Esta es la principal conclusión del último informe de la Agencia Internacional de la Energía, pues a pesar de haberse dado un descenso de las facturas energéticas desde el pico de precios por la crisis energética de 2022, estas siguen siendo un 4% más caras que en 2019. La presión ha disminuido, pero no ha desaparecido. Y para millones de hogares, especialmente los más vulnerables, la energía sigue compitiendo directamente con el gasto en alimentación y vivienda.
Una «era de la electricidad» muy cara
La AIE subraya que el mundo ha entrado en lo que denomina la “era de la electricidad”. En el año 2000, la electricidad representaba alrededor del 26% del gasto energético de los hogares; en 2024 supera el 31% a nivel global y alcanza el 40% en economías avanzadas. Dentro de este porcentaje está el crecimiento de electrodomésticos, la climatización y la electrificación del transporte y la calefacción que están desplazando progresivamente el peso del gas y el petróleo.
Este cambio tiene implicaciones profundas. Mientras que los combustibles fósiles presentan una elevada volatilidad de precios, las tarifas eléctricas dependen en gran medida del diseño regulatorio, los costes de red y la estructura fiscal. Y más allá de que parezca una ventaja, este fenómeno tiene truco ya que en algunos países europeos, los impuestos y cargos pueden representar hasta la mitad de la factura eléctrica; mientras que en otros como las economías emergentes, los gobiernos mantienen subsidios para contener el impacto social, lo que genera tensiones fiscales y limita la inversión en infraestructuras.
Un impacto desigual: los hogares vulnerables, los más expuestos
La dimensión más crítica del informe es la desigualdad. En las economías avanzadas, el 10% de los hogares con menores ingresos destina en promedio un 22% de su renta a energía, más del doble que un hogar medio. Más de 120 millones de hogares gastan más del 10% de sus ingresos solo en energía residencial, umbral habitualmente utilizado para identificar situaciones de pobreza energética.
Durante el punto álgido de la crisis energética 2022, esa proporción llegó a situarse en torno al 25% para los hogares más vulnerables. Aunque la presión ha disminuido, la distribución del esfuerzo económico apenas ha cambiado desde 2019: la desigualdad energética persiste.
En las economías emergentes y en desarrollo, el problema adquiere otra dimensión. No se trata únicamente de cuánto se paga, sino de quién puede acceder. Alrededor de 730 millones de personas en el mundo carecen todavía de electricidad y cerca de 2.000 millones no disponen de sistemas de cocina limpia. En África subsahariana, la AIE estima que el 40% de la población sin acceso no podría costear siquiera un nivel básico de suministro eléctrico
El informe también subraya las consecuencias sociales y sanitarias de la falta de energía asequible. La imposibilidad de mantener los hogares adecuadamente calefactados o refrigerados tiene efectos directos sobre la salud. La exposición al frío sigue siendo una de las principales causas de mortalidad asociada a temperaturas extremas, mientras que las olas de calor intensificadas por el cambio climático agravan la vulnerabilidad en regiones donde el acceso a sistemas de refrigeración es limitado.
Invertir en eficiencia energética aparece como una de las soluciones estructurales más eficaces. Mejorar el aislamiento de las viviendas y promover electrodomésticos más eficientes puede reducir de forma permanente las facturas. Sin embargo, el informe advierte de que menos de la mitad del gasto público en rehabilitación energética está específicamente dirigido a los hogares de bajos ingresos, que son precisamente los que más lo necesitan.
Políticas en marcha, pero con desafíos
En 2025, más de 120 nuevas políticas de demanda orientadas a mejorar la asequibilidad energética fueron adoptadas en 45 países. No obstante, solo un tercio de ellas están claramente focalizadas en los hogares vulnerables. Según la AIE , las medidas generalizadas, como reducciones fiscales amplias, tienden a beneficiar en mayor medida a los consumidores con mayor nivel de gasto.
La conclusión del organismo es clara: mejorar la asequibilidad energética requiere combinar inversiones en infraestructuras y energías renovables con políticas sociales mejor diseñadas y mecanismos de apoyo selectivos. De lo contrario, la transición energética corre el riesgo de profundizar desigualdades ya existentes.
