Las proyecciones de BBVA Research para el mercado laboral español son, sobre el papel, buenas noticias: más de 1,5 millones de empleos netos creados entre 2024 y 2026, con una tasa de paro que se aproximará al 10% en promedio anual este año. Sería la primera vez que España roza esa cota en muchos años. El motor de este crecimiento ha sido la combinación de una demanda interna resiliente, el despliegue de los fondos europeos NextGenerationEU y el efecto de la reforma laboral de 2021, que redujo drásticamente la temporalidad contractual. La tasa de contratos indefinidos en los nuevos altos de febrero de 2026 se situó en el 44,15% según el SEPE, un porcentaje impensable hace cinco años.
El papel clave de la inmigración que se habla poco
Uno de los datos que los informes mencionan con más discreción de la que merece es la dependencia del mercado laboral español de la población trabajadora extranjera. BBVA Research señala que el empleo ha seguido apoyándose en gran medida en este colectivo, fundamental para compensar el envejecimiento de la fuerza laboral nativa y cubrir la demanda en sectores clave como la hostelería, la construcción o la agricultura. España necesitará incorporar unos 2,4 millones de personas al mercado laboral en la próxima década, y la mayor parte vendrá del exterior. Gestionar bien esa transición, en términos de integración y reconocimiento de cualificaciones, es un desafío de política económica que queda en segundo plano cuando las cifras generales son buenas.
La productividad, la herida que no cierra
Detrás del titular de los 1,5 millones de empleos hay una advertencia que los economistas repiten con insistencia: la productividad española por ocupado sigue sin remontar de manera sostenida. La OCDE lleva años señalando que el ingreso per cápita español está rezagado respecto a la media europea, en parte por el tamaño reducido de las empresas y en parte porque se trabajan menos horas por empleado. CaixaBank Research apunta a que el ritmo de creación de empleo en 2026 será algo inferior al de 2025. El ciclo se normaliza. El reto es aprovecharlo bien mientras dura.
Uno de los debates menos visibles pero más relevantes del mercado laboral español es el de la cualificación. España tiene una de las mayores tasas de titulados universitarios de la OCDE y, al mismo tiempo, una escasez crónica de profesionales en formación profesional dual. Sectores como la construcción, la industria tecnológica avanzada o el mantenimiento de infraestructuras renuevan el personal más lento de lo que la actividad económica demanda. El Gobierno ha aumentado la oferta de plazas de FP en los dos últimos años, pero el gap entre formación y necesidad del mercado no se cierra en pocos cursos.
A todo esto se suma la competencia internacional por el talento. España atrae cada vez más a profesionales internacionales con el régimen de la Ley de Startups, que ofrece condiciones fiscales ventajosas para trabajadores de alto valor añadido. Y al mismo tiempo, sigue perdiendo parte de su talento formado hacia países del norte de Europa y América del Norte. El saldo migratorio es positivo, pero la composición de ese saldo importa: no es lo mismo retener a los graduados propios que importar perfiles de otros países para cubrir huecos estructurales.
