El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales en Zaragoza, en un contexto marcado por el incremento sostenido de los precios y un modelo urbanístico cada vez más cuestionado.
Mientras el Ayuntamiento destaca el impulso al mayor plan de vivienda pública de su historia reciente, el debate político y social gira en torno a si estas medidas son suficientes —o incluso coherentes— con la realidad del mercado inmobiliario.
El parque residencial público de la capital aragonesa alcanzó en 2025 los 2.611 inmuebles, 77 más que el año anterior. A esta cifra se suman los 2.743 nuevos pisos proyectados para alquiler asequible en los próximos años, de los cuales el 69% ya está en construcción. Según las previsiones municipales, alrededor de 1.700 viviendas se entregarán a lo largo de 2026.
Desde el consistorio se presenta este despliegue como un hito histórico. Sin embargo, los datos requieren una lectura más matizada. Actualmente, el 95% de las viviendas públicas están ocupadas, lo que evidencia una fuerte demanda estructural, mientras que el 5% restante permanece vacío por obras o procesos de acondicionamiento. En total, unas 6.000 personas dependen de este parque público, lo que da cuenta de su importancia social, pero también de su limitada capacidad frente al conjunto de la población.
Además, no todas las viviendas que forman parte del sistema son de titularidad pública. De las 2.611 actuales, 1.955 pertenecen al Ayuntamiento, mientras que 656 son de propietarios privados gestionadas a través de programas de captación de vivienda vacía.
Este modelo, que ha pasado de 56 viviendas en 2020 a 115 en la actualidad, refleja un intento de ampliar la oferta sin recurrir exclusivamente a la construcción directa, aunque también pone de manifiesto la dependencia de la colaboración con el mercado.
En paralelo, el coste de la vivienda en Zaragoza continúa al alza. Según los datos más recientes, el precio del alquiler alcanzó los 11,4 euros por metro cuadrado en febrero, un 8,6% más que el año anterior. En el caso de la vivienda en propiedad, el incremento es aún más acusado, con un precio medio de 2.208 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida interanual del 14,2%.
Estas cifras contrastan con el precio medio de los alquileres públicos, situado en torno a los 4 euros por metro cuadrado durante 2025. La brecha entre ambos mercados evidencia una dualidad creciente: por un lado, un sistema público con precios ajustados en función de la renta —con límites que evitan que las familias vulnerables paguen más del 20% de sus ingresos— y, por otro, un mercado libre cada vez más inaccesible para amplias capas de la población.
De hecho, el 60% de los inquilinos de vivienda pública necesita ayudas o subvenciones para poder afrontar el pago del alquiler. A este escenario se suma el impulso anunciado por el Gobierno de Aragón, que contempla la construcción de cerca de 500 viviendas en Zaragoza y más de un centenar en municipios cercanos como Figueruelas, Utebo y Alagón.
Esta iniciativa se enmarca en una estrategia política orientada a reforzar la imagen de gestión en materia de vivienda en un momento de alta sensibilidad social. No obstante, desde la oposición se cuestiona tanto el alcance como el enfoque de estas políticas.
CRÍTICAS DESDE EL PSOE
El Partido Socialista sostiene que el modelo actual prioriza la colaboración con operadores privados y la lógica del mercado, en detrimento de una intervención pública más ambiciosa. En este sentido, reclama un cambio de estrategia que sitúe la vivienda pública como eje central de la acción de gobierno, con el objetivo de garantizar el acceso en condiciones asequibles tanto en entornos urbanos como rurales. El debate se intensifica al analizar otras decisiones urbanísticas recientes.
En 2025, el Ayuntamiento ha acelerado la venta de suelos municipales, con operaciones que superan los 26 millones de euros y previsiones de alcanzar hasta 76 millones si se completan todas las licitaciones previstas. Una parte significativa de estos terrenos se destina a promociones residenciales de gama alta, incluyendo chalés y viviendas de lujo en zonas como Montecanal o Vía Hispanidad.
Este giro ha generado críticas por parte de colectivos vecinales y partidos de la oposición, que denuncian un desequilibrio entre la promoción de vivienda libre y la escasez de Viviendas de Protección Oficial (VPO). En algunos desarrollos, como el de Montecanal, la proporción entre vivienda protegida y libre resulta claramente desigual, lo que alimenta la percepción de que las prioridades municipales no están alineadas con las necesidades sociales.
El caso de los terrenos de Alumalsa, en el barrio de San José, se ha convertido en uno de los ejemplos más controvertidos. La decisión de destinar parcelas a la construcción de viviendas de lujo, incluyendo una torre de 15 plantas, ha sido recibida con rechazo por parte de vecinos que reclamaban equipamientos públicos o más vivienda asequible.
Para estos colectivos, este tipo de operaciones contribuye a la especulación y agrava las dificultades de acceso a la vivienda. El Ayuntamiento defiende que la venta de suelo permite financiar infraestructuras y proyectos urbanos en otras zonas de la ciudad, así como dinamizar la actividad económica. Sin embargo, sus detractores consideran que esta estrategia puede tener efectos contraproducentes a medio plazo, al consolidar un modelo de crecimiento que no garantiza el equilibrio social.
