevista permitiría ordenar el mercado inmobiliario de manera que la inversión extranjera sea compatible con los objetivos de sostenibilidad y justicia social, evitando desequilibrios que afecten a las familias locales. El desafío no es sencillo: limitar la adquisición de inmuebles por parte de no residentes implica enfrentar resistencias legales, intereses económicos y desafíos administrativos.
No obstante, el Ejecutivo canario apuesta por un cambio de tendencia, reforzado por la construcción de más viviendas y una política más rigurosa en cuanto a la finalidad de las compras de extranjeros.
