En Fitero son días de gran preocupación. Con algo más de 2.400 habitantes y conocido por su patrimonio histórico y natural, el municipio perteneciente a la Ribera de Navarra vive ahora pendiente de lo que ocurre en una manzana levantada hace algo más de dos décadas.
Allí, donde durante años han vivido familias trabajadoras, personas mayores y niños que han crecido en el barrio, el primer desahucio ejecutado esta semana ha encendido todas las alarmas. El desalojo se produjo anteayer y ha marcado un antes y un después para los vecinos. La familia afectada tuvo que abandonar la vivienda con cuatro hijos menores de edad, dos de ellos menores de diez años.
La escena dejó una profunda huella entre quienes viven en las casas colindantes, muchos de los cuales temen que lo ocurrido sea solo el inicio de una cadena de desalojos que podría alcanzar hasta 19 viviendas en las calles Peña Hitero y Ruiz de Mendoza.
En ese angustioso contexto vive Patricia Alvero, que es una de las vecinas de la manzana. Lleva casi dos décadas residiendo allí y reconoce que la jornada del desahucio fue especialmente dura para todo el vecindario. «El desahucio de ayer (por el miércoles) fue algo muy doloroso para todos», explica. «Todos teníamos el corazón encogido y no sabíamos qué hacer ante esta situación», añade a MERCA2.es.
El desalojo no se vivió como un problema ajeno. Para muchas de las familias que residen en la zona, la imagen de esa vivienda vacía se convirtió en un recordatorio inmediato de que todos pueden ser los siguientes. «Todos estamos en esta misma situación», señala Alvero, que recuerda que desde hace años reciben comunicaciones que les exigen abandonar las casas o para reclamarles supuestas deudas.
«Llevan años coaccionándonos con burofax, diciéndonos que nos tenemos que marchar, que debemos cantidades de dinero que no son verdad», afirma. Según su testimonio, los vecinos han tenido que responder en repetidas ocasiones a esas reclamaciones para demostrar que los pagos estaban al día o que las cantidades exigidas no se correspondían con lo pactado.
La incertidumbre se extiende ahora por todo el barrio. La posibilidad de que hasta 19 viviendas puedan verse afectadas mantiene a muchas familias en vilo. «Llevo 18 años aquí y prácticamente más de la mitad del tiempo he vivido con miedo de que vengan un día y me echen», relata. Ese temor, asegura, es compartido por muchos de sus vecinos: familias monoparentales, hogares numerosos, personas mayores o trabajadores con recursos limitados.
«Ese miedo lo provocan ellos y lo tenemos todas las familias que vivimos aquí», añade. Tras el desahucio de esta semana, ese sentimiento se ha intensificado. «Ese miedo se hizo real ayer para todas las familias que vivimos aquí».
Las viviendas en cuestión nacieron como promociones de protección oficial en régimen especial para alquiler. En el contrato de Alvero, de hecho, todavía figura esa condición. Sin embargo, con el paso del tiempo la propiedad fue cambiando de manos, en vez de seguir bajo los dictámenes públicos, y terminó en manos de fondos de inversión.«En un principio cuando yo entré las viviendas eran de Cogremasa, pero después han ido pasando por diversos fondos buitre», explica.
Ese recorrido empresarial ha sido uno de los factores que, según los vecinos, ha generado más inseguridad. Cada cambio de propiedad ha traído nuevas condiciones y una mayor distancia entre quienes viven en las casas y quienes las gestionan.
«Al ser un fondo buitre difícil de contactar nosotros no podemos comunicarnos con los dueños», explica Alvero. La única vía de contacto ha sido, según relata, a través de una empresa gestora. «La única manera hasta ahora es llamar a la empresa gestora Altamira, pero nunca contestan», denuncia.
Incluso, asegura, las administraciones han reconocido dificultades para contactar con los propietarios. «La respuesta del Departamento de Vivienda de Gobierno de Navarra es que a ellos les pasa igual, que no encuentran la manera de comunicarse con ellos».
En paralelo, los vecinos aseguran haber denunciado durante años situaciones que consideran irregulares. «El Departamento de Vivienda es conocedor de estas ‘coacciones’, es conocedor de alquileres que cobran de más y de muchas más situaciones delicadas», afirma Alvero.
Según explica, algunos residentes han presentado instancias y reclamaciones, aunque muchas de ellas nunca obtuvieron respuesta.
SITUACIÓN DELICADA TRAS LA RETIRADA DE LA AYUDA DE GOBIERNO DE NAVARRA
Otro de los elementos que, según las familias, ha agravado la situación ha sido la pérdida de parte de las ayudas públicas al alquiler del Gobierno foral. Durante un tiempo, una parte de las rentas estaba cubierta por esas subvenciones, lo que permitía a algunos hogares afrontar el pago mensual. «La última vez que hablé con ellos me dijeron que ya no podían hacer nada», explica Alvero.
La repentina desaparición de ese apoyo ha dejado a varias familias en una situación mucho más frágil. En el caso de Alvero, la sensación es que las decisiones se han ido tomando sin que los vecinos recibieran información clara sobre lo que estaba ocurriendo con las viviendas. «Queremos respuestas, que nos informen de las cosas, porque que las casas dejaran de ser de protección nadie nos lo comunicó», señala.
La falta de información llega incluso a algo tan básico como saber quién es el propietario real de los edificios. «A día de hoy no sabemos ni quién es el dueño real», asegura. Mientras tanto, el clima en el barrio es de tristeza y preocupación. «Los vecinos y vecinas del barrio estamos con una gran tristeza y una sensación cada vez más grande de abandono», resume Alvero. Aun así, muchas familias siguen resistiendo porque no tienen alternativa. «Si seguimos aguantando es porque no tenemos dónde ir». Desde el ámbito institucional, el Ayuntamiento de Fitero ya se ha puesto en contacto con el Gobierno de Navarra para reclamar apoyo y soluciones para las familias afectadas.
El temor del vecindario es que el desahucio de esta semana no sea un caso aislado, sino el primero de una serie. En palabras de Patricia Alvero, lo que está en juego no es solo un conflicto administrativo o judicial. «Un hogar es la base de la estabilidad de las personas y en este momento la base de 18 familias está pendiente de un hilo», concluye.
