Las elecciones autonómicas de Castilla y León de este domingo llegan con un escenario político abierto. El actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, parte como favorito para repetir mandato tras años de dominio del Partido Popular en la comunidad.
Sin embargo, el candidato socialista, Carlos Martínez, intenta disputar la victoria electoral al frente del PSOE en una campaña marcada por el debate sobre la vivienda y por varios escándalos que han salpicado al entorno del presidente autonómico.
A lo largo de la campaña, la oposición ha recuperado distintos episodios polémicos que, aunque en algunos casos se remontan a años atrás o no derivaron en condenas judiciales, han vuelto a situarse en el foco político. Entre ellos destacan decisiones urbanísticas relacionadas con terrenos vinculados a la familia de Mañueco, la gestión de viviendas protegidas y varios casos de presuntas irregularidades en la política regional.
Uno de los episodios más antiguos que reaparecen en el debate político se remonta a 2006. En aquel momento, el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Salamanca denunció que el gobierno local del Partido Popular aprobó la recalificación de un terreno protegido para convertirlo en suelo urbanizable.
Parte de esos terrenos pertenecía a familiares de Mañueco, que entonces ocupaba el cargo de consejero de Presidencia de la Junta. La polémica surgió porque, un año antes, técnicos municipales habían considerado ese espacio un enclave de valor paisajístico y desaconsejaron modificar su protección urbanística.
Pese a ese criterio, el nuevo plan general de ordenación urbana terminó aprobando la recalificación, lo que provocó críticas de la oposición, que interpretó la operación como un posible pelotazo urbanístico. Los socialistas sostuvieron que la familia del dirigente popular tenía una participación relevante en esos terrenos y que el cambio de clasificación podía generar importantes beneficios económicos.
Desde el entorno de Mañueco se rechazaron esas acusaciones y se explicó que la propiedad familiar representaba solo una pequeña parte del total de suelo recalificado, además de tratarse de una explotación agrícola heredada. El entonces consejero defendió que la operación afectaba a numerosos propietarios, incluidos algunos vinculados al PSOE, y negó cualquier trato de favor.
Finalmente, el caso no derivó en responsabilidades penales ni en condenas judiciales, pero el episodio dejó un precedente político que todavía hoy aparece en el debate electoral.
VPO
Otro asunto que ha vuelto a la actualidad en plena campaña es la decisión de la Junta de Castilla y León de permitir la desclasificación de un grupo de viviendas de protección oficial en Valladolid. Estas viviendas, construidas hace dos décadas en el barrio de Villa de Prado, habían sido adquiridas en su momento por numerosos familiares de altos cargos del Partido Popular. La descalificación permite que esas viviendas dejen de estar sometidas al régimen de protección pública, lo que abre la puerta a su venta o uso en el mercado libre.
La Junta ha defendido que el proceso se ha realizado siguiendo la normativa vigente y respaldado por informes técnicos. Sin embargo, el debate jurídico ha surgido por el marco legal utilizado para justificar la decisión. La Consejería de Vivienda se ha apoyado en una normativa estatal aprobada en 1968, mientras que la legislación autonómica posterior, de 2010, establece que este tipo de liberaciones debería contar con el aval del ayuntamiento correspondiente.
Desde el Gobierno autonómico se ha argumentado que la norma estatal continúa vigente y que, por tanto, puede aplicarse en estos casos. Pero la oposición considera que esta interpretación permite favorecer la conversión de viviendas protegidas en activos inmobiliarios con mayor valor de mercado.
A esta polémica se suma otra información publicada ayer por el diario El País, que señala posibles irregularidades en el alquiler de viviendas protegidas en Valladolid y su área metropolitana. Según ese reportaje, 351 beneficiarios de VPO estarían pagando cuotas superiores al máximo legal establecido para este tipo de viviendas. El problema se originaría en un error en el cálculo del precio del alquiler aplicado durante años por la administración autonómica.
Funcionarios del departamento de vivienda habrían advertido de estas anomalías en informes internos. En algunos casos, los inquilinos estarían pagando incrementos que oscilan entre el 15% y el 30% por encima del límite legal. Además, algunos contratos incluyen el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles por parte de los arrendatarios, pese a que ese coste debería corresponder al promotor.
El problema afectaría a centenares de viviendas en la provincia de Valladolid y se habría mantenido durante años sin que se adoptaran medidas correctoras, según la información publicada.
