Redeia ha sido castigada con una bajada en su rating crediticio de S&P, pasando de A- a la categoría BBB+. Según el último informe de la agencia de calificación crediticia, este descenso está justificado por una regulación poco competitiva respecto al resto de operadores (TSO´s) europeos, que retrasa la entrada de los ingresos reconocidos en base a sus inversiones.
La regulación de Redeia es un freno al inversor
Este descenso es un aviso de que la regulación que afecta a Redeia supone más palos a la rueda para los planes de la compañía, que un elemento facilitador de la misma. En este sentido, Redeia tiene previsto un alto gasto en inversiones (capex) en el rango 2026-2029 de 6.000 millones de euros; casi 1.500-1.600 millones al año.
Esta noticia puede parecer positiva a priori, ya que Redeia se basa en negocios regulados, que siguen la lógica de a más inversión, más retribución; pero según apunta el informe, la regulación tiene trampa. S&P señala que los ingresos de estas inversiones se reconocen con retraso, debido a que los activos entran en la RAB (base de activos regulados) solo cuando terminan; sumado a que hay un retraso adicional de 2 años para recibir la remuneración correspondientes.
A esta dinámica se suma además un marco regulatorio que, según la agencia, sigue presentando debilidades estructurales. Entre ellas destaca la ausencia de indexación a la inflación, lo que reduce la capacidad de la compañía para trasladar el incremento de costes a la retribución regulada.
Por otro lado, a pesar de que el último marco de remuneración aprobado para el periodo 2026-2031 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) introduce algunas mejoras, estas no suficientes para compensar el fuerte aumento de las inversiones necesarias para la transición energética. En concreto, el regulador elevó la tasa de remuneración financiera hasta el 6,58% en términos nominales antes de impuestos, aproximadamente 100 puntos básicos más que en el periodo anterior, en gran parte como reflejo del aumento de los tipos libres de riesgo.
Sin embargo, estas mejoras se ven parcialmente compensadas por decisiones menos favorables para la compañía. Entre ellas, un recorte del 13% en la remuneración del gasto operativo (opex), equivalente a unos 60 millones de euros, que obliga a la empresa a ganar eficiencia para preservar sus márgenes. Actualmente, el negocio de transporte eléctrico doméstico de la compañía presenta un margen EBITDA cercano al 70%.
El nuevo plan de Redeia contempla una inversión de 6.000 millones para redes
El efecto combinado de estas medidas regulatorias y del fuerte esfuerzo inversor tendrá un impacto directo en las métricas financieras del grupo. En este sentido, S&P prevé que la deuda ajustada neta de la compañía aumente en torno a 3.000 millones de euros durante el plan estratégico, hasta situarse cerca de los 8.700 millones en 2029.
Al mismo tiempo, el crecimiento del flujo de caja operativo será más lento de lo esperado. La agencia estima que la ratio de fondos procedentes de operaciones (FFO) sobre deuda (uno de los indicadores clave para la calificación crediticia) se reducirá hasta el entorno del 14% desde niveles superiores al 17% registrados durante los últimos cinco años.
Unos ingresos que no llegan
Parte de esta presión se explica porque buena parte de las inversiones actuales no empezarán a generar ingresos hasta la segunda mitad del plan estratégico. De hecho, el crecimiento de los beneficios y del flujo de caja se concentrará previsiblemente a partir de 2028, cuando varios proyectos relevantes comiencen a incorporarse a la base de activos regulados.
Entre ellos destacan infraestructuras clave para el sistema eléctrico español, como la interconexión eléctrica del Golfo de Vizcaya o el proyecto hidroeléctrico de Salto de Chira, en Canarias. Estas iniciativas forman parte del refuerzo de la red de transporte necesario para integrar renovables y mejorar la resiliencia del sistema.
Además, el grupo cuenta con importantes activos en construcción que todavía no generan ingresos. S&P calcula que el volumen de inversiones en curso podría alcanzar los 2.400 millones de euros en 2029. Dentro de estas cifras, una parte relevante corresponde al proyecto de interconexión entre la península y Baleares, valorado en torno a 2.000 millones, que no empezará a generar caja hasta, como muy pronto, el final del periodo regulatorio.
Para sostener económicamente este plan inversor, la compañía combinará distintas fuentes de financiación. Según las estimaciones de la agencia, Redeia prevé generar cerca de 4.900 millones de euros de flujo de caja operativo en el periodo 2026-2029, a lo que se sumarán entre 1.000 y 1.300 millones en subvenciones europeas.
El grupo también planea emitir alrededor de 1.500 millones en instrumentos híbridos y aumentar su deuda en unos 3.000 millones adicionales. Todo ello permitirá financiar tanto las inversiones como el pago de dividendos, que rondarán los 2.000 millones acumulados durante el periodo.
No obstante, a pesar de estas presiones, S&P mantiene una perspectiva estable para la compañía. La agencia considera que el perfil de negocio de Redeia sigue siendo sólido gracias al carácter regulado de su actividad principal y a su posición como operador del sistema eléctrico español a través de Red Eléctrica de España.
Además, la compañía ha reforzado su enfoque en el negocio de transporte eléctrico tras desprenderse en 2025 de su participación mayoritaria en Hispasat, una operación que simplifica su estructura y aumenta el peso de los ingresos regulados dentro del grupo.
Aún así el mensaje es claro: el crecimiento de Redeia en los próximos años dependerá en gran medida de su capacidad para ejecutar su ambicioso plan inversor dentro de un marco regulatorio que, por ahora, continúa siendo menos favorable que el de otros operadores europeos. Por lo que por el momento habrá que estar a la espera y ver si este plan de la compañía es coherente con su regulación, o de lo contrario vuelve a jugar en contra de los intereses de la empresa.
