El Gobierno Vasco prevé aprobar después del verano un nuevo seguro público para propietarios que alquilen viviendas en zonas tensionadas. El programa, denominado Alokaplus, cubrirá el posible impago de rentas, suministros y posibles desperfectos y estará dirigido a pequeños arrendadores con un máximo de cinco viviendas.
La iniciativa pretende incentivar que los propietarios saquen más pisos al mercado del alquiler mediante un sistema de garantías públicas que reduzca el miedo a los impagos, que es uno de los argumentos recurrentes en el debate político sobre la vivienda gracias al aliento de varias televisiones privadas, grandes compañías de seguros y partidos políticos como PP y Vox.
Según el Ejecutivo autonómico, el objetivo es aumentar la oferta disponible en los municipios donde la presión del mercado es mayor. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso, explicó hace unos días en el Parlamento Vasco que la medida busca ofrecer una protección más completa que los mecanismos existentes hasta ahora.
El seguro público cubrirá el pago de rentas, suministros y desperfectos en los casos de impago, con una particularidad relevante: la garantía se activará desde el momento en que el juzgado admita la demanda, y no cuando el procedimiento esté suspendido, como ocurre en otros sistemas de cobertura.
Se garantizará el pago de la renta, los suministros y los desperfectos desde un momento significativamente más temprano: el auto de admisión de la demanda», explicó el Gobierno Vasco en la documentación del programa. La cobertura tendrá un límite máximo de 14 mensualidades, que podrá ampliarse hasta 20 en determinados supuestos, como en el caso de jóvenes menores de 36 años, mayores de 65, familias con menores a cargo o personas con discapacidad.
El programa estará dirigido a pequeños propietarios que alquilen viviendas en municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado y que acepten determinadas condiciones. Entre ellas figura que el precio del alquiler se sitúe dentro de la horquilla marcada por el índice de referencia de precios.
Además, los arrendadores que se adhieran al sistema no podrán exigir más de una mensualidad de fianza, ya que el seguro público sustituirá los avales adicionales que a menudo se piden para cubrir posibles impagos.
OTRAS HERRAMIENTAS DEL GOBIERNO VASCO
La medida se sumará a otros instrumentos ya existentes en la política de vivienda del Gobierno Vasco. Uno de ellos es el programa Bizigune, mediante el cual la administración gestiona actualmente unas 7.500 viviendas de propietarios privados destinadas al alquiler social.
En este modelo, el Ejecutivo garantiza los ingresos del propietario mediante un canon que abona directamente y se compromete a devolver el inmueble en buen estado una vez finalizado el contrato. En municipios tensionados, ese canon puede alcanzar hasta el 95% de la renta media del mercado del alquiler.
La parlamentaria socialista Aroa Jilete subrayó durante el debate parlamentario que más del 50% de la población vasca vive ya en alguno de los 14 municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado. A su juicio, este dato demuestra que la herramienta «está funcionando y consolidándose».
El Departamento de Vivienda considera que el nuevo seguro público puede contribuir a ampliar el número de viviendas disponibles en alquiler en estos municipios, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales.
El programa pretende facilitar el acceso a la vivienda para colectivos que encuentran mayores dificultades para firmar contratos de arrendamiento, buscando garantizar que las personas con menos recursos o en situaciones más vulnerables puedan acceder a un hogar digno.
Entre estos colectivos se incluyen los jóvenes, que a menudo se enfrentan a salarios bajos y a la falta de garantías suficientes para alquilar; las familias monoparentales, que deben asumir solas los costes del alquiler y los gastos asociados; las familias con menores a cargo, que necesitan un espacio adecuado para la crianza y la educación de los hijos; y las personas con discapacidad, que pueden encontrar barreras económicas o administrativas a la hora de firmar un contrato de arrendamiento.
