Hay debates sanitarios que admiten muchas posiciones ideológicas legítimas, y otros en los que, antes de opinar, conviene mirar con calma los datos disponibles. La polémica sobre el modelo concesional en la sanidad madrileña pertenece claramente a esta segunda categoría.
En los últimos meses se ha asentado un mensaje contundente desde el Ministerio de Sanidad impulsado por Mónica García: las concesiones serían una “privatización encubierta” que deteriora la calidad, incentiva la selección de pacientes rentables y pone en riesgo la sanidad pública. Sin embargo, cuando ese relato se contrasta con los indicadores comparables del propio Servicio Madrileño de Salud y con la evidencia publicada en revistas científicas, la historia ya no encaja tan bien.
El estudio más reciente, publicado en la revista Healthcare y basado en la auditoría oficial de resultados del SERMAS 2024, analiza 16 hospitales de baja y media complejidad: tres de ellos gestionados en concesión administrativa bajo un modelo de atención basada en valor (VBHC) y trece de gestión pública tradicional. No compara mundos distintos, sino centros integrados en la misma red pública, con la misma cartera de servicios y el mismo marco de financiación universal a coste cero para el paciente.
Los resultados son, como mínimo, incómodos para quienes daban el debate por cerrado. En seguridad del paciente, los hospitales concesionados presentan un 36% menos de infecciones nosocomiales: 3,47% frente a 5,46% en sus comparables de gestión directa, una diferencia estadísticamente significativa. Hablar de infecciones hospitalarias no es hablar de un matiz técnico: son complicaciones que prolongan estancias, empeoran la calidad de vida, pueden dejar secuelas y, en no pocos casos, contribuyen a la mortalidad. Reducirlas no es un detalle; es un cambio tangible en la vida de miles de pacientes.
En otro indicador especialmente sensible, las cesáreas en embarazos de bajo riesgo, los hospitales concesionados realizan un 16,6% menos intervenciones potencialmente evitables. Si uno está convencido de que la lógica empresarial empuja a operar más para facturar más, este dato debería hacerle dudar: allí donde el incentivo perverso debería manifestarse, lo que encontramos es justamente lo contrario.
Tampoco sostienen los datos la idea de que estos hospitales mejoran sus números “quedándose con lo fácil”. El estudio muestra que el índice de complejidad de los pacientes (case‑mix) es significativamente mayor en los centros concesionados: 1,06 frente a 0,88 en los hospitales de gestión directa. Es decir, estos hospitales atienden pacientes, de media, más complejos que el resto, y aun así mantienen tasas de complicaciones intrahospitalarias equivalentes. En un ecosistema como el madrileño, con cobertura universal y libre elección de centro desde 2011, no son los hospitales los que eligen a los pacientes; son los pacientes los que eligen a los hospitales.
La eficiencia, otro de los grandes reproches al modelo, tampoco se comporta como dicta el estereotipo. La estancia media es un 15,3% menor en los hospitales en concesión (4,26 días frente a 5,03), pero esa reducción no viene acompañada de más complicaciones ni de peores resultados clínicos. Al contrario: menos estancias conviven con menos infecciones, mismas complicaciones y mejores indicadores de adecuación clínica, como el menor porcentaje de cesáreas de bajo riesgo. Es difícil describir este patrón como “recorte de calidad”; se parece más a la definición de valor: obtener mejores resultados con un uso más eficiente de los recursos.
El estudio va más allá y ajusta la estancia a la complejidad del paciente. En ese indicador, los tres hospitales concesionados se sitúan por debajo de lo esperado, mientras que diez de los trece hospitales de gestión pública aparecen por encima. Traducido: en los centros concesionados los pacientes se quedan menos tiempo del que cabría esperar, dado su nivel de complejidad, sin que eso se traduzca en más problemas clínicos. Desde la perspectiva de la calidad de vida, reducir días de ingreso innecesarios significa dormir antes en casa, menor riesgo de infecciones y menos impacto sobre la vida personal y laboral.
También la experiencia del paciente dibuja un cuadro que no encaja bien con la narrativa alarmista. Las encuestas oficiales del SERMAS muestran un 4,6% más de satisfacción global y un 4,3% más de intención de recomendar el hospital en los centros de gestión indirecta. Y, sobre todo, la libre elección ofrece un dato difícil de soslayar: 23.750 pacientes decidieron trasladarse a estos hospitales, frente a 3.606 que optaron por hospitales del grupo de control. Es decir, cuando se les da la opción, muchos más ciudadanos se mueven hacia los concesionados que a la inversa; una forma silenciosa pero poderosa de evaluar con los pies lo que la estadística corrobora con números.
Nada de esto convierte un estudio transversal en una verdad revelada, ni significa que el modelo concesional carezca de riesgos o que pueda extrapolarse sin matices a cualquier territorio. La propia investigación recuerda sus limitaciones y pide más evaluación independiente, más comparaciones y más transparencia. Pero precisamente por eso resulta problemático que, desde las instituciones, se lancen acusaciones categóricas sobre mortalidad o deterioro de la calidad como si estos datos no existieran.
La cuestión de fondo no es si uno se siente más cómodo defendiendo la gestión directa o la colaboración público‑privada. La pregunta relevante, si de verdad nos preocupan la calidad de vida de los pacientes y los indicadores de mortalidad, es otra: ¿estamos dispuestos a aceptar que los modelos de gestión pública se evalúen por sus resultados y no por sus etiquetas? Si un hospital de titularidad pública, financiado con impuestos, abierto a cualquier ciudadano y sometido a auditoría oficial obtiene mejores indicadores de seguridad, eficiencia y satisfacción, lo responsable no es tratar de cerrarle la puerta por principio, sino entender qué está haciendo bien y cómo aprovecharlo en beneficio del conjunto del sistema.
La sanidad pública no se protege levantando muros ideológicos, sino alineando incentivos, midiendo bien, corrigiendo lo que no funciona y preservando aquello que demuestra aportar más salud por cada euro público. Cuando la ideología choca frontalmente con los datos, la obligación de un gestor público no debería ser forzar los datos para que encajen, sino revisar los presupuestos ideológicos a la luz de la evidencia. Porque al final no se trata de ganar un debate, sino de cuántos pacientes salen antes del hospital, con menos complicaciones y una mejor vida por delante.
