Después de más de dos décadas en la misma empresa, uno suele pensar que ya forma parte del paisaje. Que conoce a los clientes, las rutas, los ritmos del trabajo… incluso esos pequeños detalles que solo se aprenden con el tiempo. Por eso un despido, cuando llega después de tantos años, no es solo un trámite laboral: es un terremoto personal.
Eso es, más o menos, lo que le ocurrió a un visitador médico gallego cuya historia terminó llegando hasta el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y cuando el tribunal habló, lo hizo con bastante claridad: el despido no estaba justificado. Ahora la empresa tiene dos opciones sobre la mesa: readmitirlo en su puesto o pagarle una indemnización de 118.256,51 euros. No hay mucho más margen que ese.
El trabajador había comenzado en la empresa en 2003, promocionando productos cosméticos entre profesionales sanitarios. Su trabajo era el clásico de este sector: visitar consultas, hablar con médicos, presentar productos, tomar notas, preparar informes y pasar muchas horas en carretera.
Un trabajo bastante autónomo, por cierto.
Su salario mensual rondaba los 4.995 euros, una cantidad que reflejaba tanto la antigüedad como la responsabilidad acumulada con los años.
Una baja médica que cambió el rumbo de todo
Las cosas empezaron a torcerse a principios de 2024. En enero, el trabajador tuvo que coger una baja médica por una patología hepatobiliar, un problema de salud que lo obligó a parar durante varias semanas.
Tras recuperarse, volvió al trabajo en marzo. En teoría, todo debía continuar con normalidad. Pero algo había cambiado dentro de la empresa.
La dirección decidió comprobar con más detalle cómo estaba desarrollando su actividad. Y para hacerlo tomó una decisión que parece sacada de una película: contratar a un detective privado para seguirlo durante su jornada laboral.
Un detective siguiendo la jornada laboral
Durante varios días de mayo de 2024, el detective siguió al trabajador para comprobar cómo organizaba sus visitas comerciales.
Los informes resultantes no dejaron a la empresa demasiado satisfecha.
En uno de los días analizados, el visitador tenía 12 visitas programadas, pero según el seguimiento solo habría trabajado alrededor de hora y media.
En otra jornada, el investigador señaló que pasó unos 40 minutos en una cafetería sin realizar ninguna visita profesional.
Y en un tercer día observado, el tiempo de trabajo efectivo apenas superó una hora, sin contar desplazamientos.
Con esos datos sobre la mesa, la empresa decidió actuar.
En junio de 2024 comunicó al trabajador su despido disciplinario, argumentando una pérdida de confianza y una supuesta disminución voluntaria del rendimiento.
Pero la historia no terminó ahí. Ni mucho menos.
Cuando el trabajo no se mide con un reloj
El caso terminó en los tribunales. Primero en el Juzgado de lo Social de Pontevedra y después en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Durante el proceso se reconoció algo importante: el trabajador había incluido algunos datos inexactos en sus informes, mencionando visitas que en realidad no había realizado.
Pero los magistrados consideraron que eso no era suficiente para justificar un despido.
La razón principal tenía que ver con algo que cualquiera que conozca ese sector sabe bien: el trabajo de un visitador médico no funciona con un horario rígido de oficina.
No se trata de fichar a una hora concreta y salir ocho horas después. Es un trabajo flexible, donde los tiempos dependen de las citas, los desplazamientos, las esperas en consulta y la organización personal.
Por eso el tribunal subrayó una idea bastante lógica: en este tipo de profesiones lo importante no es tanto cuántas horas se trabajan cada día, sino los resultados obtenidos.
Y según la sentencia, la empresa no logró demostrar que hubiera una conducta tan grave o un abuso de confianza que justificara un despido disciplinario.
Una decisión clara del tribunal.
Al final, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia zanjó el asunto con bastante claridad: rechazó el recurso de la empresa y confirmó la sentencia que ya había dictado el juzgado en primera instancia.
Ahora la pelota está en el tejado de la compañía. Sobre el papel la decisión parece sencilla, aunque en la práctica seguramente no lo sea tanto: o readmite al trabajador en su puesto, en las mismas condiciones que tenía antes del despido, o asume el pago de una indemnización de 118.256,51 euros. Dos caminos posibles… y ninguno especialmente cómodo.
